Los auditores oficiales de la Administración gallega han destapado graves irregularidades en la gestión de la Xunta gobernada por el Partido Popular. Analizando las cuentas del Gobierno durante los últimos dos años de mandato de Manuel Fraga, el Consello de Contas ha detectado despilfarros millonarios en proyectos como la organización del año jacobeo o la […]
Los auditores oficiales de la Administración gallega han destapado graves irregularidades en la gestión de la Xunta gobernada por el Partido Popular. Analizando las cuentas del Gobierno durante los últimos dos años de mandato de Manuel Fraga, el Consello de Contas ha detectado despilfarros millonarios en proyectos como la organización del año jacobeo o la construcción de un faraónico complejo cultural en Santiago. El informe también revela tratos de favor a socios de altos cargos del gobierno del PP, a empresarios vinculados al partido y a grandes compañías como Unión Fenosa.
El ex presidente gallego Manuel Fraga se empeñó a finales de los noventa en levantar a las afueras de Santiago un descomunal complejo cultural que sólo en gastos de mantenimiento absorbería 48 millones de euros al año. Los auditores oficiales de Galicia han revelado ahora que el proyecto, llamado Cidade da Cultura, le saldrá a las arcas públicas incluso mucho más caro de lo esperado. Lo invertido en la obra supera ya los 373 millones, el triple de lo previsto, y su utilidad está cuestionada. Las cuentas de este agujero negro fueron auditadas por un socio de varios altos cargos de Fraga.
El Consello de Contas, órgano fiscalizador de la Administración gallega, acusa al anterior Gobierno del PP de «abdicar de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos». Con esta actitud en el manejo del dinero de los gallegos, el equipo de Fraga provocó, por ejemplo, que los gastos de ejecución de la Cidade da Cultura se hayan triplicado en favor del autor del proyecto, el arquitecto Peter Eisenman.
Eisenman acordó con la Xunta en 2000 unos honorarios de casi 14 millones de euros, que crecerían proporcionalmente si así lo hacía el presupuesto de la obra, tal y como ocurrió. Además de estos jugosos ingresos, el arquitecto estadounidense recibió carta blanca para actuar con «total libertad presupuestaria».
Cuando en 2005 socialistas y nacionalistas tomaron las riendas de la Xunta, encomendaron a un comité de sabios la labor de enderezar en lo posible este faraónico proyecto dándole contenido a los edificios del complejo. El Consello de Contas critica también que estos asesores contratados por el bipartito gocen de competencias excesivas en las decisiones de gasto. El ejemplo más extremo es el de los expertos encargados de hacer viable una biblioteca: impulsaron la construcción de un aparcamiento para los futuros trabajadores del recinto que costará «seis veces más» que los fondos bibliográficos.
El supuesto control de las cuentas de la fundación que gestiona la construcción de este complejo ha estado en manos de una empresa que logró sustanciosos contratos del Gobierno de Fraga. El responsable de esta sociedad es una persona cercana el PP gallego. Auditores Asociados de Galicia tiene como administrador a Francisco Loimil, que ahora es socio de varios ex altos cargos de la Consellería de Cultura, el departamento del que depende la ejecución de la Cidade da Cultura. Su esposa trabaja en la fundación que dirige el proyecto.
Loimil es secretario, consejero y administrador de la empresa Comunled, SA, en la que figuran José Manuel Soto Vázquez y José María Sánchez González, ex altos cargos de la citada consejería, y Francisco Campos Freire, anterior director general de la radio y televisión autonómicas.
En Comunled aparecen directivos de grandes empresas que tuvieron también relación con la consultora que se encargó de controlar las cuentas de la Cidade da Cultura. Estas compañías patrocinaron el Xacobeo a través de Auditores Asociados de Galicia, otro de los trabajos que esta sociedad hizo para el Gobierno gallego. Por lograr patrocinadores, la compañía de Loimil le cobró a la Xunta más de 4 millones de euros, pese a que había otra empresa que ofrecía el mismo servicio por 47.996 euros. Otro organismo público, la Fundación Galega para o Deporte, le pagó a Auditores Asociados de Galicia más de un millón de euros por buscar patrocinadores, tras un concurso que, según los auditores oficiales, se diseñó a medida.
Socios de Loimil en Comunled son Ricardo Oñate Fernández, secretario general de Leche Pascual; Ángel Barutell Farinós, director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, y Rafael Cortés Elvira, ex secretario de Estado para el Deporte en los gobiernos socialistas. También ha formado parte de esta sociedad Carlos Illa Martínez, ex director de Patrocinios y Cuentas Publicitarias de Telefónica España.
El chófer constructor del presidente de la Diputación
Los desaguisados en la gestión de los municipios también han encontrado espacio en la memoria del organismo fiscalizador. En varios folios, el Consello de Contas se extiende en los procedimientos utilizados por el Ayuntamiento de Ribadumia (gobernado por el PP) para amañar concursos que favorecieron a la empresa creada por el chófer del presidente de la Diputación de Pontevedra y concejal en esa localidad, Rafael Louzán, que también preside el PP provincial.
La sociedad Pavimentos de Meaño obtuvo más de la mitad de los contratos de obra (301.578 euros) adjudicados en el Ayuntamiento durante 2003. Para ello, el gobierno local fraccionó los contratos hasta el límite legal con el fin de evitar la libre concurrencia a los concursos públicos. A través del procedimiento negociado, basta con que se presenten tres empresas a las adjudicaciones. Dos de ellas lo hicieron incumpliendo de forma flagrante las bases para que Pavimentos de Meaño se llevara los contratos.
Las tres sociedades que teóricamente competían entre sí tienen claras vinculaciones. Las dos que perdieron presentaron idénticos números de teléfono y de fax y, además, la responsable que firmó las recepciones municipales de ambas compañías figura como apoderada de la tercera, Pavimentos de Meaño, que por este procedimiento se hizo con las obras. La empresa creada por el chófer del líder provincial del PP vive exclusivamente de las obras públicas. El 93% de sus ingresos en 2005 (2,4 millones) provino de contratos de la Diputación y de municipios con alcalde del PP.