Desarrollar los contenidos y «revisar los libros de texto» de ESO y Bachillerato para evitar «falsas equidistancias» y «expresiones genéricas» que alimentan la teoría de los dos bandos igualmente culpables. Sacar la historia de la II República, la Guerra Civil, la dictadura y la represión de la fase residual del curso, haciendo todo el periodo comprensible en un contexto mundial. Y formar al profesorado durante toda su trayectoria docente. Todo ello lo reclama un manifiesto, impulsado entre otros por Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León y autor de un ensayo sobre los mecanismos de exclusión de la memoria histórica de las aulas, que reclama al Ministerio de Educación que empiece a preparar la puesta en marcha en el curso 2022-2023 de los cambios educativos previstos en la Ley de Memoria Democrática para que no queden en papel mojado.
«Si no se acometen desde ahora mismo una serie de cambios urgentes, que consideramos imprescindibles, corremos el riesgo de que, de nuevo, lo que dice la ley se quede en papel mojado y no llegue de verdad a las aulas», señalan los promotores del texto, que temen la resistencia de la industria del libro y de las comunidades del PP.
La idea es entregar el manifiesto a la ministra de Educación, Pilar Alegría (PSOE), en una reunión que aún no tiene fecha cerrada, explica Enrique Díez, vicepresidente del Foro por la Memoria de León. Díez forma parte del grupo de cuatro impulsores del texto, junto con la escritora Isabel Alonso, responsable de la Comisión Pedagógica de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, y los profesores universitarios de Educación Fernando Hernández (Autónoma de Madrid) y Fernando Yarza (Zaragoza).
El manifiesto, cuya publicación está prevista para septiembre en el marco de una campaña de difusión, ha recabado ya el apoyo de historiadores como Mirta Núñez, Ángel Viñas, Paul Preston, Alejandro García Sanjuán, Ángeles Egido, Javier Tébar, Francisco Espinosa, Manuel Ortiz Heras, Alberto Reig Tapia, Francisco Erice, Emilio Grandío, Ángel Pablo García y Jorge de Hoyos. A ellos se suman las entidades Encuentro por la Memoria, La Comuna-Asociación de Presxs y Represaliadxs del Franquismo, Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme al Pais Valencià-Plataforma de Suport a la Querella Argentina, Colectivo de familiares de Víctimas del Franquismo en Madrid (Memoria y Libertad), La Memoria del Norte y Ateneu Memòria Popular [ver aquí el manifiesto y aquí el listado provisional de adhesiones].
Currículum, orden y formación
El texto reclama al Ministerio de Educación que, para garantizar el cumplimiento de los artículos 44 y 45 del proyecto de Ley de Memoria Democrática, «dé pasos cuanto antes para articular ya en el curso escolar 2022-2023 tres medidas imprescindibles para una verdadera inclusión» de esta materia en el aula:
1) Cambiar los contenidos. «Se necesita –dice el manifiesto– la actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, desarrollando en los mismos de forma clara y sin falsas equidistancias los 40 años de represión de la dictadura y la lucha antifranquista […] hasta los años 70». Para ello hay que «revisar los libros de texto escolares y los materiales curriculares que se utilizan para que incluyan estos contenidos que actualmente están en buena medida invisibilizados y silenciados, utilizando expresiones genéricas que ocultan, más que aclarar». Además, continúan los firmantes, hay que «evitar expresamente la teoría de la equidistancia que viene del segundo franquismo, cuando el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde el régimen empieza a hablarse de guerra fratricida y de responsabilidad de ambos bandos”.
El texto sugiere como posible referencia unas unidades didácticas elaboradas por un equipo de la Universidad de León. Hay más experiencias de interés. Estudios como La memoria democrática en las aulas de secundaria y bachillerato: balance de una experiencia didáctica, de Vicent Galiana y Cano, han demostrado los buenos resultados de ligar la docencia sobre el siglo XX español a la experiencia cercana.
El artículo ¿Historia olvidada o historia no enseñada?, obra de seis investigadores encabezados por Laura Arias y publicado en 2019, advertía de los resultados negativos de una enseñanza básicamente memorística y centrada en fechas y batallas: sólo un 26,6% de los alumnos de ESO era capaz de definir qué era una dictadura, mientras que un 20,1% lo hacía con la república. Tiene interés situar estas conclusiones al trasluz de otros datos publicados en 2018 por Carlos Fuertes y Mélanie Ibáñez: casi la mitad (un 45%) de los estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato del instituto de Salamanca en que se centró su estudio veían innecesario reparar a las víctimas de la represión franquista.
2) Cambiar el orden. El manifiesto reclama «un cambio en la organización de los contenidos de Historia en Bachillerato», de forma que 1º se dedique al periodo entre la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial y 2º vaya de la etapa de entreguerras hasta al presente. «Sólo así se acabará con la anomalía española que supone la separación de la Historia del Mundo Contemporáneo y la Historia de España en dos cursos diferentes de Bachillerato y se podrá insertar la Historia contemporánea de España en la del mundo». Ello es considerado por los firmantes «más lógico pedagógicamente», porque «garantiza una visión que permite comprender la historia de España en el contexto global». Además, «es la forma de que la II República y la dictadura no queden relegadas al final de curso, sin llegar a ellas en ocasiones, pues pasarán a ocupar la parte central del programa».
El manifiesto defiende que los 44 años entre la II República, la Guerra Civil y la dictadura ocupen «en torno al 50% de los contenidos del siglo XX», tanto en 4º de la ESO como en 2º de Bachillerato, «tal como les corresponde por estricto tiempo cronológico». Javier Tébar, uno de los firmantes, explica a infoLibre que la historia de España suele impartirse «como si estuviera al margen de la historia del mundo». «Se cuenta como si hubiéramos ido por carriles distintos», señala Tébar, que añade que es frecuente que se sacrifique la historia de la dictadura y la transición, algo que nota incluso en el alumnado universitario.
3) Formar al profesorado. A juicio de los firmantes, hay que incluir en la formación «inicial y permanente» del profesorado la «actualización científica, didáctica y pedagógica».
Riesgo de quedar en «papel mojado»
En un texto que acompaña al manifiesto, que circula estos días entre asociaciones y académicos, Díez y Alonso exponen la «preocupación» ante que la posibilidad de que Ministerio de Educación «no empiece a tomar las medidas» para garantizar el cumplimiento de los artículos 44 y 45 de la Ley de Memoria Democrática, todavía no aprobada por las Cortes. «Corremos el riesgo de que, de nuevo, lo que dice la ley se quede en papel mojado», señalan Díaz y Alonso.
El artículo 44 señala que las acciones en materia de memoria deben contar «con un componente pedagógico adecuado» y el 45 que el sistema educativo «incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas«, para lo que se actualizarán los contenidos de ESO y Bachillerato y se formará al profesorado.
El Ministerio de Educación, que todavía no ha recibido el manifiesto, asegura a través de un portavoz que, teniendo en cuenta que la previsión es que la Ley de Memoria Democrática esté aprobada antes de final de año, es perfectamente posible que los currículos de ESO y Bachillerato se adapten, teniendo en cuenta que estos están arrancando ahora su fase de elaboración. Los nuevos contenidos entrarán en vigor en el curso 2023-2024, explica Educación. La pretensión de los firmantes del manifiesto es que sea en el curso 2022-2023.
Las preocupaciones de los impulsores del manifiesto van más allá del currículo, sobre todo cuando, a juicio de Díez, es probable que las comunidades gobernadas por el PP se resistan a la introducción de la materia. «La Lomloe es muy light. La ‘memoria democrática’ aparece sólo en el preámbulo, y así, como ‘memoria democrática’, sino añadir ‘histórica’. Luego, en una disposición adicional, se hace referencia al ‘conocimiento de la historia de la democracia en España desde sus orígenes a la actualidad’. Son términos muy genéricos e interpretables. Se cita expresamente el ‘Holocausto judío’, pero no el genocidio franquista», explica.
Tabúes y equidistancia
Díez, uno de los impulsores del manifiesto, parte de un detallado estudio de las trabas que dificultan la entrada de la memoria en las aulas, asunto al que ha dedicado la investigación La asignatura pendiente (Plaza y Valdés, 2020). A su juicio, el cambio de los currículos resultaría insuficiente para invertir una tendencia anclada en la rutina escolar. El problema central reside en los libros de texto, en torno a los cuales sigue girando casi toda la docencia, según el ensayo de Díez. En su investigación, basada en entrevistas a 610 profesores de Historia y en el análisis de libros de Secundaria y Bachillerato de hasta 15 editoriales, Díez encuentra «cinco temas tabú»: 1) La incautación de bienes a los perdedores. 2) El papel de la Iglesia dentro del aparato represor. 3) Los responsables y partícipes directos de la represión, con nombres y apellidos. 4) El hecho de que una parte de la sociedad civil se implicó en la represión. 5) El –obstaculizado– reconocimiento, resarcimiento y reparación a las víctimas y a los luchadores antifranquistas.
Díez localiza todo un catálogo de expresiones de equidistancia y hasta de revisionismo en los manuales. Una y otra vez se vincula el fracaso de la República con la “conflictividad social”. Apenas se abordan las causas y los trasfondos económicos. “Los odios generados por la insurrección de octubre [en Asturias] y su represión, las aspiraciones revolucionarias de socialistas, comunistas y anarcosindicalistas y la determinación de las derechas de hacerles frente se combinaron para producir una espiral de violencia”, señala un manual de 2º de Bachillerato. La vida política estaba “asfixiada por el radicalismo proletario”, apunta un libro para el mismo curso. Son frecuentes expresiones como “sectores radicalizados”, “terror simultáneo”… Está extendida la tesis de los dos bandos. La guerra se suele presentar en el mismo bloque que la República, no que que la dictadura, como si fuera el “fin inexorable” de aquella, y no la causa de esta.
Se da «por encima»
Más que análisis, hay relato de batallas. Las causas objetivas del golpe se diluyen en el clima de “polarización”. Sólo un 37,5% de los libros de ESO muestran que la represión franquista fue sistemática. Hay más referencias a los campos de concentración de fuera de España que de España. Los hechos se muestran ajenos a la realidad de hoy, según el análisis de Díez. “La guerra se produjo porque no se respetaron las normas democráticas”, señala un manual. Es frecuente la utilización de expresiones ambiguas, una conclusión compartida por el historiador Javier Tébar, que señala que «casi todo se cuenta a base de eufemismos». ¿Y las mujeres? “La represión inmediata en la Guerra Civil y la posguerra sobre las mujeres afines a la República […] se mantiene prácticamente invisible”, apunta Díez en su ensayo.
Las respuestas de los 610 profesores encuestados dan claves: “Muchas veces no se llega”, “hay que preparar la selectividad y no da tiempo a todo”, “se da a veces por encima”, “prácticamente no se trata”. Un docente ve en los manuales «inexactitudes, bastantes interpretaciones muy cuestionables y muchísima carga ideológica […]… La editorial SM [Santa María] no va a dejar que en sus libros aparezcan vínculos de sus antecesores ligados a la incautación de bienes, por poner un ejemplo. Cada maestrillo tiene su libro y cada editorial su santoral”. Díez considera un factor clave a tener en cuenta la fuerte presencia de la Iglesia y sus organizaciones en la industria del libro de texto y en la enseñanza concertada, que percibe más de 6.000 millones de euros públicos al año. La suma de todos los condicionantes provoca que en buena medida las leyes autonómicas de memoria, en lo referente a la introducción de la memoria en las aulas, hayan quedado en “papel mojado”, según Díez, que teme que vuelva a ocurrir con la ley estatal.
Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/08/23/educacion_xxx_123784_1012.html