Durante los años de fuerte crecimiento de la actividad en sectores como la construcción, la hostelería y la agricultura, la demanda de trabajadores extranjeros en España fue constante y masiva; el porcentaje de trabajadores extranjeros en alta laboral en España, entre 1999 y 2007, creció de un 2,30 a un 10,32%, lo que no recoge, […]
Durante los años de fuerte crecimiento de la actividad en sectores como la construcción, la hostelería y la agricultura, la demanda de trabajadores extranjeros en España fue constante y masiva; el porcentaje de trabajadores extranjeros en alta laboral en España, entre 1999 y 2007, creció de un 2,30 a un 10,32%, lo que no recoge, por razones obvias, el elevado peso de la economía sumergida que caracteriza nuestro país.
A pesar de su reiterada utilización, el argumento falaz del ‘efecto llamada’, producido, según los sesudos defensores de la ‘gestión ordenada de los flujos migratorios’, por la ‘generosa legislación’ española, se desmiente por la simple constatación de las estadísticas. Desde la primera de las reformas de la vigente ley de extranjería, emprendida en diciembre de 2000 al inicio del segundo mandato de J. M. Aznar, se ha sucedido un progresivo endurecimiento del marco legal y, sin embargo, han sido los años de mayor llegada de extranjeros a España; según datos de Eurostat publicados el pasado 16 de diciembre, España es el segundo país entre los veintisiete de la Unión Europea en número de ciudadanos extranjeros (5,3 millones), sólo superado por Alemania (7.3), y el sexto en porcentaje (12 %).
Aunque es evidente que no todos los ciudadanos extranjeros deben ser considerados como inmigrantes, piénsese en los residentes comunitarios de los países más enriquecidos, las estadísticas demuestran que el auténtico ‘efecto llamada’ ha sido la demanda de mano de obra masiva y barata para un modelo productivo hoy en quiebra; demanda que se produce en un mercado de trabajo dual, donde los inmigrantes, junto con las mujeres y los jóvenes españoles, mantienen una posición precarizada, con menos derechos y con muy poca capacidad de presión para mejorar sus condiciones laborales. La desigualdad entre los niveles de vida y las expectativas de los nacionales de los distintos países en el capitalismo global favorece que, este inagotable ejército de reserva de trabajadores, permanezca a disposición de los empresarios alimentando la rueda de la explotación.
La actual crisis del capitalismo, cuyos efectos sobre la sociedad y especialmente sobre los colectivos más vulnerables comenzaron a hacerse patentes en el último trimestre de 2007, ha traído como consecuencia el aumento del paro entre la población inmigrante, con una tasa de desempleo que ha llegado ha situarse en datos del 17 de diciembre en un 27,50 %, lo que supone cerca de ocho puntos por encima de la media.
Las consecuencias de la crisis entre los inmigrantes
La crisis está provocando situaciones realmente dramáticas, no sólo por la falta de empleo sino también por la debilidad de las redes sociales de apoyo, el endeudamiento, la dificultad de contactar con sus familiares en los países de origen y, sobre todo, el riesgo de perder la documentación para residir en España.
Según la ley, los trabajadores inmigrantes deben cumplir con estrictos requisitos de cotización a la Seguridad Social para la renovación de sus autorizaciones de residencia y trabajo, seis meses por año como regla general. A pesar de la modificación del reglamento de la ley el 10 de julio, negociada con los sindicatos mayoritarios, que permite la renovación de las autorizaciones a extranjeros en paro si han cotizado a la Seguridad Social 9 meses por año de estancia en España, el efecto perverso de la irregularidad sobrevenida se acrecienta día a día. Por otra parte, ante el aumento del paro y el desbordamiento de los servicios públicos de empleo, se están detectando prácticas discriminatorias que excluyen a los trabajadores extranjeros de prestaciones y oportunidades a las que tienen derecho, como la inscripción como demandantes de empleo o el acceso a la formación ocupacional.
Para los trabajadores en activo la situación también ha empeorado, ya que se han incrementado los casos de vulneración de derechos laborales que llegan a una situación de explotación descarnada, cómo el aumento de las exigencias por parte de los empresarios con el chantaje del despido y la enorme masa de desempleados disponibles a ocupar el lugar de quienes no acepten sus reclamos, constatándose el aumento de casos de discriminación racista o xenófoba.
Lo más preocupante es la generalización de los discursos agresivos de los grandes partidos, que venimos escuchado desde la última campaña electoral, que fomentan la xenofobia y el racismo en la sociedad, como la vinculación entre inmigración y delincuencia, la falta de sensibilidad hacia los menores no acompañados y la falsa imputación del uso abusivo de los servicios públicos por los inmigrantes, cómo si la responsabilidad de su deterioro no tuviera que ver con la políticas económicas liberales aplicadas tanto por el PP como por el PSOE, aunque el histórico recurso de buscar un chivo expiatorio siempre resulta mucho más sencillo de vender.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno del PSOE, tras su segunda victoria electoral, con su ministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho a la cabeza, estrenó su mandato con un llamamiento al retorno como solución mágica ante la crisis y el paro entre los inmigrantes; aunque esta medida, como era previsible, no ha tenido más que una aplicación marginal, es un claro reflejo de una visión instrumental del trabajador inmigrante, de usar y tirar en función de la coyuntura económica y los intereses de los empresarios .
El Congreso de los Diputados aprobó el 26 de noviembre la cuarta reforma de la ley de extranjería. Una vez más y en línea con el modelo construido desde 1985 con la primera ley, en vez de apostar por un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración social en España coherente con los derechos humanos, se consolida la tendencia a construir un régimen de ‘extranjería’ que prima el control administrativo y refuerza el control policial. Aunque se recupera el reconocimiento de los derechos fundamentales de asociación, sindicación, reunión, manifestación y huelga, hay que recordar que es la consecuencia obligada de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la primera reforma de 2000. En el actual contexto de crisis, los escasos avances tendrán una escasa repercusión práctica, porque su ejercicio en la realidad laboral precarizada es prácticamente imposible.
Entre los aspectos más negativos de la reforma se recorta el derecho a la reagrupación de los ascendientes, exigiendo que el familiar tenga más de 65 años, y se somete a las víctimas de violencia de género sin papeles a un expediente sancionador en el momento de denunciar, lo que disuadirá a muchas mujeres a acercarse a las comisarías.
A propuesta del grupo parlamentario de Convergencia i Unió se ha introducido el peligroso concepto indeterminado del ‘esfuerzo de integración’, como si este fuera un proceso unilateral de los inmigrantes, en la línea de las propuestas más reaccionarias del PP, que empezó hace unos años reclamando la introducción de este tipo de ‘contratos’. También, ante la insistencia de Coalición Canaria, la tramitación parlamentaria ha introducido una consideración de los menores no acompañados como inmigrantes irregulares, concediendo un margen de maniobra ambiguo a las Comunidades Autónomas para establecer acuerdos con los países de origen y la gestión de la tutela.
Por último, se incrementan las sanciones contra la población extranjera de forma desproporcionada; se amplia el periodo de internamiento hasta 60 días, a pesar del argumento empleado por el Gobierno al justificar su voto favorable a la misma de que la directiva de retorno o de la vergüenza no tendría consecuencias en España, en un tipo de centros que han sido denunciados recientemente por diferentes instituciones y organizaciones sociales debido a las condiciones que ofrecen y los reiterados maltratos a los detenidos.
Una respuesta necesaria
Como se ha demostrado en la historia, sólo la organización y la movilización social pueden enfrentar un panorama como el descrito. Aunque hay que destacar las manifestaciones llevadas a cabo el 17 de octubre por las distintas plataformas unitarias y organizaciones de inmigrantes, entre ellas la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España (FERINE), las mismas no han logrado paralizar la reforma de la ley. El peso de las asociaciones de inmigrantes y de estos en las organizaciones sociales, en especial las sindicales, ha demostrado ser limitado. El reto del movimiento social sigue radicando en obtener el apoyo de la mayoría de la población a un modelo de integración coherente con el valor universal de los derechos humanos y la justicia social. Como señaló el pasado 28 de noviembre Iván Cisneros, vicepresidente Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADE), en el acto de presentación de la refundación de la izquierda en el salón de actos de Comisiones Obreras de Madrid, los trabajadores inmigrantes explotados, endeudados y discriminados, deben constituir uno de los sectores que más deben aportar en este proceso.
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