Pedro Bel Fernández, de 45 años, condenado a 30 años de cárcel por el atentado perpetrado contra El País el 30 de octubre de 1978 por un grupo de ultraderecha (en el que falleció un trabajador y dos resultaron heridos), ha aprobado una oposición para funcionario de prisiones y en la actualidad está de prácticas […]
Pedro Bel Fernández, de 45 años, condenado a 30 años de cárcel por el atentado perpetrado contra El País el 30 de octubre de 1978 por un grupo de ultraderecha (en el que falleció un trabajador y dos resultaron heridos), ha aprobado una oposición para funcionario de prisiones y en la actualidad está de prácticas en un centro penitenciario, según informa el periódico objeto del atentado.
Bel, tras pasar 12 años y 16 días en prisión, cumplía todos los requisitos para presentarse a los exámenes de funcionario de Instituciones Penitenciarias, para los que no se exige a los aspirantes un certificado de antecedentes penales o que, en caso de tenerlos, los haya cancelado. De hecho, no los podría borrar hasta el año 2007, cinco años después de salir de la cárcel.
Según El País, Bel fue identificado en julio de 1981 como uno de los integrantes de un comando de ultraderecha que había perpetrado un atentado con bomba contra este periódico. Falleció el conserje Andrés Fraguas, resultó herido de extrema gravedad el entonces jefe de servicios generales de este diario, José Sampedro (perdió la mano izquierda y parte de la derecha), recientemente jubilado, y también sufrió heridas, aunque más leves, el entonces también conserje Carlos Barranco, quien continúa en el diario.
La explosión se produjo en la estafeta de El País. Los tres trabajadores se encontraban abriendo la correspondencia para su clasificación y distribución. El paquete con el artefacto, en el que figuraba una etiqueta con el anagrama de IBM, levantó las sospechas de uno de los conserjes, quien vio que se trataba de una caja de madera con unos orificios, de los que sobresalían unos cables. Cuando Sampedro levantó la tapa apenas unos milímetros, se produjo el estallido.
Las investigaciones sobre los atentados avanzaron lentamente hasta que, tras una serie de crímenes atribuidos al mismo grupo ultra, fueron detenidos 10 de sus integrantes en julio de 1981. Entre ellos no se encontraba Pedro Bel, puesto que había huido a Venezuela tras ser acusado tanto del atentado contra este diario como de la colocación de 11 bombas más, de otros tres asesinatos y de haber causado heridas a 17 personas.
En Venezuela fue detenido en noviembre de 1984 y permaneció encarcelado hasta que fue extraditado, ya en 1987. Tras ser juzgado en España, fue condenado primero a 30 años por el atentado contra EL PAÍS, del que negó ser su autor, y a otros 81 por los otros delitos. Contra esta última condena presentó recurso y fue absuelto, salvo de un delito de estragos por la colocación de una bomba en la puerta del edificio del Boletín Oficial del Estado, también en 1978. Como fue condenado por el antiguo Código Penal, el tiempo máximo que podía permanecer entre rejas era de 30 años y, además, podía beneficiarse de redenciones extraordinarias y ordinarias para rebajar el tiempo efectivo en la cárcel.
En la calle desde 1996
En noviembre de 1996, Pedro Bel obtuvo la libertad condicional, de la que estuvo disfrutando hasta que logró su licenciamiento definitivo en julio de 2002. Ya en la calle, se presentó a las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias convocadas el 26 de marzo de 2004. Sumando su tiempo de presidio en Venezuela y España, ha estado efectivamente en prisión 12 años y 16 días.
El ahora funcionario en prácticas fue reconocido durante uno de los exámenes de oposición por un miembro del tribunal, que con anterioridad había sido uno de sus custodios. Inmediatamente avisó a sus superiores. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias revisó su expediente y comprobó que cumplía todos los requisitos. Incluso encargó un dictamen a la Abogacía del Estado sobre el asunto.
Ésta dictaminó, en marzo de 2004, que era imposible requerir a los aspirantes al cuerpo de auxiliares de Instituciones Penitenciarias un certificado de antecedentes penales, que sí se exige, por ejemplo, para aspirar al Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o la judicatura. Tampoco se les exige un examen psicotécnico. A raíz de este caso, Instituciones Penitenciarias está estudiando la posibilidad de introducir modificaciones legales para incluir ambos requisitos en las próximas convocatorias.
El país ha intentado contactar en los últimos días con Pedro Bel en el centro penitenciario en el que se encuentra en prácticas, pero los funcionarios que atendieron las llamadas aseguraron que no estaba trabajando. Fuentes de prisiones señalan que, inicialmente, se le ha asignado un destino burocrático, sin contacto directo con los internos.