Desde el comienzo de la crisis el aumento de las personas que han tenido algún problema de salud mental ha sido innegable, así como el del número de suicidios, sin duda, la consecuencia más dramática de un problema de salud mental. Esto ha sido debido, principalmente, a las políticas de recortes y de austeridad de […]
Desde el comienzo de la crisis el aumento de las personas que han tenido algún problema de salud mental ha sido innegable, así como el del número de suicidios, sin duda, la consecuencia más dramática de un problema de salud mental. Esto ha sido debido, principalmente, a las políticas de recortes y de austeridad de los diferentes gobiernos centrales que han sido apoyadas por las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos.
Cualquier persona ajena al sector de la salud mental podría esperar que esta situación fuera denunciada por las empresas que trabajan en este ámbito, designadas así mismas con eufemismos como entidades o instituciones, y que emprendieran un movimiento de protesta para revertir esta situación, es decir, que trabajaran para mejorar la salud mental de la población, lo que se supone que debe ser su fin. Al contrario, asistimos a una lucha de estas empresas por acaparar políticos que acudan a sus eventos donde volverán a repetir sus fabulosos propósitos al lado de aquellos que niegan los suficientes recursos económicos alegando su escasez, mientras, apoyan la creación de un artículo en la constitución, el 135, donde se especifica que es más importante el pago de la deuda bancaria que la financiación de los recursos para las personas con algún problema de salud mental. Por supuesto la crítica hacia estas decisiones políticas es inexistente y asistimos a un enorme ejercicio de hipocresía.
Que la salud mental es un negocio está claro, actualmente grupos de capital de alto riesgo de Alemania se han fijado en este sector como una fuente de inversión y por supuesto de beneficio. Para comprender esto baste decir que la Comunidad de Madrid otorga a una empresa de este tipo 93€ por persona y día en un contexto residencial, es decir con lo que genera una persona pueden pagar el sueldo de dos profesionales. De esta forma los usuarios/as se convierten en un bien preciado, son considerados como medios de producción con los que obtener una plusvalía, actualmente asistimos al deseo de estas empresas de ampliar el número de plazas en sus recursos en mayor proporción que sus plantillas profesionales. De esta manera el beneficio aumenta de manera exponencial siendo posible invertir en nuevos recursos o en aumentar los sueldos de los cargos que dirigen estas compañías. Resulta imposible saber su salario, así como los complementos económicos que tienen el resto de personal directivo, lo que supone una total falta de transparencia que es consentida por el poder político el cual encuentra en esta fundaciones, asociaciones y demás organismos, un fiel aliado que no cuestione su estatus ni organice ningún movimiento de protesta que reivindique mayor justicia social.
Estas empresas que presumen de integración y de cuidar a sus trabajadores son aquellas que apenas pagan el salario mínimo a sus empleados con discapacidad alegando que al menos tienen un trabajo, pues de lo contrario con su discapacidad no podrían conseguir ninguno, mientras asistimos a su despliegue de acciones anti estigma y propósitos de integración.
El resto de trabajadores no tienen una situación muy diferente, años de congelación salarial, algunas empresas llevan pagando los mismos salarios que en el año 2011, lo que supone vivir peor con su trabajo, pérdida de días de vacaciones, eliminación de los trienios… recortes todos ellos motivados, según estas empresas, por la crisis económica y por la difícil situación que atraviesan. Esta excusa supone un formidable acto de cinismo por parte de unos organismos que mientras empobrecen a sus trabajadores organizan acciones formativas en las cuales los docentes, en la mayoría de los casos muy vinculados a dichas empresas, reciben unos salarios por cuatro horas que pueden ascender a dos semanas de trabajo de cualquier profesional, o realizan viajes para «reflexionar» que suponen un traslado durante un par de días a otra ciudad con los gastos que ello conlleva. Todo esto es más hiriente si pensamos que estas actitudes se realizan con dinero público, un comportamiento que debería ser denunciado por unos sindicatos que jamás, al menos hasta ahora, han mostrado interés por el sector de la diversidad funcional.
Es imprescindible exigir a los llamados agentes sociales que tengan el mismo discurso que mantiene con la sanidad y la educación, es decir, que luchen por la dignidad profesional de las personas que se dedican a este ámbito. El sueldo de una persona que trabaje en los sectores mencionados prácticamente dobla a la remuneración que recibe alguien que trabaje en el sector de la salud mental y que tenga una titulación equivalente. Aunque todo esto debe venir mediante la organización de los trabajadores, es imprescindible luchar por el reconocimiento que se merecen y dejar en el olvido frases que la patronal ha querido hacer vuestras como «la satisfacción personal es más importante que el dinero» o «me gusta lo que hago y con eso me doy por satisfecho». Vuestra profesión es de vital importancia en la sociedad y como tal debéis considerarla.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.