Un grupo de ciudadanos mallorquines encabezados por el abogado Ignasi Ribas, denunciaron la escala de aviones secretos utilizados por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos en el aeropuerto civil de Mallorca, con la realización en suelo español de delitos de detención ilegal, secuestro y torturas. La denuncia sobre hechos tan graves -realizada el […]
Un grupo de ciudadanos mallorquines encabezados por el abogado Ignasi Ribas, denunciaron la escala de aviones secretos utilizados por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos en el aeropuerto civil de Mallorca, con la realización en suelo español de delitos de detención ilegal, secuestro y torturas. La denuncia sobre hechos tan graves -realizada el 14 de marzo del 2005- provocó el encargo por la fiscalía de un informe a la Guardia Civil. Tal informe no fue entregado hasta el día 10 de junio. Una parte de los datos recogidos en los tres meses de investigación están registrados en el aeropuerto. Entradas y salidas de cuatro aviones perfectamente identificados, lugares de procedencia y de destino. Los informes complementarios pueden encontrarse en Internet desde hace meses; se refieren a las compañías propietarias y a la contratación de sus vuelos por la CIA como centros de detención y tortura volantes, y como vehículos para el traslado de esos «combatientes enemigos» hacia la desaparición, la tortura y, si es preciso, la muerte. A pesar de que esos primeros datos, recogidos con parsimonia, proporcionan evidencias sobre esos delitos tan atroces, ninguna actuación de urgencia es promovida por el gobierno.
El informe de la Guardia Civil concluye asegurando «que no se ha detectado ninguna actividad ilícita de las personas que llegaron en los supuestos aviones de la CIA -al menos diez vuelos- durante su estancia en Palma de Mallorca y que, al tratarse de vuelos privados ‘se desconoce la actividad que desarrollaban sus ocupantes'» (El País). En franca y escandalosa contradicción con ese respeto al ámbito privado -absolutamente increíble en una situación de continua vigilancia antiterrorista-, el informe añade que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos que llegaron en esos vuelos, en total no menos de 50 personas, se alojaron en dos hoteles especificados en el informe y lo hicieron con pasaporte norteamericano cuyos números empezaban siempre por «900», por lo que deducen que se trataba de personas con «estatus diplomático».
De modo que decenas de estadounidense con «pasaporte diplomático» se mueven sin control alguno por nuestros aeropuertos y por los hoteles colindantes, se supone que después de enseñar identificaciones seriadas fácilmente atribuibles a miembros de la CIA.
La privatización de los servicios de la CIA está resultando una cobertura excepcional para gobiernos que no entran ni salen en cotos de actividad privados cuando tienen un aval público de semejante calibre. Para completar la cobertura fantástica sobre la normalidad de lo sucedido, la Guardia Civil sostiene además que los trabajadores de las empresas de handling que entraron en los aviones no observaron cambios estructurales en los mismos. El informe claramente evasivo tiene un tratamiento más evasivo todavía por parte de la Fiscalía del Estado. El fiscal jefe de Baleares ordena el archivo de las diligencias porque a pesar de que la Guardia Civil acreditó la presencia de aviones con orígenes y destinos altamente preocupantes, de que tales aviones habían sido denunciados como cárceles-vehículos de la CIA, de que sus pasajeros salieron del aeropuerto y se identificaron -¿ante quién?- con pasaportes seriados altamente sospechosos de ser documentos de agentes secretos no pertenecientes al cuerpo diplomático acreditado en Madrid, y de que esos individuos se movieron a gusto por los hoteles de Palma, no encontró nada que aconsejase una investigación a fondo o la apertura de un expediente judicial, o encontró que todo aconsejaba el archivo apresurado del informe. En octubre otro juez decidió desenterrarlo y remitirlo a la Audiencia Nacional, tal vez preocupado por las noticias sobre una red europea de apoyo a las actividades de la CIA que se desarrollaban con acciones tan legales como los secuestros, las desapariciones, los traslados a países desconocidos y a cárceles clandestinas.
Tres meses después del archivo del informe nos enteramos de que en absoluta coherencia con el «Consenso de Washington» en relación con el encubrimiento de las actividades criminales de la CIA, el Centro Nacional de Inteligencia -como cuando hablamos de la Fiscalía en realidad hablamos del Gobierno- «pidió» a la CIA que «no utilizara aeropuertos españoles para trasladar presos». Dando por supuesto que el famoso «Washington consensus» implicaba la absoluta formalidad de tal petición, también advirtieron que «cualquier incidente relacionado con las escalas en aeropuertos españoles «como un súbito problema de salud o el fallecimiento de un pasajero irregular podría dar lugar a un incidente diplomático entre los dos países».
Falsimedia le da la vuelta a los hechos
La información que se tiene hasta ahora reclamaría una información centrada en algunos hechos básicos ordenados de la siguiente manera: -Un grupo de ciudadanos denuncia la presencia en Mallorca de aviones que realizan actividades encubiertas de la CIA que consisten en secuestros, torturas y desapariciones de ciudadanos en varias partes del mundo.
-La reacción del gobierno a través de la Fiscalía se reduce a solicitar un informe de rutina a la Guardia Civil. El informe, que es entregado varios meses después de la denuncia, contiene datos muy precisos de hechos que evidencian la presencia de actividades clandestinas fácilmente identificables como las denunciadas. La Fiscalía lo archiva.
-Los servicios secretos españoles -el CNI, es decir, el Gobierno al máximo nivel- «piden» a la CIA que no emplee aeropuertos españoles para el traslado clandestino de presos. Al mismo tiempo comprueban que estas actividades se siguen realizando -movimiento masivo de aviones, visitas nada clandestinas para las autoridades de decenas de agentes- y «advierten» a esa organización de los EEUU que las evidencias de asesinatos provocarán un incidente diplomático.
-Meses más tarde del entierro del informe de la Fiscalía, un juez remite el asunto a la Audiencia Nacional por entender que el caso no pertenece a su jurisdicción.
Sin embargo la «información» en El País -tal vez el órgano de prensa escrita más institucional en el ámbito de la globalización y del Imperio- en su edición escrita del 15 de noviembre es presentada y ordenada de la siguiente manera:
«El CNI pidió a la CIA que no utilizara aeropuertos españoles para trasladar presos» (titular en Portada).
«La guardia civil investigó 10 vuelos secretos que hicieron escala en Mallorca» (segundo titular del mismo artículo en portada).
«El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solicitó a la CIA que sus vuelos secretos no utilizaran aeropuertos españoles. La solicitud se produjo a raíz de un informa de la Guardia Civil, elaborado el pasado mes de junio, en el que se detallan diez vuelos, supuestamente utilizados por agentes de la CIA, que hicieron escala en Palma de Mallorca. Las empresas que fletaron estos vuelos son proveedoras del servicio secreto de los EEUU y al menos uno de los aparatos fue utilizado en otros vuelos para el traslado de prisioneros a cárceles secretas» (entradilla de la misma información en Portada).
La información se ordena meticulosamente para que quede totalmente enmascarada la responsabilidad y complicidad evidentes del Gobierno Zapatero.