La Junta de Extremadura ha declarado de interés regional un mega complejo turístico de lujo que urbanizará espacios naturales protegidos, vulnerando la Ley del Suelo estatal y regional. Las obras del mayor complejo turístico y residencial de Extremadura, en el noreste de la provincia de Cáceres, ya han comenzado. Para este resort de lujo, que […]
La Junta de Extremadura ha declarado de interés regional un mega complejo turístico de lujo que urbanizará espacios naturales protegidos, vulnerando la Ley del Suelo estatal y regional.
Las obras del mayor complejo turístico y residencial de Extremadura, en el noreste de la provincia de Cáceres, ya han comenzado. Para este resort de lujo, que estará ubicado en un islote del pantano de Valdecañas, se prevé una inversión de 200 millones de euros. Entre sus atractivos tendrá una playa artificial, pistas deportivas, un hotel de cuatro estrellas, un balneario y una urbanización de 300 viviendas, además de un puerto náutico. El complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas, como lo han denominado, cuenta con el apoyo incondicional de la Junta de Extremadura, para quien la iniciativa privada influirá positivamente en el desarrollo económico de la región.
Además, el complejo turístico es considerado como proyecto de interés social para la zona y se espera que ayude a la revitalización de los municipios colindantes. Con esta justificación, el 10 de abril fue considerado por el Consejo de la Junta de Extremadura como Proyecto de Interés Regional. De esta forma, también se recalificaron como urbanizables los terrenos de suelo no urbanizable y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como zonas que están dentro de la Red Natura 2000 (espacios naturales protegidos por la Unión Europea).
A pesar de que el ‘Marina D’Or de Cáceres’ se ofrece como un referente en cuanto al turismo de calidad, las opiniones contrarias no son pocas. Ecologistas en Acción de Campo de Arañuelo tramitó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura impugnando la declaración del proyecto como de Interés Regional. Según José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, «por un lado hay una vulneración de la Ley del suelo de Extremadura y de la Estatal, porque en ningún caso se debe recalificar un terreno para hacer un complejo turístico. En todo caso, se podría recalificar si fuera una construcción para usos sociales como un centro de salud».
En segundo lugar, el letrado apunta a que no ha habido una valoración suficiente del daño ambiental que el proyecto va a provocar. «Y en tercer lugar», prosigue, «todos los estudios de impacto ambiental deben proponer varias ubicaciones según la ley, y éste no ha propuesto ninguna ubicación alternativa. Creemos que se debieron aplicar los principios urbanísticos y que lo lógico hubiera sido ubicar el proyecto en torno a los núcleos urbanos consolidados».
Sin embargo, incumpliendo la Declaración de Impacto Ambiental, y sin haberse resuelto todavía el recurso, las obras comenzaron en septiembre. Se prevé la finalización de la primera etapa del proyecto para la primavera de 2009. La población prevista es de 2.105 habitantes, por lo que se va a cuadruplicar la población en relación a los dos términos municipales colindantes, el Gordo y Berrocalejo. Mientras tanto, la Junta de Extremadura se vanagloria por el compromiso social que asume el complejo, al resolver el déficit de infraestructuras que tienen los municipios de la zona (potabilizadora de agua, depuradora de vertidos y mejora en la red eléctrica).
«Creemos que la Junta se está beneficiando de este proyecto al declararlo como de Interés Regional, pues se están delegando responsabilidades que competen a los ayuntamientos. Se está haciendo un fraude de ley, pues los únicos que tienen aquí intereses son la promotora y la Junta. Al declararlo como de Interés Regional, por la inversión en infraestructuras, la Administración se lava las manos y no hace cosas que debería de haber hecho mucho antes», denuncia el abogado.
La promotora del complejo es la Sociedad Marina Isla de Valdecañas SA, sociedad cuya accionista mayoritaria es Marina de Islantilla. Esta promotora viene desarrollando complejos similares en la costa de Huelva y ya ha sido denunciada por Ecologistas en Acción por los daños ambientales que ha ocasionado en el litoral onubense. Cabe resaltar que el que aparece como apoderado de la empresa es José María Gea, que según el registro mercantil es titular de 20 sociedades.
El turismo corporativo promovido por estas sociedades suele venir acompañado de graves impactos en el medio y en la población local, que termina siendo, en último término, la más afectada, sobre todo en las épocas de alta temporada. Es usual que se dé una competencia por los recursos primarios entre los habitantes de los pueblos y los turistas, como ocurre con el agua potable o la electricidad.
Por otro lado, la supuesta reactivación económica que se da en estos periodos no siempre es la más deseada por la población. Francisca Blanco, coordinadora de Ecologistas en Acción de Campo Arañuelo, no puede ser más clara: «Lo que ocurre es que ya se han cargado el litoral y ahora van a cargarse el interior, haciendo grandes negocios inmobiliarios mientras juegan con nuestra salud en nombre del progreso. Y tal vez se generen más empleos, pero será porque al final la empresa constructora subcontrata a otra subcontrata que llevará a emigrantes casi rayando el esclavismo y no contratan a las gentes de los pueblos».
Empiezan las obras y decrece el río Tajo El 3 de octubre, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos Naturales de Extremadura (ADENEX) y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia que considera que la desecación del río Tajo es consecuencia de las obras del Complejo Isla Valdecañas. Los grupos ecologistas vienen denunciando que la reducción del caudal forma parte de una maniobra de la empresa privada y la Confederación Hidrográfica, que afecta a miles de animales atrapados por la bajada de las aguas. El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo ha comunicado a finales de octubre la apertura de las diligencias. Esto implica que si el fiscal considera que hay indicios suficientes para declarar que la Confederación Hidrográfica ha permitido la desecación del río Tajo para las obras, se tendrían que emprender las diligencias penales oportunas.