La empresa fabricante de las pistolas de electrochoque Taser afronta otra demanda por la problemas de seguridad del producto, esta vez presentada por un jefe de policía de Hallsville, Missouri. Jacob Herring demandó a la compañía con el argumento de que quedó gravemente lesionado tras recibir el impacto de un arma Taser durante entrenamiento. Herring […]
La empresa fabricante de las pistolas de electrochoque Taser afronta otra demanda por la problemas de seguridad del producto, esta vez presentada por un jefe de policía de Hallsville, Missouri. Jacob Herring demandó a la compañía con el argumento de que quedó gravemente lesionado tras recibir el impacto de un arma Taser durante entrenamiento. Herring alega que sufrió por lo menos dos infartos, deterioro de vista y oído, daño neurológico, una herida en la cabeza y «severo daño cardíaco» luego de recibir el impacto de una pistola Taser M26 durante una clase el año pasado. Taser ya ha recibido 14 demandas desde 2003 por parte de policías que dicen haber sido heridos en entrenamientos.
En España, tras el homicidio de Roquetas, en el que un detenido murió tras ser golpeado, entre otras armas, por una porra de electrochoque, la polémica por el uso de estas armas continúa. El director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, expresó la «gran preocupación» de la organización por la posibilidad de que la muerte de Juan Martínez Galdeano se haya debido al «uso excesivo de la fuerza y los malos tratos». Al mismo tiempo, ha pedido la suspensión de las armas «taser» que se usan el algunas Policías Locales de Canarias, Espartinas (Sevilla) y Xivert (Castellón) y las unidades de intervención especial de la Guardia Civil. Beltrán dijo que la secretaria general de AI, Irene Khan, ha enviado al ministro del Interior, José Antonio Alonso, una larga carta en la que pide «una investigación completa, exhaustiva e independiente».
Respecto a estas armas, dijo que deben ser suspendidas hasta que no haya una investigación sobre el impacto que se produce en la persona que recibe la descarta, y recordó que en EE.UU murieron en el año 2001 más de cien personas debido al uso de estas porras. Reveló que antes de lo ocurrido en Roquetas ya hubo un intercambio de correspondencia sobre el uso de estas armas y que el ministro confirmó el pasado día 26 de febrero que la Guardia Civil no las utiliza de forma oficial y el 26 de abril en otra misiva se indicó que «vistos los riesgos no eran consideradas apropiadas» . A juicio de Beltrán, lo ocurrido en el cuartel de Roquetas, un suceso sobre el que Amnistía lleva dos semanas investigando, demuestra que hay guardias civiles que las usan y por lo tanto «se debe suspender su utilización» .
En contrapartida, la página web www.guardiasciviles.com , portavoz no- oficial de los miembros más rancios y conservadores de la Guardia Civil, se sigue justificando el uso de esta arma , a la que consideran como «no letal». La diferencia de criterio entre la policía española y la de EEUU es que en muchas ocasiones, los miembros de la policía norteamericana para valorar el uso de las pistolas y porras de electrochoque deben sufrir ellos mismos sus descargas (eso sí al mínimo de su potencia)