La ilusión generada por el nuevo Gobierno Municipal se basaba, en buena medida, en su intención de recuperar aquellos servicios municipales que sufrieron un fuerte deterioro como consecuencia de las políticas de ajustes, llamadas de Consolidación Fiscal (y elevadas a prioritarias con la reforma del art 135º de la Constitución). Y este deterioro fue la […]
La ilusión generada por el nuevo Gobierno Municipal se basaba, en buena medida, en su intención de recuperar aquellos servicios municipales que sufrieron un fuerte deterioro como consecuencia de las políticas de ajustes, llamadas de Consolidación Fiscal (y elevadas a prioritarias con la reforma del art 135º de la Constitución). Y este deterioro fue la coartada para justificar las privatizaciones. La ilusión era recuperar los bienes y los servicios municipales para la ciudadanía, esto es, remunicipalizar.
Los servicios públicos, entre ellos los municipales se convirtieron, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en el refugio de las grandes corporaciones de la construcción. Fueron abandonando el ladrillo en busca de negocios más rentables . Y no fue difícil encontrar un destino más atractivo para estos inversores (ávidos de ganancias rápidas y seguras) que regalarles la gestión de servicios municipales básicos como la limpieza viaria, la gestión de los residuos sólidos urbanos, la gestión del agua, etc. Se trata de lo que llaman » mercados de demanda cierta». C ertidumbre que deriva de la originaria condición de derechos ciudadanos en que se basa su prestación, de dónde se deriva la puesta a disposición de sus gestores de recursos públicos asegurados año tras año. Una demanda que no hay que buscar, como en otros negocios: los gobiernos municipales se la «traían a casa».
Los Ayto. del PP, como el de Madrid con Gallardón-Botella, ofrecieron contratos a estas empresas que produjeron reducciones de plantillas (EREs y ERTEs) y reducciones de los servicios, causando protestas vecinales y de los trabajadores (huelga de limpieza viaria y de jardinería en 2013, de Madrid Rio en 2014-15, etc.).
En Madrid, algunas de estas adjudicaciones caducan en noviembre. Las empresas concesionarias, a pesar de sus incumplimientos, están presionando al nuevo Ayto. para perpetuar el actual modelo de contratas y para que además se eleve el canon (dinero) que perciben.
Y es mentira que sea más barato privatizar. Lo más barato y rentable, social y económicamente, es remunicipalizar, que los Aytos. gestionen directamente sus servicios con personal municipal. El Ayto. de León ahorró 13 millones de euros haciéndolo. A las empresas no les interesa mantener, por ejemplo, los barrios de Madrid limpios; sólo les interesa mantener limpios sus negocios.
Sorprende, por ello, que el Ayto. de Madrid dude a la hora de enfrentar las presiones. Hace unas semanas, por ejemplo, ya cedió la privatización de la gestión del Polideportivo Municipal de Barceló a la empresa Carpa Servicios y Conservación (perteneciente al grupo Forus , a quien diversos medios de comunicación vinculan con la corrupta trama Gurtel ). Mal camino.
Es normal que en estos meses, hasta Noviembre, las grandes constructoras presionen para seguir apropiándose del pastel de los servicios municipales. Y lo normal sería que el nuevo Ayto. se plantara y dijera claramente: ¡se acabó! ¡Nos han votado para devolver los servicios municipales a los vecinos y vecinas de Madrid y así lo haremos! Contaría con el apoyo mayoritario de la ciudadanía madrileña. «Si las empresas no cambian de actitud, se remunicipalizará», dijo la alcaldesa de Madrid en referencia a los contratos de limpieza viaria. Pero la voluntad política de remunicipalizar o continuar con el modelo privatizador del PP no puede depender de la actitud de las empresas. Es la voluntad de la ciudadanía la que cuenta. Para eso votaron un cambio.
El Gobierno Municipal parece temeroso ante la aplicación del Programa Electoral que presentó Ahora Madrid . En lugar de considerar el programa un ‘compromiso ante el electorado’, la propia Alcaldesa expresó que el programa votado sólo son ‘sugerencias’. No aplicar la remunicipalización sería un incumplimiento del programa y un error político, pues debilitará la confianza ciudadana en el nuevo Gobierno Municipal.
Que sean necesarios estudios jurídicos y económicos para evaluar los procedimientos legales y los costes lleva su tiempo. Que el Ayto. tenga la obligación de asegurar día a día los servicios municipales es una responsabilidad que no se puede eludir. Y las constructoras presionan sabiendo que una remunicipalización no se improvisa de un día para otro. Cierto. Pero habría que mostrar ya la voluntad política de empezar estos procedimientos hacia la remunicipalización. No firmar privatizaciones, como se hizo con el Polideportivo Municipal de Barceló.
Pero si se podrían buscar ‘alternativas transitorias’ en el camino hacia la remunicipalización. Por ejemplo, ¿cuál es el obstáculo para que un servicio como la limpieza viaria, cuya prestación demanda sobre todo trabajo humano, no pudiera ser prestado directamente por el Ayto, asegurando, junto a la prestación del servicio, modalidades de empleo digno y de calidad, bien distintas de la degradación de los empleos que son características de este sector dominado por las contratas privadas? ¿Cuáles son los conocimientos ó la tecnología que atesoran estas empresas y del que el sector público madrileño no pudiera disponer? ¿No se podría crear una Empresa Municipal, como existe la EMT y la EMVS, que se encargara de la limpieza viaria y del mantenimiento de parques y jardines municipales? Claro que sí.
¿Mientras se remunicipaliza, no sería factible, como en otras ciudades europeas, crear cooperativas de trabajadores-as o sociedades laborales que pudieran hacerse cargo del servicio y a la vez promover empleo estable y digno? Los trabajadores de la limpieza viaria conocen mucho mejor que nadie cuales son las necesidades y los medios necesarios para conseguir mejoras en la calidad del servicio. Y éste también se podría promover impulsando iniciativas descentralizadoras que fomenten la participación ciudadana y ayuden en la gestión directa de los servicios municipales.
Las dimensiones de la ciudad de Madrid (y sus necesidades para el mantenimiento de su limpieza) hacen económicamente viable y aconsejable (desde el punto de vista de la calidad del servicio) una remunicipalización o iniciativas urgentes transitorias que impidan que los derechos ciudadanos sean entregados a las grandes empresas constructoras . Si una empresa pública presta los servicios de transporte urbano, por qué otra empresa pública no podría hacerlo con el servicio de la limpieza viaria. Los nuevos Aytos. han sido elegidos por la ciudadanía precisamente para defender la naturaleza pública de los servicios municipales, para garantizar que sean efectivos los derechos sociales, y la mejor garantía consiste en que su aplicación sea gestionada por quienes eligieron para hacerlo: los propios Aytos.
Sabemos que no será sencillo y que no basta sólo con voluntad. Existen dificultades y trabas importantes. Varias décadas de gestión municipal neoliberal, de ajustes y recortes, de corrupción, de privatizaciones, de inoperancia, etc., han dejado las arcas municipales escuálidas, cuando no plagadas de deudas. En 2014 los más de 8.000 aytos. abonaron más de 4.690 millones de Euros por intereses y amortización de estas deudas. Una barbaridad. El Concejal de Hacienda de Madrid informa que sobre el 60-80% de su deuda sería ilegítima. En muchos otros Aytos. sería similar, por ello urge declarar una mora inmediata durante al menos un año y proceder a una auditoría que aclare a quién se le paga y el porqué. Ahora mismo sería prioritario que los impuestos municipales vayan a satisfacer las necesidades sociales urgentes de la ciudadanía.
La reunión del 4 de septiembre de alcaldes-as y concejales-as de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz, A Coruña, Santiago de Compostela, Badalona e Iruña («Ciudades por el Bien Común») fue un paso adelante. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por el PP y en vigor desde mayo de 2.012, es otra importante traba, pues los aytos. que no prioricen el pago de las deudas y los ajustes serán castigados. Los Aytos. por el Bien Común tendrían que declararse en rebeldía contra esta ley, promoviendo su desobediencia civil. Podrían dirigirse conjuntamente a todas las fuerzas políticas para que se comprometan a derogarla inmediatamente cuando accedan al Parlamento tras las próximas Elecciones Generales. Incluso podrían promover reuniones unitarias de todos los Aytos. por Comunidades y luego a nivel estatal donde se acuerde que los presupuestos municipales prioricen las necesidades sociales de la ciudadanía.
En efecto, hablamos de una movilización social y ciudadana. La forma más útil de resistir las presiones del mundo empresarial, con la complicidad legal del Gobierno de Rajoy, sería la de promover una movilización social y ciudadana desde abajo, desde los propios Aytos., junto a las entidades vecinales, sindicales, etc., que promueva la organización de los sectores sociales más necesitados. Una movilización que ayude y promueva la participación social en la gestión de los Aytos., una descentralización que mejore la gestión y ahorre y simplifique procesos burocráticos. Y una movilización que implique a los-as empleados-as municipales (parte fundamental en la gestión de cualquier Ayto), quienes tras años de corrupción, ajustes y desidia, mayoritariamente fueron abandonados-as.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.