Comisión de Salud-Antiglobalización (Attac-Madrid)
Las nuevas iniciativas llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad como la división de las Áreas Sanitarias y la zonificación responden a una estrategia en la que se pretende acabar por completo con la hegemonía de la sanidad pública. Por eso su intento de ocultarlo con el eslogan de presentación «Más Sanidad Pública».
Acogiéndose cínicamente a la Ley General de Sanidad y recogiendo una aspiración de mejora de la sanidad pública, como es la disminución del volumen de personas por Área Sanitaria -lo que facilitaría la gobernabilidad de las Áreas y una mejora en su gestión, al tiempo que facilitaría la participación al acercar la toma de decisiones a la población-, el gobierno de la Comunidad de Madrid persigue ocultar la colocación de hospitales privados en la dirección de múltiples Áreas Sanitarias, y persigue generar la confusión necesaria para dificultar la unidad y respuesta de los trabajadores del sector y de la población . De este modo intenta imponer sus objetivos de privatización de la sanidad pública, entregando la gestión sanitaria de esas Áreas al sector privado, dificultando o anulando los controles públicos sobre el sistema sanitario, alejando las decisiones sanitarias de la población, y dificultando o impidiendo la participación de los movimientos sociales.
Por tanto, no es sólo el deseo de «vender» los nuevos hospitales de cara a las próximas elecciones . Va mucho más allá y constituye un paso más de una planificación estudiada para acabar con el sistema sanitario público, que en la Comunidad de Madrid tiene una gran legitimidad ante los profesionales sanitarios y la ciudadanía.
Entre las agresiones de mayor calado cabe destacar:
– Que el diseño de las nuevas Áreas de Salud que no responde a las necesidades -como por otra parte se insiste- de la población. Ya que se puede comprobar como se rompen barrios, se obliga a desplazamientos más largos, etc.– Que cada Área no contará con un hospital público de referencia, por lo que la asistencia sanitaria de un millón y medio de madrileños no está garantizada en la sanidad pública. Esto vulnera el derecho constitucional, y supone un agravio comparativo con el resto de la población de Estado. A nadie escapa que la negociación de la Cartera de Servicios no será lo mismo con la empresa privada Capio que con el gerente del H. de la Paz.– Se introduce la Gerencia única en todas las Áreas, hecho que -dada la actual estructura sanitaria- va en detrimento tanto del papel que debe jugar la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema sanitario público, como del económico, ya que el presupuesto se lo llevarán, incluso en mayor medida que en la actualidad, los hospitales.– Se perfila una estatutarización del personal laboral y funcionario -nada comparable con el estatuto del que gozan los trabajadores provenientes del antiguo Insalud – con la promesa de poder acceder a la Carrera Profesional -dada la pérdida de derechos que ha supuesto la aprobación del nuevo Estatuto Marco-, cuyo objetivo no declarado entre otras cosas es poder obtener la movilidad de miles de trabajadores hacia los nuevos centros privados.
La profundidad de este ataque y el hecho de no ser aún definitivas las decisiones sobre nueva zonificación, requiere ejercer la máxima presión sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid, respondiendo conjuntamente los trabajadores del sistema sanitario y los ciudadanos, pues como demuestran los hechos, las agresiones a la salud de la población van de la mano con el empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales.