Miembros de la Plataforma por la Renta Básica de Extremadura llevan varios días acampados, pese al frío, frente a una oficina del Servicio Extremeño Público de Empleo en Mérida, junto con miembros de otros colectivos y personas en paro. En el manifiesto que difundieron reclaman la implantación de una renta básica, empleo público y el […]
Miembros de la Plataforma por la Renta Básica de Extremadura llevan varios días acampados, pese al frío, frente a una oficina del Servicio Extremeño Público de Empleo en Mérida, junto con miembros de otros colectivos y personas en paro. En el manifiesto que difundieron reclaman la implantación de una renta básica, empleo público y el fin de los desahucios, ante la calamitosa situación social que padece la región. Los acampados han adoptado el nombre de Campamento Dignidad, en una lucha que converge con otras iniciativas como la dación en pago. Recientemente, se unieron compañeros de Plasencia.
La decisión de acampar se produjo después de que en enero la mesa del Parlamento extremeño rechazara tramitar, por razones procedimentales, una Iniciativa Legislativa Popular a favor de la implantación gradual de la Renta Básica como derecho individual, universal e incondicional. Aunque la acampada reclama también la creación de empleo público y el fin de los desahucios, la renta básica constituye una propuesta que la distingue de otras iniciativas. La ILP recogió en las oficinas de empleo 26.386 firmas. Desde que se planteó hasta su rechazo final el número de desempleados en Extremadura pasó de 130.000 a unas 152.000 personas, más de un tercio de las cuales carecen de cualquier tipo de cobertura. Mientras el Parlamento renunciaba a tramitar la ILP, el consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón (PP), presentó un proyecto de Ley de Renta Básica, según la propuesta realizada por Izquierda Unida. La diferencia fundamental entre el acuerdo pergeñado entre PP e IU y la ILP está en que aquél «pretende que haya una integración y una recuperación» de las personas «en situación de emergencia social«.
Lo que el gobierno extremeño del PP propone, con el beneplácito de IU, no es sino una reformulación de las existentes Ayudas para la Integración en Situaciones de emergencia social (AISES), cuya percepción ya «se vincula a la realización de actividades de inserción social y/o laboral por parte de los perceptores de las mismas«. Es decir, ambas están condicionadas a que los pobres busquen activamente su inserción en el precarizado mercado laboral. Una condicionalidad típicamente neoliberal que introduce la culpa como mecanismo de disciplinamiento y subjetivación. Si no consigues un empleo digno, es porque no te has esforzado o formado lo suficiente, por lo que no mereces recibir ese mínimo ingreso vital.
La universalidad e incondicionalidad de la renta básica molesta a quienes consideran que la dignidad humana debe supeditarse a la relación salarial -esencialmente desigual-, ya se sitúen a izquierda o a derecha. Ignacio Fernández Toxo lo expresó de manera muy clara hace unos días en el X Congreso Confederal de Comisiones Obreras: «el nuevo paradigma no es el emprendimiento. Sigue siendo el trabajo, el trabajo asalariado«, aunque este sea más servil. Solo se reconoce como productivos a quienes acceden a un empleo (o a los que «crean» empleos), olvidando toda la actividad humana no reconocida -o mal reconocida- por la figura del trabajo asalariado, en el que se basa la representación sindical y patronal tradicional. Pero esto no es nada nuevo, constituye el paradigma del capitalismo industrial, no el del capitalismo de las últimas décadas.
Con su acción, la plataforma arremete por tanto contra los últimos vestigios de este pensamiento único de la izquierda institucional, que con el lema «no hay salvación fuera de la relación salarial» está contribuyendo en la práctica a la consolidación de sistemas de workfare, donde las prestaciones sociales se asemejan a deudas que hay que devolver con trabajo. Olvidan que el salario que percibe la mayoría normalmente representa, más que nunca, una fracción mínima de la riqueza productiva colectivamente, y que los trabajadores precarizados han tenido que complementar sus sueldos con transferencias sociales -condicionadas a la valorización del capital- o rentas inmobiliario-financieras. Los recortes a las primeras y el hundimiento de las segundas está produciendo una generación de trabajadores empobrecidos y de desempleados abocados a la informalidad.
Por el contrario, en las últimas décadas se abrió «la posibilidad de fundar la producción y reproducción de la humanidad sobre algo diferente al trabajo asalariado«, como escribió Maurizio Lazzarato en defensa de un ingreso garantizado para todos hace ya diez años. Frente a las variantes asistenciales que emplean el término «renta básica«, la garantía de ingresos para todas las personas debería ser «un arma que sirva para sustraerse de la lógica de la valorización capitalista, para afirmar la independencia y la autonomía de las multitudes, y una condición de éxodo constituyente con respecto al espacio estatal«. No es que una renta básica por sí sola vaya a conseguir todo esto, pero su progresiva implantación determinaría un cambio estructural de tendencia, obligaría a repensar la fiscalidad y supondría un reconocimiento del común.
Conforme se desintegran los sistemas de protección social, el debate sobre la renta básica parece ganar terreno poco a poco, pese al ninguneo mediático. En Cataluña una iniciativa a favor de una renta garantizada de ciudadanía -que, como escribe Daniel Raventós, es importante pero menos ambiciosa que una renta básica- se enfrenta al rechazo del Govern. Mientras, una iniciativa ciudadana europea de origen alemán, registrada el pasado mes de enero, propone que la Comisión Europea promueva una renta básica incondicional entre los Estados miembros. En este caso, sin una campaña europea desde otras plataformas y con fuerte apoyo español o francés difícilmente podrán conseguir el millón de firmas necesario (es posible apoyarles hasta enero de 2014). Sería deseable que todas estas acciones se comunicaran y convergieran.
Los acampados de Mérida pasaron de las firmas a la calle. Su dignidad nos interpela. Nuestra dignidad deberá ser la base de un nuevo paradigma.