Lo primero que queremos decir es que «una justicia lenta no es justicia». Desgraciadamente algunas de las víctimas y familiares han fallecido a lo largo de estos años. Para ellos nunca habrá justicia y lamentablemente ya nada se puede hacer. Cuando acabe el juicio habrán pasado 10 años.
Esta demora no es casual, las diferentes instituciones del Estado son las responsables:
– Sufrimos el cambió del juez, pese a nuestra petición al C.G.P.J., y la inacción total del primer fiscal que tuvo que ser sustituido.
– Ocultación y demora de entrega documentos por parte de Fomento, Renfe y Adif (hasta 4 años)
– Peritos impuestos por la Xunta sin experiencia ferroviaria que demoraban y plagiaban otros informes, pésima calidad de las grabaciones en el juzgado, etc.
– Acumulación de retrasos y errores graves por parte del juzgado.
Evidentemente estamos satisfechos con que finalmente se vaya a celebrar el juicio, y finalmente se siente en el banquillo al exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, pero consideramos que es insuficiente. Existían claras responsabilidades por parte de Renfe, que tuvo constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois y, sin embargo, no actuó en consecuencia.
El exdirector de seguridad del Adif se sentará en el banquillo porque Adif no realizó el análisis de riesgos al que obligaba la normativa en dos ocasiones. Así lo indicaba el auto de la Audiencia
– Hubo modificaciones importantes del proyecto original, cuando era ministro de Fomento José Blanco, “cuya repercusión en la seguridad resulta obvia sin que conste que previamente se hubiere evaluado el riesgo que dichos cambios pudieran comportar para la seguridad”.
– En un segundo momento, con Ana Pastor al frente, cuando se produjo la desconexión del sistema de seguridad ERTMS, porque este generaba retrasos, “sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación”.
Por lo tanto la justicia desmonta la verdad oficial, que con Ana Pastor al frente de Fomento, quisieron imponer: que se hizo una investigación independiente, que el maquinista era el único responsable, que el accidente no era de Alta Velocidad. Seguimos sin entender cómo es posible que el ministerio de Fomento autorizase la puesta en servicio de esta línea sin el preceptivo análisis de riesgos.
Pese a los años transcurridos vamos a seguir luchando para se haga justicia y se depuren todas las responsabilidades que corresponden a una democracia avanzada : técnicas, penales y políticas.
Durante 9 años hemos ido conociendo hechos muy graves que jamás se juzgarán en los tribunales, pero que tienen una clara responsabilidad política: procedimientos de infracción por incumplimiento de la la normativa de seguridad ferroviaria, no se ha puesto en marcha una investigación técnica independiente, tal y como ha solicitado la UE en reiteradas ocasiones, presiones a la UE para impedir la publicación del informe, etc..
Es imprescindible que se depuren todas y cada una de las responsabilidades y que se esclarezca toda la verdad y se realice la investigación técnica independiente que exige Europa antes del inicio del juicio para que se incorpore al proceso judicial.
EN MEMORIA DE LOS QUE DEJARON SU VIDA EN LAS VÍAS Y PARA QUE NO VUELVA A OCURRIR, EXIGIMOS VERDAD Y JUSTICIA