La caza queda así suspendida hasta nueva orden, lo que supone un respiro para los animales y para las personas que podrán disfrutar tranquilos del entorno natural.
En el Auto comunicado el 26 de febrero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima la medida cautelar solicitada por PACMA y suspende la aplicación del Reglamento de caza de Castilla y León, lo que debe suponer la paralización de toda actividad cinegética en la Comunidad.
El Partido Animalista obtiene del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la estimación de la medida cautelar solicitada en el recurso que interpuso para impugnar el Reglamento de Caza de Castilla y León (DECRETO 10/2018, de 26 de abril, por el que se modifica el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre).
Tras varios años de trabajosos litigios, donde hemos ido impugnando las sucesivas ordenes anuales de caza de CyL por considerar que el listado de especies cinegéticas y cazables de dichas disposiciones violentan la normativa nacional y las Directivas Europeas en materia de conservación y protección de la fauna silvestre, hemos conseguido esta medida cautelar que admite nuestros argumentos y que debe paralizar totalmente la caza en Castilla y León, hasta que no se determine si el Reglamento impugnado es o no conforme a derecho.
En un intento de parar las actuaciones legales de PACMA para defender a los animales, la Administración solicitaba que PACMA abonara una caución de 11 MILLONES DE EUROS, por los supuestos perjuicios que la medida solicitada causaría. SE HA DENEGADO. Agradecemos que el Tribunal, haya determinado que:
Este es un triunfo sin parangón, un primer paso que, desde PACMA, trabajaremos para replicarlo en el resto de Comunidades de nuestro país. Vamos a seguir esforzándonos sin descanso para salvar a los animales que están siendo masacrados sin escrúpulo alguno por sectores minoritarios de población (cazadores) con el apoyo de la Administración y disposiciones, como la impugnada, dictadas por Administraciones interesadas, fuera de todo orden legal.
PACMA demuestra, una vez más, que es posible cambiar la terrible realidad que sufren los animales, que es posible avanzar y evolucionar y que nuestro trabajo, muchas veces silencioso, en ministerios, despachos y juzgados, salva vidas.