Cinco han sido las Huelgas Generales que hemos llevado a cabo en el Estado español desde la infame Transición: cuatro contra gobiernos del Partido (Socialista Obrero) Español (PSOE) (1985, 1988, 1992 y 1994) y una contra el gobierno del Partido Popular (PP) en 2002. Todas estas Huelgas Generales respondían a reformas más o menos concretas […]
Cinco han sido las Huelgas Generales que hemos llevado a cabo en el Estado español desde la infame Transición: cuatro contra gobiernos del Partido (Socialista Obrero) Español (PSOE) (1985, 1988, 1992 y 1994) y una contra el gobierno del Partido Popular (PP) en 2002. Todas estas Huelgas Generales respondían a reformas más o menos concretas e individualizadas; reformas mayormente relacionadas con el abaratamiento del despido y el aumento de la precariedad laboral, que destruían el tejido productivo o disminuían las pagas del desempleo. Estas medidas formaban parte de un plan encaminado en centrar la economía del Estado español en el sector servicios (mayormente turismo) y la construcción, a la vez que se destruía el tejido productivo industrial, se rebajaban los derechos laborales y se privatizaban las empresas públicas, pero las reformas eran aplicadas de manera dilatada durante lustros o décadas y las respuestas por parte del movimiento de los y las trabajadoras, con la Huelgas generales como clímax, respondían usualmente a medidas concretas.
La situación política actual es muy diferente. El gobierno del PSOE ha puesto en marcha ahora, tal y como lo ha hecho otro gobierno social-liberal en Grecia, una batería de reformas que atacan desde casi todos los ángulos posibles a los y las trabajadoras: privatizando empresas (Correos y AENA, por ejemplo) y servicios públicos (sanidad y Universidad Pública, por ejemplo), disminuyendo el empleo y las inversiones públicas, aumentando la edad de jubilación, recortando el salario de los empleados y empleadas públicas, disminuyendo la protección ambiental (debilitando el proceso de evaluación de impacto ambiental y frenando el desarrollo de legislación ambiental, por ejemplo), aumentando los impuesto indirectos como el IVA, privatizando las cajas de ahorro, facilitando y abaratando el despido, etc.
Esta serie de medidas integran un Plan de Ajuste Estructural como los puestos en marcha en Latinoamérica, África o Asia por gobiernos vendidos al capital extranjero bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como nos enseña la historia reciente, los Planes de Ajuste Estructural del FMI condujeron a un descenso generalizado de la calidad de vida de la mayor parte de la población y a una pérdida de soberanía en el control de la economía y los recursos naturales; todo esto acompañado del enriquecimiento acelerado de unos pocos. Éste es el modelo que ahora está desarrollando descaradamente y a toda máquina el PSOE desde el gobierno, con el apoyo de la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU) y el FMI. Un modelo que se ha demostrado perjudicial para la mayoría de la población en los estados empobrecidos del Sur se aplica ahora a Europa, especialmente en las zonas con economía más fragilizada como los Estados español y griego.
Desde la crisis de los años setenta, en un sistema capitalista muy maduro en su desarrollo, cada día resulta más difícil para las grandes empresas aumentar su tasa de beneficios. Frente a este estancamiento, intentan aumentar beneficios atacando cada vez con más fuerza a las y los trabajadores y su medio ambiente, a la vez que pagan menos impuestos en relación a los que pagan los trabajadores, y se apoderan de más empresas y servicios públicos que pasan de ser un derecho a ser un negocio. Desde el gran capital se contempla una única salida a la crisis sistémica: adelgazar la influencia de los estados en asuntos sociales y laborales en favor del poder de las grandes empresas.
En este contexto, las dos últimas Huelgas Generales en Euskal Herria y en dos comarcas andaluzas (Sierra de Cádiz y Sierra Sur de Sevilla), la Huelga General estatal de empleados públicos y la Huelga General del próximo 29 de septiembre deben ser el principio de una defensa sostenida por parte de los y las trabajadoras de sus derechos conseguidos históricamente a base de años de luchas y sacrificios. Como nos están mostrando las movilizaciones masivas en Grecia, no será bastante con una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis Huelgas Generales en seis meses.
Para frenar el ataque a nuestra calidad de vida (y de las generaciones futuras) por parte de los gobiernos del PP y el PSOE necesitamos movilizaciones masivas y, además, crecientes y sostenidas en el tiempo. Se trata de un ataque tan profundo, de tanta intensidad y tan básico para la perpetuación del sistema que para frenarlo será necesaria una respuesta muy contundente. Huelgas victoriosas recientes como las de los conductores de los autobuses públicos en Barcelona (TMB), el Metro de Madrid o los jornaleros de la recogida de la naranja en Andalucía, entre otras, nos muestran la fuerza que tenemos cuando nos unimos en la movilización.
Tenemos que construir y reforzar los puentes de colaboración entre sindicatos, movimientos sociales y sindicatos estudiantiles. Frente a un ataque de alta intensidad la contraofensiva debe ser también muy intensa. Por ejemplo, como nos muestran las movilizaciones recientes de los estudiantes universitarios en Puerto Rico, para frenar la privatización de la Universidad Pública no es suficiente con manifestaciones y ocupaciones más o menos aisladas; hay que cerrar las facultades durante semanas o meses, y buscar el apoyo de sindicatos y movimientos sociales para extender el conflicto.
Quizás tras la Huelga General del 29S el gobierno del PSOE anuncie que da marcha atrás o reduce la gravedad de alguna de las reformas que está poniendo en marcha, pero todas las demás continuarán y el ataque a nuestra calidad de vida seguirá siendo generalizado.
Para cambiar el rumbo del gobierno necesitamos organizarnos desde las bases de la sociedad en comités o plataformas de huelga, en barrios y centros de trabajos. Estas plataformas de base deben agrupar a una gran parte de los y las trabajadoras descontentos con el rumbo actual de los acontecimientos, auspiciando debates participativos sobre cómo organizarse y cómo responder a los ataques. Respuestas basadas en la unidad en la diversidad en forma de acciones masivas, autoorganización en barrios y centros de trabajo, y la construcción de una alternativa política que represente realmente los intereses de una mayoría diversa.
Quizás esta propuesta suene muy radical pero, me temo, que es la única manera que tenemos que defendernos (y defender a las generaciones venideras) de un mundo mucho más desagradable que el actual, a la vez que construimos democráticamente un mundo mejor para la mayoría.
Por Jesús Castillo, militante de En lucha.