En 1993 Manuel Chaves impulsó un acuerdo tripartito entre la Junta de Andalucía, la gran patronal andaluza y los sindicatos “mayoritarios” que habría de repetirse, cíclicamente, hasta siete veces más.
Fueron los llamados “Acuerdos de Concertación”, que constituyeron uno de los pilares fundamentales del Régimen Psoísta, siendo en gran medida responsables de la larguísima duración de ese periodo.
Siempre los firmantes fueron los mismos: el gobierno autonómico (el PSOE), la CEA (Confederación Enpresarial Andaluza), CCOO y UGT. Estos cuatro interlocutores se autoadjudicaron el monopolio de la representación del conjunto de la sociedad andaluza, rechazando sistemáticamente la presencia de otras organizaciones de PYMES, de Entidades de Economía Social, de sindicatos diferentes de aquellos, de otras asociaciones… Durante 23 años, de 1993 a 2016, la foto del solemne acto de la firma siempre fue la misma: el presidente o presidenta de la Junta, los secretarios o secretarias generales de CCOO y de UGT y el presidente de la CEA. Solo cambiaron los rostros: Chaves, Griñan, Susana Díaz y los respectivos altos cargos de las tres organizaciones en cada momento.
Los objetivos declarados de los pactos siempre fueron los mismos: conseguir más empleo, fortalecer el tejido empresarial, hacer avanzar Andalucía… Y aunque pudiera parecer increíble, los contenidos de los Acuerdos no respondían a diagnósticos de estudios previos, ni contuvieron procedimientos de seguimiento ni de evaluación de resultados. Toda una chapuza que abría el camino a la corrupción. Lo que sí se concretaba era la cantidad total a gastar, aunque nunca se supo con exactitud qué cantidades –en gran medida fondos europeos- llegaron a la CEA, a CCOO y a UGT.
Los no muy numerosos estudios publicados sobre los ocho Acuerdos suscritos (aunque el último, de 2016 no llevó ya ese título debido a los escándalos judiciales y a la alarma social consiguiente que involucraron, en diverso grado, a las tres organizaciones y a la propia Junta) llegan a una misma conclusión: para los objetivos declarados, fueron inoperantes. Un buen ejemplo de hasta qué punto esto es así es que el VII Acuerdo (2010-2013) comenzó con una tasa de paro del 26% y se cerró con un 36,4%, tras movilizar 20 millones de euros.
Sí en cambio fueron muy productivos para todos los firmantes. Para el PSOE, porque pudo hacer ostentación de su “capacidad de diálogo” y de su fuerza para conseguir que patronal y sindicatos firmaran con la Junta un mismo documento. Para la CEA, CCOO y UGT porque veían reconocidos su supuesto derecho a monopolizar la voz de la sociedad y recibían jugosas cantidades que les permitieron construir aparatos burocráticos enormes. El sistema fue una buena muestra de relaciones clientelares en que todos los suscribientes ganaban en un contexto de paz social garantizada. Cosa muy diferente es qué hemos ganado los andaluces y andaluzas y la propia Andalucía como país con tantas concertaciones.
Al acceder a la presidencia, en 2014, Susana Díaz anunció que iba a ampliar la mesa de concertación. No sé si era o no sincera, pero en cualquier caso los actores de siempre (la CEA, Comisiones y UGT) no estuvieron por la labor y solo cambió el nombre del pacto, que se llamó entonces “Agenda por el Empleo” y que debía extenderse hasta 2020.
Con el fin del régimen psoísta, no pocos quizás pensaron que había concluido el larguísimo periodo de los estériles Acuerdos de Concertación pero se equivocaban. El pasado 30 de julio, en el palacio de San Telmo, firmaban y posaban para la posterioridad el actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, las secretarias generales de CCOO y de UGT y el presidente de la CEA. Aunque no llevara este nombre, se trata del IX Acuerdo de Concertación, con los mismos interlocutores que los ocho anteriores aunque el partido gobernante sea distinto y con solo una nueva variación en el título. Ahora se llama “Acuerdo para la reactivación económica y social de Andalucía”.
Un eufórico Juan Manuel Moreno, tras un atril en el que podía leerse el lema “Alianza por Andalucía”, definía el momento como un día histórico y ponía el acuerdo como un ejemplo para el conjunto de España. Sin poder reprimirse, llego a confesar que se sentía “un poquito más legitimado, fuerte y respaldado”, felicitándose de haber encontrado, en las actuales circunstancias, “personas capaces, tenaces y con la altura de miras suficiente para actuar por encima de cualquier trinchera ideológica”.
En realidad, el bla, bla, bla del documento es muy equivalente, aunque menos prolijo, que el de los Acuerdos anteriores. Se vuelve a insistir, por enésima vez, en la necesidad de mejora del sistema productivo y se aboga por medidas orientadas al conocimiento, la innovación y la digitalización como “clave de bóveda” para el crecimiento. Apenas se concreta nada e incluso se reconoce explícitamente que “el éxito del Acuerdo está ligado a que Andalucía reciba el trato que merece del gobierno (central)”. Sin comprometerse financieramente a nada, en su actual confrontación con el gobierno de Sánchez, el presidente de la Junta presenta en su haber una supuesta unanimidad de las fuerzas sociales y económicas andaluzas. Me gustaría ver la cara de Susana Díaz…
Todo esto se asume sin más problemas por los sindicatos “mayoritarios”, otrora autodefinidos como de “clase”, que perseveran en su papel de fieles peones del gobierno de turno en Andalucía. Así, las dos señoras actuales secretarias generales de CCOO y UGT repitieron el mantra, tan propio del pensamiento reaccionario, de que, sobre todo en los momentos de grave crisis, como el actual, “los partidos aparquen la confrontación ideológica”. De lo que se trata, parece, es de conseguir estar sentados a una misma mesa “de diálogo” donde lo importante es que haya algún acuerdo, sea cual sea el contenido de este. Porque defender las posiciones propias, es decir los intereses de aquellos a quienes se afirma representar, sería confrontar y eso –afirman- no es bueno. Y esta posición reaccionaria intenta tener como coartada –para más inri- una supuesta exigencia de los trabajadores que, en palabras de la secretaria general de CCOO en el acto citado, “por encima de diferencias ideológicas y metodológicas, exigen una salida desde el diálogo”. Pero, ¿cuál salida, señora López?, podríamos preguntarle. Según ella, “apostando por mantener el empleo y apoyar a las empresas… fijando el camino a transitar para situar a nuestra comunidad en el progreso y con mayores cotas de empleo, de igualdad y de calidad de vida a través de una generación de riqueza más sostenida, más justa y más equitativa y más igualitaria”. Palabras, palabras, palabras… mil veces repetidas y vacías.
Quizá en un lapsus, doña Nuria López reconoció, no obstante, que “este acuerdo, más que un acuerdo, es un compromiso que traslada la idea de buscar soluciones conjuntas y equilibradas”. Acabáramos. Queda claro que lo importante del Acuerdo no es su contenido –poco más que humo porque nada se concreta ni se presupuesta- sino la foto de la firma del Acuerdo mismo (y supongo que también las transferencias o favores posteriores que ello conlleva).
Hace muy pocas semanas, la propia Junta con la que ahora se pacta había sacado convocatorias express de empleo, solo abiertas 24 horas, para puestos interinos en la administración adjudicándolas con el único criterio del orden de llegada de las solicitudes y realizando discriminaciones ilegales al desechar a las embarazadas, mayores de 60 años, etc. Hubo respuestas de asociaciones y colectivos pero muy suaves o inexistentes por parte de los sindicatos “mayoritarios”. Quizá la foto del jueves 30 explique este proceder que sorprendió a algunos que no pierden su ingenua capacidad para sorprenderse.
Isidoro Moreno es catedrático emérito de de Antropología Social y miembro del colectivo Asamblea de Andalucía