El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a preservar dos de los cuatro cuadrantes de la fosa común de la Sección Séptima del Cementerio General, «donde fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo, con el fin de que se lleven a cabo las tareas de investigación y […]
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a preservar dos de los cuatro cuadrantes de la fosa común de la Sección Séptima del Cementerio General, «donde fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo, con el fin de que se lleven a cabo las tareas de investigación y restitución de la memoria de las víctimas», según se lee en el fallo.
La sentencia da la razón al recurso presentado por el Fòrum per la Memòria del País Valencià contra la construcción de un millar de nichos sobre dicha tumba colectiva, condena al consistorio que preside Rita Barberá a «renunciar a la edificación de nichos, edificaciones y movimientos de tierra» en ambos cuadrantes, tal y como reclamaba el Fòrum.
«El Gobierno municipal perdió hace meses, frente a la opinión ciudadana, su cruzada contra la Memoria y la dignidad de los muertos, ahora ha perdido ante los tribunales de Justicia toda autoridad sobre las secciones de las Fosas Comunes en litigio», aseguró la organización de derechos humanos.
Las obras en el cementerio fueron suspendidas cautelarmente, a instancia del Fòrum por el Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo en mayo de este año, dando lugar a un lamentable y macabro espectáculo por parte del Ayuntamiento y su intransigente cerrazón a respetar la memoria de las víctimas, que incluyó un siniestro movimiento de restos humanos y tierras, que ilegalmente se trasladaron a Sagunto para ser utilizados para obras de regeneración de la muralla del Castillo.
La falta de sensibilidad que demostró el gobierno de Rita Barberá ante las peticiones de honrar la dignidad de los perdedores en este año de la Memoria y aniversarios históricos de la República, su indigna conducta y oídos sordos a las peticiones de la ciudadanía y los grupos de la oposición, hizo que tuviera que retractarse de hecho de sus actuaciones y, perdir perdón por vez primera por su ilegal e ilegítima actuación con los restos removidos de esta Fosa; ahora el fallo de los tribunales le obliga con su Sentencia a cumplir lo que no quiso hacer por dignidad democrática y respeto para con la Memoria.
Un fallo pionero
Además, condena al ayuntamiento a permitir «una investigación completa rigurosa y sometida a las exigencias legales, incluyendo actuaciones arqueológicas o forenses para poner a disposición de la sociedad y las familias los resultados a efectos de posibles ulteriores reclamaciones en relación a los derechos de las victimas». Este punto que autoriza la excavación arqueológica supone, según la presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, que un tribunal «autoriza por primera vez en España la investigación de las fosas comunes con represaliados del franquismo».
La juez concluye que, tras las pruebas practicadas durante la vista, aún existen restos humanos en ambos cuadrantes de personas que «fueron ejecutadas o fallecieron por causas traumáticas como consecuencia de la represión franquista».
La magistrada relata que no puede afirmarse con seguridad, «por no constar documentalmente, que no existan restos» de las 5.039 personas enterradas en ambos cuadrantes entre el 1 de abril de 1939 y el 27 de febrero de 1940. Pese a que el equipo de Gobierno del PP y la propia Barberá han negado públicamente la existencia en la fosa de restos de personas enterradas en la posguerra, el jefe de Servicios del consistorio, José Luís Cámara, declaró en la vista que «no hay constancia documental» de que dichas personas «ya no estén allí enterradas» y que la fosa «nunca se ha vaciado toda».
La juez también obliga al ayuntamiento a que permita «homenajear a las victimas de la represión franquista enterradas en la fosa con la colocación, una vez finalizadas las tareas de investigación, de un elemento conmemorativo» como una placa, escultura o monolito. Así pues dicho monumento debe recordar a los represaliados de la dictadura y no a todos los muertos de la Guerra Civil como aprobó en pleno la mayoría del PP.
El Fòrum per la Memòria del País Valenciá se felicitó mediante un comunicado, por esta sentencia «que da protección a los derechos de las víctimas, al derecho fundamental a la investigación y, sobre todo, protege el derecho de esta ciudad a recuperar los nombres de las víctimas y homenajear su memoria, conservando este espacio para construir en su día un memorial que las saque del olvido».