La Comunidad Valenciana ha sido intervenida, pero parece que nada de esto estuviera ocurriendo. No hay grandes titulares, no hay críticas de la oposición, no se «asusta» a la población y no nos invaden «los mercados». ¿Qué está pasando? Hay quien diría que se trata de una omertà responsable (ese término eufemístico usado entre los […]
La Comunidad Valenciana ha sido intervenida, pero parece que nada de esto estuviera ocurriendo. No hay grandes titulares, no hay críticas de la oposición, no se «asusta» a la población y no nos invaden «los mercados». ¿Qué está pasando?
Hay quien diría que se trata de una omertà responsable (ese término eufemístico usado entre los súbditos políticos de los financieros para llamar al silencio conveniente), pero no parece un argumento consistente; porque nadie medianamente serio creería que los presuntos buitres financieros no iban a conocer los hechos, porque se silencie parcialmente desde medios e instituciones una evidencia legalmente documentada.
Obviamente la razón es otra. Se trata por un lado, de no airear las vergüenzas políticas propias, y por otro de no dificultar una tarea de expolio de bienes públicos y destrucción de derechos sociales.
Que nadie se alegre por la intervención. No se interviene para salvar al pueblo de la mala gestión de los dirigentes Populares de la CCAA, no. Se establecen mecanismos para asegurarse el cumplimiento del famoso déficit, a costa de quien sea, caiga el presupuesto que caiga.
Y se silencia todo esto porque en esta fórmula intervencionista de las muñecas rusas, va a ser muy complicado esconder que los próximos recortes brutales que se acometerán en Valencia, serán por exigencia del gobierno central (el cual también aplica medidas bajo mandato externo).
¿Por qué ha sido esta la primera Comunidad en ser intervenida?
En un principio por la nefasta gestión y el derroche en las cuentas públicas que «forzaron» a ser rescatados por el gobierno del Estado por el inminente impago de los créditos contraídos con entidades financieras extranjeras ante el vencimiento de una emisión de «Bonos patrióticos», a la que no se podía hacer frente. Pero también para derivar responsabilidades en un juego de confusión necesario para evitar airadas respuestas civiles.
¿Y qué mecanismos se utilizarán?
Un nuevo organismo funciona plenamente desde ayer en la Comunidad Valenciana. La viceintervención de control financiero, para cuya creación ha sido necesario modificar (enlace al Decreto) la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat y su normativa de desarrollo, elaborará un informe con carácter vinculante y cuyas conclusiones serán extensivas a áreas similares a las auditadas. La nueva unidad de viceintervención de control financiero de la Generalitat Valenciana, se ha dado un plazo de tres o cuatro meses para presentar su informe con recomendaciones para racionalizar el gasto de la Generalitat Valenciana. Un documento cuyas recomendaciones serán «totalmente vinculantes» para las áreas auditadas y «homologable» para otros sectores, ha explicado el interventor general de la Generalitat, Salvador Hernández.
En concreto, ya se están preparando controles financieros especiales en las áreas de Sanidad; Educación, Formación y Empleo; Economía, Industria y Comercio; y Medio Ambiente. El objetivo inmediato es emitir un pronunciamiento sobre la adecuación de su gestión a la «racionalidad económica-financiera».
Por otra parte, el decreto reconoce rango de secretario autonómico a la persona titular de la Intervención General, con el objetivo de equiparar dos órganos superiores de la Generalitat que tienen un marcado perfil técnico, como son la Abogacía General y la Intervención General de la Generalitat.
Dentro de la labor de auditoría, se incluye también el servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente al cuarto trimestre de 2011 (este ejercicio tiene un presupuesto anual de 15,56 millones), y las contrataciones de las Consellerias de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua en 2011, por un importe de 59,73 millones.
Además, se fiscalizará el gasto de los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat en 2011, sobre la cuenta de gestión anual que éstos deben presentar antes del 31 de marzo, así como la gestión de las nóminas de personal de sustitución de los centros docentes dependientes de la Conselleria durante el primer trimestre de 2012.
La nueva unidad también analizará las nóminas del departamento de salud Valencia-La Fe relativo a atención continuada y guardias médicas, y sustitución y acumulación de tareas en el primer trimestre de este año.
El conseller de Economía ha afirmado que la nueva unidad no es «una policía» sino más bien «una tutela, y en muchos casos, espero, un confesor».
Las pocas declaraciones públicas de los portavoces de la oposición del PSPV-PSOE han sido silenciadas, o mínimamente difundidas. Y hay que entender que con la connivencia de los propios interesados, porque es obvio que si lo desean tienen medios para favorecer la difusión de las mismas. Simplemente se ha tratado de «cubrir el expediente» con el menor ruido posible.
Pero que no se preocupen, porque nosotros las vamos a reproducir (y esperamos que vosotros las difundáis):
Del 5 de enero de 2012 (desde entonces nada más se ha hecho público):
El portavoz socialista en Les Corts y secretario general de los Socialistas Valencianos, Jorge Alarte, ha manifestado que es «dramático que la solución sea que nos intervenga el Gobierno de España, porque eso significa que ninguna entidad creditícia europea se va a fiar de la Generalitat Valenciana, de sus empresas, ni de las instituciones aquí radicadas durante la próxima década».
De esta forma se ha pronunciado el síndic socialista en una rueda de prensa, tras reunirse de urgencia con el equipo económico del Grupo Parlamentario en Les Corts, en la que ha señalado que «Fabra es un irresponsable por no haber tomado medidas económicas, condenándonos así al infradesarrollo». Alarte ha reiterado que «la intervención del Gobierno de España supone la pérdida de toda autonomía financiera y el descrédito para nuestras empresas, nuestras universidades y nuestras instituciones para los próximos años».
¿Conocíais esta información?
Valencia es ya como una Grecia interna. Unos señores a los que nadie ha votado, controlan con poder absoluto el erario público y los presupuestos autonómicos. Y no tardaremos en comprobar cómo las medidas de los «tecnócratas» acaban con una gran parte del poco «medioestar» que nos queda. ¿Lo consentiremos?
Fuente: http://iniciativadebate.org/2012/02/03/ccaa-valenciana-una-autointervencion-teledirigida/