La búsqueda de la normalización democrática de Euskal Herria debe asentarse, según la mayoría de los análisis, en un triángulo. En un vértice se encuentra el PSOE, en el otro el PNV y en el tercero se suele situar a Batasuna, pero ella misma amplía su espacio de protagonismo a todos los firmantes del Acuerdo […]
La búsqueda de la normalización democrática de Euskal Herria debe asentarse, según la mayoría de los análisis, en un triángulo. En un vértice se encuentra el PSOE, en el otro el PNV y en el tercero se suele situar a Batasuna, pero ella misma amplía su espacio de protagonismo a todos los firmantes del Acuerdo Democrático de Bases.
Al menos como principio teórico, está mayoritariamente admitido que la búsqueda de la normalización democrática debe contar con el acuerdo de aquellos que en 1979 rechazaron el marco autonómico que, con el tiempo, se ha demostrado incapaz de resolver el conflicto entre Euskal Herria y los estados; con el del grupo mayoritario del nacionalismo vasco institucional que sí aceptó ese marco; y con al menos una formación de ámbito estatal, que en este caso sería el PSOE que se encuentra en el Gobierno español, puesto que el PPno tiene, hoy por hoy, más objetivo que sabotear cualquier proceso de solución, tanto por la influencia electoral que éste podría tener como por los cambios estructurales que puede producir.
El gobierno español
El objetivo central del Gobierno español de cualquier gobierno español es lograr un alto el fuego definitivo de ETA y pretender venderlo como una rendición de la organización armada sin ningún tipo de contra- partida política. Sin embargo, cualquier análisis serio de la trayectoria de ETA y del conjunto de la izquierda abertzale deja a las claras que nunca se ha producido un alto el fuego ni por intereses particulares o sectarios, ni sin que exista algún tipo de garantías sólidas de que se va a afrontar la raíz del conflicto.
La cuestión, ahora, es ver qué está dispuesto a poner el PSOE en la mesa de partidos que debe abordar la normalización democrática, eso que en la propuesta de Anoeta se definía como la hoja de ruta acordada que dibuje, «partiendo de nuestra actual realidad, el tránsito político hacia un nuevo escenario en el que el pueblo vasco pueda, en condiciones democráticas, decidir cualquier estatus político o institucional para nuestro pueblo».
Lo visto en el caso de la reforma del Estatut catalán evidencia los muchos límites que el PSOE tiene para abordar esta cuestión. La intención de este partido y del Gobierno español pasaría por plantear en la mesa alguna fórmula para consensuar un marco que compatibilice el derecho a decidir con la legalidad actual más o menos reformada. Un acuerdo que dé cierta estabilidad al Estado para un par de décadas. El documento «Euskadi 2006, hacia la libertad y la convivencia», aprobado el 13 de febrero por la dirección del PSE, aunque no enseña todas las cartas, permite atisbar esta posibilidad.
En manos de las fuerzas vascas que quieran ir más allá está activar los mecanismos de presión social y política para conseguir desbordar los planes iniciales diseñados en en el Palacio de La Moncloa y hacer imposible un acuerdo por debajo de los mínimos que hoy admite sin dificultades una mayoría social en Euskal Herria.
El PNV y sus temores
El inicio de este proceso le pilla al PNV en una estrategia interna de arriar las velas soberanistas que desplegó en 1998 y que a la dirección que domina Josu Jon Imaz le parecen excesivamente audaces. Según el documento del EBB hecho público en octubre de 2005, su horizonte podría situarse en lograr la aceptación formal del derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro, combinado con un mantenimiento de los actuales ámbitos institucionales pero con mayores competencias, lo que incluiría cierta presencia en la Unión Europea y fórmulas para estrechar lazos entre Nafarroa, la CAV y una inexistente entidad de Ipar Euskal Herria. En sectores abertzales se sospecha que el PNV podría intentar un acuerdo con el PSOE como el de CiU en el caso catalán, aunque eso tendría el coste de que no solucionaría el conflicto.
El PNV tiene el temor de que cualquier superación del actual marco político sea entendida por la sociedad, o al menos por los sectores abertzales, como una victoria de la izquierda abertzale en general y de ETA en particular. Los jeltzales son conscientes de que un proceso de estas características puede darle réditos electorales tanto a la izquierda abertzale como al PSOE. Esto lo tienen asumido, como avanzó el propio Imaz en la Asamblea Nacional del pasado 25 de febrero. Lo que no pueden asumir es que los cambios que se hagan se interpreten «dando a entender que el proceso estatutario ha sido ilegítimo», lo que supondría tener que admitir que su estrategia ha sido un fracaso.
Aunque es de justicia reconocer que el Estatuto de la CAV y el Amejoramiento de Nafarroa han posibilitado instrumentos de mejora de la gestión aun-que el PNV y UPN no siempre los han utilizado en beneficio de la mayoría, no es menos cierto que estos mismos instrumentos se podrían haber tenido con un marco más avanzado que hubiera reconocido hace 25 años el derecho a decidir y que no hubiera ahondado en la partición de Euskal Herria. Lo que también es indudable es que el marco estatutario no ha servido para resolver el conflicto.
La mayor preocupación del PNV ahora será la de presentar el proceso que en estos momentos se abre no como fruto de la lucha de la izquierda abertzale y de ETA, sino como consecuencia de su «derrota». Esto aparece reflejado en sus documentos, cuando plantean «como exigencia democrática que el diálogo resolutivo para el final del proceso no sea consecuencia de la violencia, sino de su cese», una disquisición casi metafísica pero de enorme trascendencia política si lo que se tiene en mente como le pasa al PNV no es que se abre un inmenso campo de posibilidades para el país, sino que las mejoras pueden «ser adjudicadas a la cuenta de resultados de ETA».
El vertice del Acuerdo
En el tercer vértice del triángulo se ha colocado tradicionalmente a Batasuna. Sin embargo, desde esta formación se viene declarando desde hace algún tiempo que ese espacio lo considera compartido con quienes suscribieron el Acuerdo Democrático de Base y que los pasos que se den habrán de darse de común acuerdo.
El Acuerdo Democrático de Base, suscrito en marzo de 2005 por medio de centenar de organizaciones políticas, sindicales y sociales, entre las que se hallan los partidos Batasuna, EA, Aralar, AB, Zutik y ANV y los sindicatos ELA, LAB, STEE, ESK, EHNE e Hiru, y que se fundamenta en el principio de que «toda la ciudadanía de Euskal Herria ha de ser consultada sobre su futuro mediante el procedimiento consensuado entre los agentes».
El objetivo de este polo radica en abrir para el conjunto del país un escenario en el que todas las opciones puedan ser defendidas en igualdad de condiciones y posibilidades de consecución si son mayoritaria y democráticamente refrendadas por la ciudadanía. Una vez llegados a este estadio, cada partido defendería su propia propuesta de futuro y sería la capacidad de convencer a la ciudadanía, y no los límites exteriores impuestos, los que determinarían la viabilidad de un proyecto político para el futuro de Euskal Herria.
Estos tres vértices habrán de encontrarse ahora en una mesa de negociación política, cuyas bases han estado trabajándose en los últimos meses pero de la que poco o nada se sabe. Es posible que incluso sea necesario inventar un nuevo lenguaje para que las viejas palabras no se conviertan en tabúes y no supongan un lastre para avanzar.
De lo que no cabe duda es de que el nuevo tiempo en el que acabamos de entrar no se puede fiar todo a las élites políticas. Es preciso que la ciudadanía siga de cerca todo el proceso y tome la palabra cuando lo considere oportuno. Esta es, sin duda, una de las grandes enseñanzas que Euskal Herria puede obtener de lo ocurrido con el Estatut de Catalunya.