El final de 2016 y el comienzo de 2017 van a ser fundamentales para el futuro próximo de la cooperación al desarrollo en Euskadi y en el conjunto del Estado y, especialmente, para las ONG que apostamos por la transformación social desde paradigmas emancipadores. A pesar de las diferencias que presenta la cooperación al desarrollo […]
El final de 2016 y el comienzo de 2017 van a ser fundamentales para el futuro próximo de la cooperación al desarrollo en Euskadi y en el conjunto del Estado y, especialmente, para las ONG que apostamos por la transformación social desde paradigmas emancipadores.
A pesar de las diferencias que presenta la cooperación al desarrollo en la CAV y en la administración central, el arranque prácticamente simultáneo de la XI Legislatura autonómica y de la XII estatal nos ofrece la oportunidad de construir una matriz de análisis equivalente construida a partir de las continuidades materiales y subjetivas de ambas realidades administrativas.
Una mirada superficial a la cooperación vasca y estatal puede ofrecer una primera impresión distorsionada, en la que el gobierno de Gasteiz aparece como un ejemplo de compromiso frente al abandono y desprecio del que sus homólogos en Madrid han hecho gala durante los últimos 5 años. Sin embargo, existen factores que evidencian coincidencias profundas entre Gasteiz y Madrid que actúan como barreras para el desarrollo de estrategias de transformación social en las que las organizaciones de la sociedad civil tengan un papel central.
La construcción de una agenda política de cooperación al desarrollo, vasca y estatal, para las organizaciones populares, los movimientos sociales y las ONG internacionalistas, debería basarse en los elementos comunes y subyacentes a ambas realidades, transformándolos en objetivos claros sobre los que incidir colectivamente.
El primer punto de la agenda debería incidir en el marco más global y exigir el abandono del paradigma asistencialista y conservador y su superación por un marco teórico que apoye los procesos políticos, económicos y sociales con aspiraciones de radicalidad transformadora. Si los compromisos adquiridos formalmente por la administración vasca y estatal son sinceros, es urgente olvidar enfoques dirigidos únicamente a la cobertura de las necesidades más básicas y adoptar mecanismos que permitan el apoyo sostenido a los proyectos emancipadores de los movimientos sociales y organizaciones populares.
En este esfuerzo, una medida útil podría ser la incorporación de valores de referencia que permitan interpretar la realidad a partir de magnitudes más realistas, como el Índice de Gini o el de Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad, dejando a un lado las variables economicistas que hacen imposible discriminar problemas tan graves como la inequidad en el acceso a la renta o la participación política en términos de igualdad.
Tanto la cooperación estatal, en su V Plan Director, como la vasca, en sus esperados documentos de estrategia país, tienen una oportunidad inmejorable para poner negro sobre blanco las medidas necesarias para avanzar en esta dirección.
Un segundo objetivo, que supone la traslación del primero a un nivel más cercano a la práctica de gobierno, debería ser la asunción de los principios de la cooperación transformadora como ejes vertebradores de la política exterior.
En la actualidad, los documentos estratégicos de política exterior de ambas administraciones (Estrategia de Acción Exterior para el caso estatal y Plan de Acción Exterior 2014-2016 para el vasco) son elaboraciones teóricas basadas en la diplomacia económica, en la que los intereses privados de los propietarios de capital se confunden con los de la proyección exterior de España y Euskadi, respectivamente. Esta inercia, fortalecida por los consensos ideológicos construidos al calor de la hegemonía del proyecto neoliberal, es incompatible con los compromisos adquiridos en relación a los derechos humanos y el respeto a la legalidad internacional (véase el tratamiento dado en estos documentos a Marruecos y a Israel), con la eliminación de todas las formas de opresión, con el respeto y protección del medio ambiente como legado a las generaciones futuras y con la equidad de género y la reducción de las brechas sociales, por poner solo algunos ejemplos a partir de los cuáles se fundamenta la cooperación al desarrollo.
El tercer objetivo debe orientarse a la concreción presupuestaria de esos compromisos, dotando a la política de cooperación al desarrollo de los recursos económicos, técnicos y materiales suficientes para que sea eficaz.
La incidencia que las organizaciones sociales tenemos que hacer en la realidad vasca y estatal tiene que ser diferenciada, ya que la situación actual es sensiblemente diferente. Mientras que el gobierno español ha reducido la cooperación al desarrollo a su mínima expresión, situándola por debajo de los niveles previos al ingreso en la OCDE, la reducción llevada a cabo por Gasteiz ha sido mucho más moderada, aunque el esfuerzo presupuestario de 2015 y 2016 se mantiene muy alejado de los compromisos firmados.
El cuarto objetivo tiene que focalizarse en la democratización de la política exterior y de cooperación al desarrollo. Para ello, la participación de las organizaciones sociales en las fases de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas tiene que ampliarse y fortalecerse.
Tenemos que reivindicar el establecimiento de mecanismos de consultas y rendición de cuentas, donde la administración pública y la sociedad organizada puedan dialogar, debatir y confrontar posturas que enriquezcan la presencia en la arena internacional de las instituciones vascas y estatales.
Las convocatorias de subvenciones públicas en régimen competitivo han alterado profundamente la naturaleza de esta participación, limitándola a la lucha por el acceso a recursos y encorsetándola en unos principios y prioridades que dibujan ese marco asistencialista que tenemos que denunciar.
El quinto objetivo, como síntesis de los cuatro anteriores, es la recuperación de los instrumentos de financiación a medio plazo como medio para que las organizaciones de la sociedad civil puedan implementar, en acciones concretas, la política de cooperación orientada a la transformación social.
En los últimos años, tanto el gobierno español como el vasco han abandonado la financiación de convenios y programas, respectivamente. Ambos instrumentos permitían a las ONG, a pesar de sus carencias y rigideces, planificar a medio y largo plazo el apoyo a los diferentes procesos a partir de la previsibilidad del acceso a recursos y superar el enfoque asistencial y cortoplacista de los proyectos tradicionales.
La recuperación de estos instrumentos, u otros similares que corrijan los problemas identificados por las administraciones y las ONG, es un elemento fundamental para poder viabilizar esta agenda alternativa en su conjunto.
Desde el respeto a las identidades históricas de la cooperación estatal y vasca, es momento de exigir el cumplimiento de esta agenda transformadora e internacionalista.
Antonio José Montoro Carmona (@amontoro1979)
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