Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron por fin, el pasado mes de julio, la convocatoria de la huelga general para el 29 de septiembre. No fue hasta que el gobierno de Zapatero impuso la nueva reforma laboral por decreto que los sindicatos mayoritarios se decidieron a convocar la huelga. Con anterioridad, tras el anuncio de […]
Los sindicatos CCOO y UGT anunciaron por fin, el pasado mes de julio, la convocatoria de la huelga general para el 29 de septiembre. No fue hasta que el gobierno de Zapatero impuso la nueva reforma laboral por decreto que los sindicatos mayoritarios se decidieron a convocar la huelga.
Con anterioridad, tras el anuncio de las medidas del gobierno para recortar el déficit, estos mismos sindicatos habían convocado una huelga general para todo el sector público, cuyo resultado fue bastante limitado y su utilidad frente a la medida, casi nula. Previamente, los dirigentes de CCOO y UGT habían negado durante meses la conveniencia de una huelga general. Frente a la pregunta de los medios de comunicación sobre si ésta sería convocada, Cándido Méndez y Fernández Toxo repetían: «No se están recortando derechos. Por lo tanto, no hace falta una huelga general».
Cuando el gobierno publicó su plan para reducir el déficit en mayo de 2010, llevábamos dos años de crisis económica. La cifra de parados ya había alcanzado máximos históricos. El número de familias con todos sus miembros en el desempleo era de casi un millón y medio. Los desahucios crecían de forma drástica.
La izquierda sindical organizada y los movimientos sociales de base llevaban tiempo demandando la convocatoria de una huelga general. Para 2008-2009, la crisis ya la estábamos pagando los asalariados vía dinero público entregado a los bancos y vía despidos. La segunda legislatura del gobierno del PSOE, iniciada en 2008, ha sido un constante ejercicio político de tímidas concesiones sociales -en la línea de la anterior legislatura- y de abiertas y resueltas políticas pro-capital.
Motivos para una ofensiva general de los sindicatos los había ya antes del inicio de la crisis económica. Pero más aún cuando ésta estalló y se hizo evidente que los primeros afectados serían los trabajadores y sectores sociales más desprotegidos. También existían razones para la convocatoria de una huelga general mucho antes del anuncio del paquete de medidas para recortar el déficit público y el decreto de reforma laboral.
Esta huelga general llega, por tanto, bastante tarde, y si se hubiera convocado antes adecuadamente, es muy posible que no nos encontrásemos en la situación en la que estamos ahora: austeridad neoliberal en el gasto público, una reforma laboral que nos acerca al despido libre y con la población trabajadora contra las cuerdas, con casi cinco millones de parados.
Recuperar la confianza de los mercados
Si bien la política del gobierno de Zapatero ha sido la del social-liberalismo -más acentuado en su segunda legislatura que en la primera-, el viraje que se produce a partir de mayo de 2010 representa un alejamiento definitivo de la socialdemocracia clásica y un ataque directo a la base electoral -esencialmente trabajadora- de este partido. El plan de ajuste que el gobierno está desarrollando emana directamente de los dictados del sector financiero internacional y cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el FMI. Las medidas pretenden «recuperar la confianza de los mercados», eufemismo utilizado para ocultar políticas a favor de los ricos y los especuladores financieros a costa de las clases populares y los derechos sociales de la mayoría de la población.
Si bien los ricos tienen cierto temor de que la retirada de las ayudas públicas a algunos sectores productivos redunde en una nueva profundización de la crisis, existe consenso entre ellos en cuanto al eje central de los planes de ajuste que se están promoviendo en diferentes países. El núcleo de estos paquetes de ajuste consiste en la reducción del gasto público para disminuir el déficit de los Estados, de forma que la deuda que éstos emiten, y que la banca internacional compra, esté respaldada por un alto nivel de credibilidad.
La otra pata de las políticas para «recuperar la confianza de los mercados» está formada por los ataques directos a la clase trabajadora, a las rentas del trabajo. Éstos consisten básicamente, por un lado, en reformar el mercado de trabajo para abaratar el coste del despido y, por otro, en frenar aun más, después de años de moderación, el crecimiento de los salarios. Se produce así una transferencia directa de recursos desde la población asalariada a sus empleadores. En esto consiste la fórmula neoliberal para salir de la crisis: austeridad del gasto público, empobrecimiento de las clases populares y aumento del margen de beneficios de los ricos.
Numerosos economistas críticos ponen en duda que esta fórmula tenga una solución como la que el neoliberalismo plantea, pues cualquier recorte tanto del gasto público como de los ingresos de las familias -a través de los salarios- redunda en una no recuperación del consumo, elemento central sobre el que se apoya la continuidad de la crisis, más aún cuando la banca está recelosa de abrir el grifo del crédito. No porque no tenga beneficios, sino porque teme no recuperar lo prestado, dado el nivel de sobreendedudamiento privado que ella misma ha venido provocando.
Los sindicatos y la izquierda social nos enfrentamos, por tanto, no sólo a un paquete de medidas antisociales (reducción del gasto público) promovido por el Estado ni a un ataque a los y las asalariadas (reforma laboral). Se trata de un plan urdido por los ricos y los organismos financieros internacionales que les protegen, responsables directos de la crisis económica, para salir del paso de muy mala manera -pues no se dará una recuperación económica- a costa de la gente. La huelga general del 29 de septiembre tiene que ser entendida en estos términos, y por tanto debe ser el punto de partida de nuestro propio plan de resistencia, análogo, simétrico y opuesto a los ‘grandes planes’ de los ricos.
El contexto de la convocatoria
Hoy por hoy, los grandes sindicatos del Estado español no ven las cosas de esta manera. La huelga general del 29 de septiembre es concebida por sus direcciones como la respuesta que desgraciadamente han tenido que dar, muy a su pesar, tras años de compromiso con la patronal y el gobierno del PSOE, tras un giro drástico de éste a favor del capital y en contra del trabajo. No entienden esta huelga como el paso inicial de un gran plan de resistencia que es necesario que desarrolle la izquierda, dada la envergadura del ataque social que se está produciendo.
La frustración y el descontento generalizado entre la población trabajadora y las clases populares permitirían poner en marcha un plan de resistencia ambicioso. Sin embargo, la situación es que muchísima gente, sobre todo personas fuera del ámbito organizado de la izquierda sindical y política, duda de la utilidad de una jornada de huelga.
En las dos anteriores convocatorias reales de huelga general (en 2002 contra las medidas de protección de desempleo del PP y en 1988 contra el Plan de Empleo Juvenil del PSOE), bastó con una sola jornada de huelga para paralizar los ataques realizados por ambos gobiernos. Los respectivos ambientes políticos, la relación de fuerzas entre sindicatos y patronal y la coyuntura internacional de 1988 y 2002 eran enormemente diferentes a las de 2010 -el nivel general de movilización de los sindicatos en 1988 era más elevado, y la enorme combatividad de los últimos años del gobierno del PP formaban parte de un proceso acumulativo de lucha que continuaría después de 2002.
Hoy por hoy, tanto los sindicatos como la población no organizada son conscientes de que un solo día de huelga no paralizará los planes del Gobierno ZP. Es así porque existe una conciencia social de la gravedad de la situación económica y de que los planes del gobierno no están aislados, sino que forman parte, como se ha explicado, de una acción general de diferentes gobiernos y las clases dominantes frente a una crisis de calado histórico e internacional.
Desafortunadamente, en el escepticismo frente a la convocatoria de huelga se mezclan diferentes elementos. Los sindicatos mayoritarios han ido perdiendo progresivamente la credibilidad frente a muchos trabajadores -un proceso comenzado hace ya tres décadas-, debido a su implicación en un modelo corporativista y tendente a una negociación que precede al recorte de derechos y salarios, además del enchufismo y descaro característicos de muchos miembros de la burocracia sindical. Hoy es una opinión muy extendida, aunque falsa, que los sindicatos en general representan una estructura corrupta preocupada solamente por el bienestar de sus propios afiliados, o que usan la huelga como herramienta política a conveniencia. Todos estos prejuicios extendidos por la derecha se verán renovados por los medios de comunicación a medida que se acerque el 29-S. El fracaso relativo de la huelga general del sector público del pasado 8 de junio no ayudará a que prolifere la opinión, entre los sectores no organizados, de que es necesaria y útil la movilización del 29 de septiembre.
Sin embargo, otros elementos muestran una tendencia positiva hacia la movilización. El último estudio realizado por la CEOE -muy probablemente sesgado a la baja- sobre conflictividad laboral en el primer semestre de 2010 sigue recogiendo una tendencia al alza del número de huelgas (tendencia creciente desde el inicio de la crisis), aunque no en el número de horas perdidas por causa de los conflictos. Respecto al mismo semestre de 2009, el número de huelgas ha ascendido un 17% mientras que el número de trabajadores implicados en ellas ha crecido un 280%, alcanzando la cifra de casi un millón de trabajadores directamente implicados.
La mayoría de las huelgas no alcanzan una repercusión mediática significativa, pero también han sido varios los conflictos que últimamente han destacado por su combatividad, determinación y seguimiento, como el de Auto-Res o el del Metro de Madrid. Estas huelgas de amplia repercusión tienen un valor especial, pues frente al ambiente de pasividad y resignación en el que se ve inmersa gran parte de la población trabajadora, ofrecen una perspectiva de confianza en la organización colectiva y en la capacidad de resistir a los ataques de los jefes. Sin duda, la extensión y difusión pública de los conflictos debería ser vista por las organizaciones sindicales como tareas de enorme importancia, y no como hechos restringidos al marco de cada empresa. Desgraciadamente, CCOO y UGT, que lideran la mayor parte de las luchas sindicales, no tienen entre sus prioridades la extensión pública de los conflictos, de forma que se generalicen las experiencias y se consolide el apoyo social a estos. Baste recordar el enorme impacto de la huelga de conductores de autobuses de Barcelona durante 2009, liderada por CGT.
La situación económica es de una gravedad sin precedentes, y no cabe esperar una explosión de conflictos laborales con una cifra de parados y paradas cercana a los cinco millones que, aún siendo inaudita, no supone una fractura social de magnitud desestabilizadora. Los empresarios aprovechan esta situación para imponer unas condiciones laborales cada vez peores, y el miedo al desempleo provoca que los trabajadores las acepten.
Sin embargo, cualquier activista implicado en la actividad sindical puede comprobar cómo en los últimos meses son muchas más las personas que acuden a las sedes sindicales en busca de ayuda o con intenciones de demandar a sus jefes. Aunque no existen estudios directos recientes de libre acceso sobre la evolución de la afiliación sindical, en aquellos sectores y provincias en los que sí se están realizando, se puede percibir una clara tendencia al aumento del número de cotizantes (ver Encuesta de Calidad de Vida de 2009). A pesar de la caída del número de personas empleadas desde el inicio de la crisis (que son las que entran en los datos estadísticos de afiliación sindical del Ministerio de Trabajo), la cifra de personas sindicadas ha crecido durante el último año.
El marco general en el que se produce la convocatoria de huelga del 29 de septiembre es enormemente contradictorio, pues el desempleo empuja a la resignación. Pero existe una tendencia de fondo al aumento de las resistencias que se plasma en el aumento del número de huelgas, la radicalidad de éstas y el crecimiento de la actividad sindical. En esta situación, las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda tienen una enorme responsabilidad, pues en gran medida depende de ellas la ruptura de la pasividad y la generalización del ambiente de lucha existente en algunos sectores y empresas.
El papel del sindicalismo combativo y la izquierda anticapitalista
Los sindicatos mayoritarios se juegan mucho en la convocatoria de huelga del 29 de septiembre, pues un fracaso en su seguimiento podría mermar aún más su credibilidad y capacidad para afrontar futuras luchas en el marco del Estado.
Pero no sólo CCOO y UGT tienen mucho que perder si la convocatoria fracasa. El conjunto de la clase trabajadora del Estado habrá perdido una oportunidad para revertir la situación, comenzar a frenar la espiral de ataques y recortes, y recomponerse a nivel organizativo para continuar la resistencia.
El sindicalismo de izquierdas, formado por sectores con una larga tradición de lucha dentro de CCOO y UGT, y por las pequeñas y medianas organizaciones sindicales alternativas de carácter nacional (LAB, CIG, SAT, IAC, CSI, etc.) o de ámbito estatal, como CGT o Co.bas, coincide en una visión de la huelga general mucho más ambiciosa. Aspira a que la huelga sea el punto de partida de una resistencia con mayor trayectoria y encuadra los ataques del gobierno y la patronal en el marco de las políticas neoliberales que llevamos años sufriendo, más allá del ámbito laboral, al que se restringe la propaganda de CCOO y UGT.
Desgraciadamente, ninguna de estas organizaciones por separado ni el conjunto de ellas cuenta hoy día con implantación suficiente como para desafiar la hegemonía del sindicalismo ‘oficialista’. Aunque la afiliación de estos sindicatos no ha parado de crecer desde los años 80, aún se encuentran lejos de presentar un polo de atracción sindical que pueda cuajar sector por sector y empresa por empresa. Sin embargo, sobre el sindicalismo combativo y de izquierdas también recae una gran responsabilidad el 29 de septiembre: la de llevar la huelga a un nivel más alto de combatividad allá donde esté presente, hacer que triunfe y establecer la base para seguir movilizando hasta frenar los recortes y la reforma laboral.
Luchas como la del Metro de Madrid o la última convocatoria de huelga en el sector público del 8-J demuestran que, si el sindicalismo alternativo toma la iniciativa, el sindicalismo ‘oficial’ está obligado a moverse. En varios subsectores del sector público donde el sindicalismo combativo cuenta con una presencia relativamente mayor, se promovió la convocatoria con un enfoque bastante diferente al de los grandes sindicatos: una buena campaña de información, asambleas de trabajadores, apostando por la máxima implicación de base y siempre promoviendo la actividad conjunta de todos los sindicatos. El resultado fue que, en aquellas empresas y centros donde la campaña por la huelga se promovió desde los sindicatos alternativos, CCOO y UGT se vieron obligados a mantener el ritmo y el seguimiento fue abrumadoramente mayor que en otros subsectores donde sólo existen estos dos sindicatos y CSIF. Ahora toca repetir la jugada, pero de una forma mucho más amplia, ambiciosa y coordinada.
Si queremos que la huelga sea ampliamente secundada, es necesario que los trabajadores y trabajadoras entiendan la envergadura de los recortes sociales, el calado de la reforma laboral y el marco general en el que todo esto se produce. No se logrará que la gente venza el miedo al patrón y pare en cada empresa o centro de trabajo sin una densa campaña de información y sin la promoción de asambleas donde las decisiones sean tomadas de forma colectiva, rompiendo el corsé individual en el que se tiende a afrontar la cotidianeidad laboral.
Aunque no se puede generalizar una actitud específica por parte de la burocracia de CCOO y UGT -son grandes sindicatos con una afiliación diversa, muy heterogéneos y marcados según haya sido la experiencia de lucha de una rama, sector o empresa-, ésta tiende a convocar las movilizaciones desde arriba, sin promover asambleas de trabajadores, con una débil campaña de propaganda, con poca implicación de las bases y echando mano de delegados de personal que trabajan poco (o no trabajan) y están totalmente alejados de la situación y los problemas diarios del resto de compañeros. En algunos casos no se convocan asambleas en las plantas o centros de trabajo porque los comités de empresa dominados por CCOO y UGT no quieren, debido al enfrentamiento que supone con los jefes; en otras ocasiones, los delegados sindicales y de personal de los sindicatos mayoritarios ni siquiera saben cómo hacerlo, pues viven por primera vez una experiencia así -el relevo generacional en las empresas es más rápido que el ritmo con el que se convocan las huelgas.
En todo este tipo de iniciativas de agitación y propaganda, la izquierda sindical suele estar varios pasos por delante. Es su ‘terreno de juego’, y debe aprovechar esta ventaja para que la campaña por la huelga tome un carácter combativo donde los sindicatos mayoritarios no quieran o no puedan dárselo. Igualmente, el mismo día 29 es necesario que reine un ambiente de huelga en las ciudades y pueblos, en los polígonos industriales o complejos administrativos. Este ambiente puede ser decisivo para que mucha gente no convencida acabe secundando la huelga. Por muy informativos que sean los piquetes que se organicen, sin una posición intransigente por parte de éstos, sin bloqueos, candados, barricadas y todo aquello que denote poder de la gente en la calle, no habrá ambiente de paro general.
La huelga se gana en los lugares de trabajo; de esto no hay duda. Lo importante el día 29 de septiembre es que la gente no vaya a trabajar, nutra los piquetes y asista a las movilizaciones. Pero la huelga también debe organizarse en los barrios, y en torno a sectores sociales que los grandes sindicatos suelen dejar de lado. De hecho, el paquete de medidas contra el déficit ataca también a los pensionistas (congelando sus ingresos) y la reforma laboral no hace más que abaratar de forma descarada el despido, haciendo que la bolsa del desempleo crezca. Por ello es necesario, y posible, promover la movilización de pensionistas y parados, así como de otro sector con enorme potencialidad que ha sufrido ataques brutales durante los últimos años: los estudiantes.
Tanto en Barcelona como en Sevilla, el 15 de septiembre tendrán lugar asambleas generales de ciudad, públicas y abiertas a trabajadores y trabajadoras, estudiantes, parados y pensionistas. Estas asambleas se realizarán en lugares muy conocidos de ambas ciudades (Plaça Universitat en Barcelona y Plaza Nueva en Sevilla) y tienen como objetivo transmitir la idea de que será necesario seguir movilizándose más allá del 29 de septiembre si queremos parar los recortes y la reforma laboral. Pero también van a intentar atraer y organizar a la huelga a los sectores que quieran movilizarse más allá del ámbito laboral. Ambas iniciativas están promovidas por la izquierda sindical y anticapitalista, destacando el papel de los trabajadores y trabajadoras de la empresa de autobuses metropolitanos de Barcelona (TMB).
Este tipo de iniciativas rompen los márgenes a los que el sindicalismo mayoritario quiere restringir la convocatoria del 29 de septiembre, y suponen un ejemplo cuyo espíritu debería extenderse a otros lugares.
El sindicalismo alternativo y la izquierda anticapitalista son aún relativamente pequeños. El éxito del 29-S depende de que CCOO y UGT se tomen en serio la convocatoria, más que de la actividad que puedan desarrollar los sectores sindicales y políticos a su izquierda. Sin embargo, como ya se ha señalado, recae una enorme responsabilidad sobre estos sindicatos y organizaciones de la izquierda consecuente. Con un buen trabajo pueden marcar la diferencia, fortalecerse y contribuir a que la próxima convocatoria de huelga general no se dé en años, sino en cuestión de meses.
Miguel Sanz Alcántara es miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y militante de En lucha
Fuente original: http://www.enlucha.org/?q=node/2296
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