Arranca una investigación que traerá cola. El juzgado de instrucción 4 de Barcelona ha decidido abrir diligencias contra toda la cadena de mando policial que participó de las violentas cargas policiales el 27 de mayo en la plaza de Catalunya. Ese día más de 300 policías participaron de un macrooperativo para desalojar la acampada del […]
Arranca una investigación que traerá cola. El juzgado de instrucción 4 de Barcelona ha decidido abrir diligencias contra toda la cadena de mando policial que participó de las violentas cargas policiales el 27 de mayo en la plaza de Catalunya. Ese día más de 300 policías participaron de un macrooperativo para desalojar la acampada del movimiento 15-M ubicada en el centro de Barcelona, con la excusa oficial de limpiar toda la zona de cara a la futura celebración de la victoria del Barça en la Champions. El magistrado José María Miquel Porres ha acordado en un auto fechado el 1 de diciembre, la aceptación a trámite de la querella que presentaron 55 personas afectadas por esas cargas, 48 de las cuales ya han pasado a declarar por sede judicial para ratificar su voluntad de continuar con el procedimiento penal por aquellos hechos. En el relato de hechos el juez recuerda que durante las cargas se tuvieron que lamentar un centenar de personas heridas y numerosos objetos personales desaparecieron o fueron destruidos por los servicios de limpieza comandados por el Ayuntamiento de Barcelona.
Toda la cadena de mando
El magistrado entiende que toda la cadena de mando policial es la responsable de aquellos hechos, y por eso menciona a Felip Puig (consejero de Interior), Manel Prat (Director General de la Policía), Antonio Antolín (intendente de la región metropolitana de Barcelona), David Bordas (subinspector de la Brigada Móvil) y Assumpta Escarp (concejala de seguridad y movilidad del PSC en el gobierno de Jordi Hereu). La investigación judicial, irá dirigida hacia todos ellos con la excepción de la figura del consejero Puig, ya que al tratarse de un diputado goza de la condición de aforado y ello fuerza que en su caso sea el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que la investigue. Por lo tanto, Prat, Antolín, Bordas y Escarp, así como otros mandos que en el momento procesal oportuno sean identificados como coautores de delitos penales deberán testificar en sede judicial. Habrá que ver la calidad y la cantidad de preceptos penales que tendrán que afrontar, pero la mayoría se encontrarán encuadrados en el capítulo de vulneración de derechos fundamentales. Los querellantes piden la encausamiento de todos ellos por hasta once delitos y faltas: prohibición y disolución de una reunión pacífica, detención ilegal, coacciones, amenazas, delito contra la integridad moral, vejaciones, prevaricación, lesiones, daños, apropiación indebida y hurto.