A poco más de cuatro meses de asumido el gobierno de Gabriel Boric, las ilusiones que generó su llegada en amplios sectores chocan con la realidad de la crisis económica que golpea fuertemente a las familias trabajadoras.
Pese a un repunte en la última semana, su aprobación sigue en números rojos. Y en ese marco se aproxima el plebiscito de salida de la nueva Constitución, marcado para el 2 de setiembre.
Desde las distintas toldas políticas le ponen diferentes palos a la rueda de la nueva Carta Magna. El alza que ha experimentado el Apruebo va de la mano con el crecimiento del Gobierno en cuanto a evaluación ciudadana y a la labor que el Ejecutivo ha realizado combatiendo las noticias falsas que rodean el proceso.
«La campaña informativa se cruza en este caso particular, como un mecanismo de contención a algo que es tremendamente preocupante y que erosiona las bases de la democracia, que son las fake news”, señala Rodrigo Espinoza, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. “Estamos ante una espiral de noticias falsas que es realmente alarmante, donde incluso hay acusaciones de versiones de la propuesta de nueva Constitución con artículos falsos», añadió.
«El crecimiento que tuvo el presidente Gabriel Boric en la última encuesta se traspasó inmediatamente al Apruebo y por eso que se marca una inflexión respecto del predominio que venía teniendo el Rechazo en las encuestas, afirma Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.
¿Desigualdad? En Chile, el uno por ciento más rico controla el 49.6 por ciento de la riqueza, mientras miles y miles de familias sobreviven en campamentos, en viviendas ultraprecarias, sin servicios fundamentales. Tras la pandemia se incrementó en un 14.2 por ciento el número de pobres, llegando a más de 890 mil los indigentes sumidos en la extrema precariedad.
No se puede desconocer que en esta realidad socioeconómica la preocupación del pueblo está fija en la resolución de los problemas de su cotidianeidad y que el objetivo de nueva Constitución poco les importa a los millones de chilenos que deben por obligación concurrir a las urnas. En la democracia chilena prevalecen demasiadas inequidades e injusticias, pese a contar con un gobierno que se proclama de izquierda.
Luego de cincuenta años la izquierda regresa a La Moneda. Sin embargo, ni Chile ni la izquierda son los mismos que en aquel entonces. Los problemas y desafíos tienen que ver con ello. La «vía chilena al socialismo» de Salvador Allende se apoyaba en una organizada clase trabajadora y en sólidos sectores medios, profesionales e intelectuales,
El actual gobierno debe conducir a una sociedad cuya fisionomía ha sido forjada por medio siglo de neoliberalismo y que experimenta las contradicciones de un modelo económico y social que ha profundizado las desigualdades, precarizado el trabajo, mercantilizado todas las dimensiones de la vida, debilitado a los partidos de izquierda y a las organizaciones sindicales, al tiempo que ha elevado considerablemente los niveles de consumo y educación de amplios sectores de la población.
La nueva Constitución
El debate público se ha concentrado en la discusión sobre la aprobación o rechazo a la nueva Constitución y los partidos políticos se han ido alineando. A favor del rechazo se ubicó toda la derecha junto a algunas resucitadas figuras de la Democracia Cristiana, sectores marcados por un gran repudio de parte de la población, pero que el gobierno de Boric permitió que volvieran a tomar aire al calor de las discusiones de seguridad, represión y orden público.
El texto propuesto por la Convención reconoce una serie de derechos que fueron negados por décadas por los políticos empresariales, cuestión que se ganó en las calles. La expectativa es terminar con los aspectos más irritantes de la herencia de la dictadura, aunque aquello choca con una situación económica compleja, con inflación, mayor desempleo y salarios que se pulverizan ante el costo de la vida.
Ni la Convención ni el gobierno de Boric han tomado medidas estructurales para que el pueblo no pague nuevamente, al igual que con los gobiernos neoliberales, los costos de la crisis. Los analistas señalan que de poco sirve que la Constitución hable de vivienda digna mientras el déficit habitacional sigue creciendo con precariedad y hacinamiento, o que se reconozcan derechos de los pueblos indígenas, pero no se le toque un pelo a la gran empresa forestal, responsables del robo de la tierra a las comunidades y de la destrucción del medioambiente.
Frente al alza del costo de la vida y del dólar, el gobierno entrega un paupérrimo bono invierno mientras miles de millones de dólares siguen yendo a los bolsillos de especuladores, banqueros y empresarios, a la vez que profundiza una agenda represiva con la aprobación de la ley de Infraestructura crítica, proyecto de la agenda securitaria del gobierno del neoliberal Sebastián Piñera.
Aprueba/rechazo
En el rechazo a la nueva Constitución se alinean también los principales gremios empresariales encabezados por Juan Sutil, presidente de la Corporación de Producción y el Comercio, que se unen en el discurso de “rechazar para reformar”, que esconde su defensa a la constitución heredada de la dictadura militar.
Buscan el rechazo a la nueva Carta Magna para mantener intactas sus ganancias: Credicorp Capital determinó que el alza de las acciones de Aguas Andinas, Forestal Arauco (Angelini) y la CMPC (Matte) se debía a que el rechazo va ganando en las encuestas. Agencias financieras internacionales como Fitch Group o JP Morgan y medios hegemónicos trasnacionales como The Economist también se pronunciaron por el rechazo o alertando las “incertidumbres” de la nueva Constitución.
El presidente Gabriel Boric sorprendió a propios y extraños al declarar que “Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva Constitución, pero no votó sólo esto, votó que quería una Constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin (…). De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”..
Sorprendió con un plan B que a nadie gusta, dado que hoy, en Chile, no corren buenos tiempos para romper el modelo neoliberal. Para el gobierno, la propuesta, aprobar para reformar, es una opción para evitar el rechazo, poniendo por delante -otra vez -el dilema del mal menor está sobre la mesa. Los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre, Por una nueva Constitución y la paz, buscan promover el Apruebo, para reformar luego en el Congreso, donde los artículos de hondo calado democrático serían limados.
El acuerdo del Senado del 20 de junio, dando el visto bueno a la propuesta que reduce el quórum para reformar la Constitución de 2/3 a 4/7 va en esa dirección. En palabras del senador de la derecha Rojo Edwards, «lo que estamos haciendo hoy es justamente dar certeza, seguridad a los chilenos que queremos una nueva y buena Constitución y no la que ha propuesto la Convención Constitucional, que no dio el ancho, que no fue capaz de construir una casa para todos y que sigue dividiendo a los chilenos».
Con el Apruebo no está solo “el pueblo” o “los movimientos sociales” ya que los partidos más importantes de la ex Concertación, el Partido Por la Democracia (PPD), la Democracia Cristiana y el Partido Socialista se plegaron al apruebo, y también empresarios y agencias financieras, preocupados mayormente por cómo se retoma la “gobernabilidad” y la estabilidad política, indispensable para resguardar sus negocios.
Este sector llama a “Aprobar para reformar”, para poder seguir la cocina constituyente iniciada en el Acuerdo por la Paz y luego en la propia Convención, para que en el Parlamento se modifique la nueva Constitución, reponiendo el Senado o limitando derechos a pueblos originarios. El gobierno se hizo parte y se abrió a una negociación común de puntos a reformar en caso de que gane el Apruebo, como dejan ver los dichos del presidente Boric.
De aprobarse la nueva Constitución será el actual Congreso el que implementará el nuevo texto y votará las leyes que bajarán a tierra las declaraciones generales del texto constitucional. Todos los partidos, incluyendo al Frente Amplio y el Partido Comunista, confluyen en la idea de llegar a «grandes acuerdos» en el Congreso para moderar la bajada concreta de la nueva Constitución o incluso reformarla cuando se apruebe.
El gobierno no cuenta con las mayorías en el Congreso para aprobar sus reformas, las tensiones entre las coaliciones que lo componen son un hecho, la derecha política y social no dará tregua y las fuerzas sociales populares que emergieron con la revuelta se sienten traicionadas y tienen todavía bajos niveles de organización. No se ven acciones del gobierno que apunten a cargar los costos de esta crisis a los sectores privilegiados.
Esta política, de una Convención alejada de las necesidades populares, ha jugado un rol clave en abrir el camino al fortalecimiento de la derecha y la extrema derecha, que vuelven a retomar la agenda con sus demandas reaccionarias. Millones de trabajadores, jóvenes y mujeres se han decepcionado por el nuevo gobierno y hoy escuchan el discurso de la derecha.
Sería otro balde de agua fría, otra traición a gran parte de la población que tiene expectativas de poder acabar con la Constitución de Pinochet. Pero también un significativo sector que incluso participó en la rebelión, se ha ido desilusionando en el camino, al cumplirse casi tres años de que cesaron las movilizaciones… esperando la nueva Constitución.
La situación económica es más adversa, la Convención Constitucional se subordinó a los poderes constituidos y la nueva Constitución no termina de responder a los problemas estructurales del Chile neoliberal. Poco se ha progresado con este gobierno ya que siguen vigentes las demandas que se pelearon en octubre: salarios y pensiones dignas sin precarización; poner fin a las listas de espera por una salud gratuita y de calidad; educación pública y gratuita para todos..
Y también poner fin a la previsión privada de las AFIP, con pensiones dignas para los de la tercera edad. Siguen detenidos lxs presxs de la revuelta, Piñera no fue a la cárcel ni siquiera se lo está enjuiciando, y los asesinos de estudiantes y trabajadores siguen impunes.
El principal problema de la nueva Constitución es que deja en pie pilares importantes del Chile de los 30 años heredado de la dictadura y no entrega salidas sobre cómo financiar concretamente los derechos fundamentales que propone. No se toca ni el saqueo de recursos naturales como el cobre y el litio, no se termina con las AFP y su robo al bolsillo de los trabajadores, y mantiene un sistema político basado en el autoritarismo presidencial y una cámara alta oligárquica.
La Convención Constitucional nació del Pacto por la Paz y la Nueva Constitución firmado entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo por los partidos tradicionales y el Frente Amplio, como vía para salvarle el pellejo a Sebastián Piñera y al sistema, desmovilizar la rebelión popular y vaciar las calles en noviembre del 2019.
Se pactó un proceso constituyente, que no era una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para retomar la gobernabilidad que habían perdido producto de las movilizaciones populares. La Convención Constitucional, lejos de ser una conquista de la rebelión fue uno de los mecanismos claves para desactivar la movilización. Ni la convención ni los constituyentes fueron herramientas para fortalecer la organización independiente de los sectores populares. De hecho, pasó lo contrario.
* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)