La crisis de 2008 se utilizó para rescatar a la banca, endeudarnos y justificar con ello todo tipo de recortes (en los derechos laborales, en las pensiones, en las prestaciones sociales, en la sanidad o en la educación pública, en los servicios sociales,…). Los portavoces de la patronal trataron de justificar su repentino interés por el dinero público hablando de que había que hacer un paréntesis en el capitalismo. Más que un paréntesis lo que vimos fue la profundización de un sistema depredador, produciéndose un fuerte aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza, también en época de crecimiento económico y de aumento del empleo precario.
En la Unión Europea, en el Estado español y en Euskal Herria se abrazaron y constitucionalizaron las políticas de austeridad. Había que priorizar el pago de la deuda sobre las necesidades sociales, y se hizo; había que limitar el crecimiento del presupuesto de manera irracional, para que el peso del sector público en la economía cayese y aumentase el del sector privado, y se hizo. Las instituciones vascas, tanto el Gobierno Vasco o el Gobierno de Navarra como las Diputaciones Forales, han sido punta de lanza de esta política austericida. Han venido combinando recortes sociales con importantes superávit. Gran gestión le llaman a esto. Yo lo calificaría de destrozo de lo público a costa de la protección y el bienestar de la mayoría social.
En este contexto, el covid19 ha puesto todo patas arriba. Eso ya lo sabemos. Hoy los datos del paro nos dicen que en abril el desempleo ha subido en más de 10.000 personas en la CAPV y en más de 3.000 en Navarra. O que hay 20.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. Y fuera de estas cifras están los 200.000 trabajadores y trabajadoras que están en ERTEs, y que ven peligrar sus puestos de trabajo en muchos casos.Ante esta realidad las instituciones pueden intentar pasar de puntillas, planteando modificaciones cosméticas de sus políticas. Esto es lo que hasta ahora estamos viendo por parte del Gobierno Vasco o del Gobierno de Navarra. Pequeños programas, escasamente dotados, puntuales, para colectivos muy muy específicos, y dejando fuera a la inmensa mayoría de la gente que está sufriendo las consecuencias del coronavirus. En muchos casos, además, cargados de propaganda. Como me ha dicho mucha gente en estas últimas semanas, “no es verdad lo que nos dicen, no hay ayudas”.
Hay otra opción, que pasa por garantizar unos ingresos dignos a todas las personas. Una primera condición para ello es querer hacerlo, lo que no parece que es el caso. Pero es que, además, llevar a cabo este tipo de medidas, que darían respuesta a las necesidades de la población, requiere cambiar radicalmente las prioridades presupuestarias. Dinero hay para ello: los cientos de millones que se destinan a obras faraónicas e innecesarias, los presupuestos destinados a la militarización de la sociedad, los regalos a las empresas transnacionales, o aumentar los impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital. Un ejemplo: para equiparar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades a la media europea habría que aumentar la recaudación en este impuesto en Euskal Herria en 1.000 millones al año.
Esta segunda opción conlleva la necesidad de romper con las políticas de austeridad y con los límites de la regla de gasto y del déficit público. El domingo, tras la reunión de los presidentes de Comunidades Autónomas con Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda dijo que esas Comunidades Autónomas deberán este año respetar el límite del déficit del 0,2%. Esto es, simplemente, imposible. No le hemos oído nada a Urkullu sobre este punto. Está bien quejarse sobre el mando único de Sánchez. Lo que no está tan bien es pretender aplicarlo él, sin hablar con nadie. Y tampoco está bonito no decir a la gente qué va a hacer si Madrid se empecina en mantener esa camisa de fuerza presupuestaria a las Comunidades Autónomas. ¿O es que, como ha sido hasta ahora, está de acuerdo con ella?
Mikel Noval, Gabinete de Estudios del sindicato ELA. Manu Robles-Arangiz Institutua (@mrafundazioa)