Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur del Bolívar (FEDEAGROMISBOL) e integrante del Coordinador Nacional Agrario (CNA), fue asesinado el pasado 21 de abril en el municipio de Santa Rosa del Sur (departamento de Bolívar); el líder campesino había recibido amenazas, y denunciado la presencia de grupos paramilitares en las zonas rurales de Arenal, Santa Rosa y Morales (Sur de Bolívar).
La revista Independiente Raya aborda, en una parte significativa de sus artículos, la realidad del paramilitarismo; por ejemplo, el 9 de junio, la investigación con fotografías, textos y documentación titulada El plan del Clan del Golfo para copar el sur de Bolívar y exigir reconocimiento político, del periodista Camilo Alzate.
Una semana después de la publicación, el padre Javier Giraldo añadía -en una carta a la revista- elementos del contexto; “la estrategia que ustedes denuncian sobre el Sur de Bolívar revela que (estas estructuras paramilitares) siguen las mismas pautas que en Urabá”, afirmaba el jesuita defensor de los derechos humanos.
Los crímenes contra defensores y la violencia paramilitar fueron dos de los puntos tratados en el conversatorio Construyendo comunidad frente al control territorial armado. Catatumbo y Sur de Bolívar, que se celebró el 16 de octubre en la sede de CEDSALA en Valencia.
Organizado por la Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia y la ONG Paz con Dignidad, en el acto participaron la integrante del Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) -organización campesina de base-, María E. Ciro Zilueta; y el agricultor y Fiscal de la FEDEAGROMISBOL, Pablo de Jesús Santiago Quintana, que representa a la citada Federación en el CNA y el Congreso de los Pueblos.
La ONG Indepaz apunta que 144 líderes sociales han sido asesinados entre enero y el 16 de octubre de 2024 en Colombia; en cuanto al número de masacres (homicidio de tres o más personas en estado de indefensión), suman 57 con 200 víctimas, durante el mismo periodo.
Uno de los últimos casos reportados
-el mismo día del conversatorio– es el del dirigente comunal Juan Diego
Cubides; el homicidio se produjo en el municipio de El Bagre (Antioquía), donde
están presentes –entre otras organizaciones paramilitares- el Ejército
Gaitanista de Colombia (EGC); la víctima ejerció como vicepresidente de la
Asociación de personas con discapacidad y víctimas de El Bagre.
En el acto de CEDSALA, los dos defensores de derechos humanos subrayaron la importancia de las desigualdades en el contexto agrario; las ONG han hecho hincapié –durante años- en estos desequilibrios; por ejemplo en el libro Concentración de tierras en Colombia: una radiografía rural, de Cristina Díaz Díaz y Ada López Bayona (Oxfam y Debate, 2021).
La investigación detalla que Colombia es el país con mayor desigualdad en la distribución de la tierra de América Latina; en concreto, el 1% de las explotaciones de mayor tamaño controlan el 81% de la tierra, mientras que el 99% restante maneja menos del 20% (Oxfam, 2016 y Departamento Nacional de Estadística DANE-CNA, 2014).
Otro punto de interés es la relación entre la agroindustria y producción de alimentos; de hecho, según las investigadoras, “en las últimas décadas los cultivos permanentes –fundamentalmente destinados a la agroexportación- se han expandido hasta ocupar el 75% de la superficie total cultivada”; de modo que han ido desplazando a la producción de cereales, hortalizas y legumbres (Censo Nacional Agropecuario CNA-2014).
Cristina Díaz Díaz y Ada López Bayona completan la radiografía sobre la desigualdad con referencias al peso del latifundio; son actualmente mucho mayores que en las pasadas décadas, de manera que cerca de 700 megafincas controlan la mitad del territorio censado; este porcentaje contrasta con el de las pequeñas explotaciones familiares: cerca de un millón y medio en menos del 3% del territorio.
María E. Ciro Zilueta situó el foco –en el conversatorio de Valencia- en el trabajo de las mujeres campesinas (Naciones Unidas conmemoró el 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales); en 1950 “más de la mitad de las mujeres -56 de cada 100- vivían en el campo. Hoy, ese número ha disminuido, llegando a 22 de cada 100” (ONU Mujeres, Colombia con datos del DANE).
El panorama colombiano puede complementarse con la brecha de género; de este modo, son mujeres el 89,5% de quienes –en el mundo rural- dedican ocho horas o más (diarias) al trabajo no remunerado (DANE, ENUT, 2021); también son apreciables las desigualdades respecto a la pobreza multidimensional en los hogares –del ámbito rural- en función del género: el 27,8% en el caso de jefatura femenina, frente al 23,6% si es masculina.
El CISCA y FEDEAGROMISBOL estuvieron entre las más de un centenar de organizaciones –colombianas e internacionales- que convocaron la Caravana por la Paz, la Vida y la Permanencia en el Territorio finalizada el pasado 23 de agosto en Cali; con inicio en Bogotá, 187 activistas de 14 nacionalidades recorrieron –durante más de cuatro semanas- el Oriente antioqueño; Sur de Bolívar; Arauca; Chocó; Valle del Cauca y Cauca.
María E. Ciro Zilueta y Pablo de Jesús Santiago Quintana han destacado algunas de las conclusiones de la Declaración política, realizada al cierre de la ruta solidaria; por ejemplo, el “repunte del paramilitarismo y sus nuevas estrategias para el control de las comunidades y la desarticulación de los movimientos comunales de resistencia”.
La Declaraciónhace referencia a la infiltración paramilitar en los procesos organizativos, materializada en la ocupación de cargos en las Juntas de Acción Comunal y las estructuras de autogobierno (“a través de ONG de derechos humanos y desarrollo comunitario que sirven como fachada” a las organizaciones paramilitares).
Estos grupos operan en los territorios al servicio de los intereses del extractivismo, el narcotráfico y para el control del comercio, el agua, la madera o las vías de comunicación, resalta el escrito de conclusiones; “predomina el reclutamiento forzoso de menores y jóvenes como carne de cañón, que son también utilizados para realizar atentados” contra líderes sociales, denuncia la Caravana.
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