Los abusadores confesos de varias niñas se han librado de la cárcel y el proceso judicial ha durado una interminable década; pero el magistrado Ricardo Cuevas, de la Audiencia Provincial de Murcia, no vio ningún problema este miércoles en felicitarse por la cuestionable manera en que ha concluido el mayor escándalo de prostitución infantil que se recuerda en la Región: “Hemos hecho un buen trabajo”, dijo sin que le temblara la voz. Es difícil encontrar un solo jurista o experto que comparta esa satisfacción. ¿Qué ha pasado para que ocho delincuentes se libren de la cárcel?
En principio las penas para los ocho empresarios que abusaron de las menores partían de los cuatro años de prisión, pero tras llegar a un pacto con la Fiscalía se han reducido a unos cinco y siete meses por cada delito bajo el atenuante de dilación indebida. “No había ninguna razón que justifique que este juicio se haya demorado tanto”, son palabras que se repetían una y otra vez en los pasillos de la Audiencia Provincial de Murcia. De la trama quedan 13 condenados y diez víctimas. Por el camino ha muerto uno de los acusados, otro ha sido incapacitado y una de las víctimas está en paradero desconocido.
Las dilaciones indebidas son un tipo de atenuante que permite una reducción de la condena cuando la tramitación de un procedimiento penal ha durado un tiempo excesivo e innecesario, siempre que esa demora no haya sido por culpa del reo y la excesiva duración del procedimiento no esté justificada por la complejidad de éste. Han pasado casi diez años desde las primeras detenciones, en enero de 2015. “Necesitamos un aumento de plantilla y una fijación de objetivos”, ha señalado a elDiario.es el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Manzanera.
El tiempo medio de duración de los procesos en la Audiencia Provincial de Murcia es de 5,7 meses, cuando la media nacional es de 2,8, según fuentes judiciales. Por eso es habitual que en Murcia los procedimientos acaben en acuerdo con atenuante de dilación indebida, señalan estas fuentes. “Falta personal por todos lados, a todos los niveles. Los juzgados necesitan más jueces, tramitadores, gestores”, enumera Manuel López Bernal, abogado penalista.
Dilación indebida “muy cualificada”
En este caso de tráfico de menores la dilación indebida se ha catalogado como “muy cualificada” al considerarse que la tramitación del procedimiento ha sufrido una paralización importante. Con esto, las penas se han visto reducidas en uno o dos grados: “Por ejemplo, las proxenetas se enfrentaban a las penas superiores en grado, que tienen una horquilla de cinco a siete años y medio de prisión. La Fiscalía, en un principio, pidió siete años de condena. Con el atenuante de dilación indebida muy cualificada, se aplica la mitad de la pena mínima del grado más leve, resultando en dos años”, señalan fuentes judiciales.
Lo mismo ocurre con los clientes: las penas contempladas por pedir servicios de prostitución a una menor oscilan entre uno a cinco años. En un principio, la Fiscalía pedía cuatro años de pena por cada menor. Con el atenuante de dilación indebida muy cualificada, se aplica la mitad de la pena mínima, lo que resulta en medio año“.
Pruebas y testimonios perdidos
“Tengo una clienta que lleva siete años intentando que se resuelva su caso de abuso sexual. Le acaban de fechar el juicio para 2026”, denuncia Rebeca González, abogada penalista que trabaja en la comunidad murciana. “El retraso en los procedimientos es general, siempre está allí”, sostiene González. “El atenuante de dilación indebida es una práctica generalizada”, observa López Bernal. “Es muy habitual que se aplique, además, como muy cualificada a partir de los siete u ocho años del proceso”, añade.
La falta de recursos en el sistema judicial murciano va más allá de los tiempos de espera: “No hay medios, hay que pedirlo todo a Madrid. Con mi clienta tardaron cuatro días en hacerle una prueba de ADN, para aquel entonces ya se había perdido mucha carga genética. Los tiempos de espera erosionan mucho la calidad de la prueba”, apunta. “Muchas veces tenemos que recurrir a llegar a acuerdos de conformidad con atenuantes de dilación indebida porque se corre el riesgo de que para cuando llegue el juicio, las pruebas hayan desaparecido”, señala la abogada.
En este caso de la red de abusos a menores, en el tiempo transcurrido hasta la vista ha fallecido uno de los acusados, se ha incapacitado otro y una de las víctimas está ilocalizable: “Si el juicio se hubiera celebrado habría faltado esa prueba testimonial. Se podría haber leído la declaración que prestó la joven al principio del proceso. Pero, normalmente, sin la víctima presente, no se condena por ese hecho concreto”, explican fuentes de la judicatura.
Indignación del movimiento feminista
“Es extraordinariamente injusto. Las multas son bastante ridículas. Y es verdad que hay dilación indebida, pero el sistema judicial debe entender que en una trama absolutamente verificada de corrupción de menores no es posible que se vayan de rositas quienes puedan entrar en prisión ”, afirma Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia.
La profesora de la Universidad de Murcia (UMU) también apunta que la “revictimización” que sufren las mujeres durante el proceso judicial se ve acentuada por esta dilación. “Diez años son demasiado impactantes para la vida de cualquier persona, y más de una adolescente de 16 años que ahora es una mujer de 26 con su vida hecha”. “Parece ser que una de las víctimas está casada y tiene criaturas. Por lo tanto, está claro que a esta mujer que no le apetece nada revivir su pasado. A lo mejor hasta ni su marido sabe que la prostituyeron”.
La Asamblea Feminista de la Región de Murcia y el Fórum de Política Feminista están preparando una concentración para finales de esta semana con el fin de denunciar las penas tan irrisorias dictadas en este caso. “Es importante que la sociedad murciana sea consciente de que hay algo por hacer todavía”, apunta la antigua vicepresidenta de la Asamblea Regional.
Proxenetas y cooperadores de la trama
Queda por saber qué ocurrirá con las proxenetas y los cooperadores de la trama. Si van o no a prisión se determinará en unas vistas que tendrán lugar los próximos 7 y 8 de octubre en la Audiencia provincial. Se tendrá en cuenta si durante esta década se han reinsertado en la sociedad y si se considera que el daño causado a las víctimas aún prevalece. La Fiscalía de Murcia celebrará una asamblea para decidir su postura al respecto, pero no es vinculante respecto a la decisión que tomará el juez.
Las culpables de prostituir a las menores, que en principio se enfrentaban a penas de siete años de prisión, han sido condenadas a dos años de cárcel por cada delito cometido. Ruth Karina D.T. acumula 16 años de cárcel por ocho cargos de prostitución de menores, pero como ninguna de las penas individuales supera los dos años, podría eludir la cárcel.
Por su parte, de los seis años que se pedía a los cooperadores de la trama, como los taxistas que transportaban a las menores, se les ha impuesto penas de un año y tres meses o dos años por cada delito cometido.