Amnistía Internacional está preocupada por el hecho de que Juan Martínez Galdeano muriera bajo la custodia de la Guardia Civil, a consecuencia de malos tratos y de un uso excesivo de la fuerza. En una carta dirigida al Ministro del Interior y al Director de la Guardia Civil, este miércoles, Irene Khan, secretaria general de […]
Amnistía Internacional está preocupada por el hecho de que Juan Martínez Galdeano muriera bajo la custodia de la Guardia Civil, a consecuencia de malos tratos y de un uso excesivo de la fuerza. En una carta dirigida al Ministro del Interior y al Director de la Guardia Civil, este miércoles, Irene Khan, secretaria general de la organización, ha solicitado que se realice una investigación completa, exhaustiva e independiente de los acontecimientos que llevaron a su muerte.
«Los altos cargos de la Guardia Civil deben enviar un mensaje claro a sus subordinados de que la tortura o los malos tratos contra personas privadas de su libertad son totalmente inaceptables y serán objeto de fuertes sanciones penales y disciplinarias» declaraba Nicola Duckworth, Directora del Programa de Europa de Amnistía Internacional.
Según la información recibida por la organización, el 24 de julio de 2005 Juan Martínez Galdeano acudió al cuartelillo local de la Guardia Civil con el fin de tratar de una disputa con un hombre después de que colisionaran sus respectivos automóviles en Roquetas de Mar (Almería). Los agentes de la Guardia Civil han declarado que cuando se le pidió a Juan Martínez Galdeano someterse a una prueba de alcoholemia, se volvió agresivo. Un oficial de la Guardia Civil utilizó un arma taser (de descarga eléctrica) y un bastón extensible con el fin de controlarle. Fue detenido por desorden público y por resistencia a la autoridad tras lo cual fue esposado de manos y pies.
Fuentes oficiales han declarado que varios guardias civiles tuvieron que sujetar a Juan Martínez Galdeano y colocarle sobre el suelo ya que volvía a comportarse de forma agresiva cuando intentaban trasladarlo a los locales de detención. Después, sufrió una parada cardiaca y falleció.
La autopsia realizada por el Instituto Anatómico Forense de Granada concluía que «la causa inmediata de la muerte» fue «una insuficiencia aguda respiratoria o cardiorespiratoria». El examen del cadáver de la víctima reveló marcas coherentes con las denuncias de malos tratos y el uso excesivo de la fuerza. A consecuencia de ello, los agentes involucrados en la muerte de Juan Martínez Galdeano han sido procesados y suspendidos por utilizar armas no autorizadas.
Suspensión del uso de armas taser
«Cualquier investigación sobre los hechos que llevaron a la muerte de Juan Martínez Galdeano debe aclarar si los funcionarios policiales implicados acataron los principios de proporcionalidad tal y como les es requerido por la legislación española», añadió Nicola Duckworth. «Las autoridades españolas deben suspender urgentemente la utilización de toda arma de descarga eléctrica por parte de entidades encargadas de hacer cumplir la ley hasta tanto se conozcan por completo los efectos de dichas armas».
Amnistía Internacional reconoce los retos a los que se enfrentan los agentes de policía al tener que tratar con sospechosos que no cooperan con ellos o que muestran comportamientos rebeldes. Sin embargo, considera que se debe suspender la utilización de armas taser y de cualquier otra arma de descarga eléctrica hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su uso y sus efectos.
«El uso de descargas eléctricas como instrumento para conseguir la obediencia o sumisión de sospechosos no cooperadores en ausencia de una amenaza clara inmediata a la vida o de sufrir lesiones graves, amenaza que no pueda ser contenida con medios menos contundentes, inherentemente constituye un uso excesivo de la fuerza, incompatible con las normas internacionales, incluidas aquellas que prohíben el trato cruel, inhumano o degradante», dijo Nicola Duckworth
Información general
Las armas taser son armas que producen descargas eléctricas. Están diseñadas para ocasionar una incapacitación instantánea al producir un electrochoque de alto voltaje. Desde el año 2001, más de 100 personas en los Estados Unidos y Canadá han muerto tras ser sometidos a descargas eléctricas con armas taser. La mayor parte de los que murieron eran hombres desarmados que, si bien daban muestras de comportamientos trastornados o combativos, no parecían suponer una amenaza grave para la vida o seguridad de otras personas.
En una carta remitida al Ministerio del Interior español el pasado 2 de febrero de 2005, Amnistía Internacional planteó sus preocupaciones por la presencia y uso de armas de descargas eléctricas en España. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, estas armas son importadas de forma legal para el uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Los cuerpos de policía local que al parecer disponen de estas armas para su posible uso son la policía local en las Islas Canarias, la de Espartinas (Sevilla) y la de Xivert (Castellón). En la misma carta, Amnistía Internacional también había expresado sus preocupaciones por el posible uso de tales armas por la Guardia Civil así como por la Unidad de Intervención Especial.
El 22 de febrero de 2005 la Dirección General de la Guardia Civil declaró, en respuesta a la carta de Amnistía Internacional, que estas armas no son utilizadas de forma oficial por la Guardia Civil. Es más, el 26 de abril de 2005, el Ministerio del Interior confirmó que: «vistos los riesgos que pueden ocasionar, no se considerado apropiado el uso de estas armas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».