El pasado 30 de octubre Francia concedió la extradición del Secretario General del PCE(r), Manuel Pérez Martínez, reclamado por la justicia española. La entrega se produjo tras la petición de tres salas de la Audiencia Nacional que le acusan del secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón y la colocación de dos bombas en Madrid en […]
El pasado 30 de octubre Francia concedió la extradición del Secretario General del PCE(r), Manuel Pérez Martínez, reclamado por la justicia española.
La entrega se produjo tras la petición de tres salas de la Audiencia Nacional que le acusan del secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón y la colocación de dos bombas en Madrid en 1998.
En su primera declaración ante el juez Garzón, el dirigente comunista negó su pertenencia a los Grapo, y volvió a reiterar que él únicamente es miembro de un partido al que el Estado nunca quiso legalizar.
La criminalización del PCE(r), o directamente la suplantación de sus siglas por las de los Grapo, ha sido una máxima seguida en el tiempo por los distintos ministros del Interior y por las fuerzas policiales, que Falsimedia ha sabido respetar con la debida sumisión. De modo que cualquier militante de la organización política fuera considerado miembro de «una organización terrorista».
Sin embargo, esta política de represión de la disidencia por la vía policial no ha dado hasta el momento los frutos deseados. Y pese a las detenciones que ha sufrido el líder comunista, no han conseguido presentar evidencias que prueben su vinculación con actos de violencia.
Un largo historial de persecución política
La relativamente reciente ilegalización de las ideas aplicada a Batasuna, tiene un largo historial cuando se habla del PCE(r). Este partido político ha sido ilegal desde su nacimiento, en tiempos aún del dictador Franco. Ilegal durante el periodo de la llamada «transición», tras la muerte de éste. E ilegal tras la culminación de todos aquellos pactos que habrían de mantener las estructuras de poder establecidas por el fascismo, pese a las transformaciones institucionales.
En 1977 fue detenido en Benidorm el Comité Central de la organización. Manuel Pérez Martínez, más conocido como Camarada Arenas, fue acusado en aquel entonces de haber acabado con la vida del capitán de la policía nacional Herguedas, que fue quien dirigió los fusilamientos de los cinco últimos asesinados por Franco en septiembre de 1975. Acción ésta reivindicada por los Grapo, pero de la cual el Estado quiso responsabilizar al PCE(r).
No hubo amnistía general. Y cuando dos años después la Audiencia Nacional emitiera una condena de 5 años de prisión, el delito invocado fue el de asociación ilícita en tanto que miembro directivo del PCE(r).
En aquella sentencia (sumario 34/77 del Juzgado Central de Instrucción 2, rollo 34/97 de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional) se aseguraba que «el llamado Partido Comunista Reconstituido de España (PCR) es una organización de ideología marxista-leninista que se propone el cambio radical de la estructura social, política y económica establecida en España, con destrucción del orden existente, inclusive mediante medios de fuerza, para implantar su modelo propio de sociedad«. Pero al tiempo aclaraba que eran los llamados Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) la organización «que emplea la violencia y las armas de la manera en que entiende con ello conseguir propiciar un cambio radical en el orden social, económico y político de España, con destrucción del esquema de sociedad que hoy está establecido«.
Fue la propia Audiencia Nacional la que reconoció la diferencia entre ambas organizaciones, aunque las fuentes policiales y sus altavoces mediáticos redoblen sus esfuerzos para diluir esa diferencia.
El Camarada Arenas cumplió íntegra su condena, sin que le contaran los dos años de prisión preventiva, saliendo de la cárcel en 1984. Poco después se exilió en Francia, donde ha vivido desde entonces.
En 2000 fue detenido por las autoridades de ese país, pese a no tener causas pendientes contra él, ni contar con pruebas que le implicaran en actos terroristas.
Pérez Martínez, de 62 años de edad, ha sido el secretario general del PCE(r) desde su creación en 1975. En la clandestinidad, en la cárcel y durante sus años de exilio.
En todo ese tiempo, su carisma y liderazgo han sido incuestionables dentro del partido. Ahora se enfrenta a la que, probablemente, será la última oportunidad de agresión a su persona, por parte de un Estado que le lleva persiguiendo más de 30 años.