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El 19 de noviembre de 2012, La PARS, La Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, Attac Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y Dempeus per la salut pública presentamos una querella criminal contra Boi Ruiz y su equipo de gobierno del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Consideramos que el Conseller y su equipo podrían haber cometido los delitos tipificados en los artículos del Código Penal referidos al impedimento del ejercicio de derechos cívicos (art. 542), a la omisión del deber de socorro (art. 196), al tráfico de influencias (art. 428) y a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 441). Esta querella es un segundo paso en lucha por denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el atentado contra los derechos de la ciudadanía. En marzo de 2012 ya presentamos una denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El Fiscal reconoció el daño causado a los ciudadanos por las decisiones del Departament de Salut, a pesar de lo cual decidió no investigar estos hechos. Por ello, decidimos continuar investigando y presentar nuestra querella ante el TSJC.
El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es notorio en Cataluña. Los ciudadanos que firmamos esta querella somos conscientes de que el sistema sanitario puede verse resentido como consecuencia de la crisis económica que la sociedad está sufriendo. Pero las consecuencias de las decisiones de los Altos Cargos que aquí denunciamos provocan un deterioro en el derecho de protección a la salud que tiene un límite y es el que fija la legislación vigente. Existen datos objetivos que indican que el Departament de Salut ha incumplido y sigue incumpliendo la legislación que regula, por ejemplo, las listas de espera, uno de los indicadores clave a la hora de evaluar el derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios, ya que el ordenamiento jurídico otorga el carácter de derecho de las personas operarse un tiempo máximo de 6 meses. Este derecho, particularmente, habría sido vulnerado sistemáticamente como consecuencia de las decisiones de los Altos Cargos de la Generalitat de Catalunya, con plena conciencia de que sus medidas conducirían a su vulneración, como exige el Código Penal para calificar estas conductas de delictivas.
Los problemas económicos de nuestra sociedad no pueden ser justificación para impedir que los ciudadanos ejerzamos los derechos regulados por Ley. Nuestra legislación permite reducir presupuestos, reorganizar sistemas o potenciar ciertos sectores económicos en función de la línea ideológica de cada gobierno, pero en ningún caso las medidas que se apliquen pueden llevar al impedimento del ejercicio de derechos, como es el derecho a la protección de la salud que la Constitución instaura en el artículo 43 y se desarrolla en otras leyes, incluido el Estatut d’Autonomia de Catalunya. Los límites los pone la Ley y el Conseller y su equipo los habrían rebasado a sabiendas. Asimismo hay indicios de que el Departament de Salut estaría manipulando, y en algunos casos ocultando, datos oficiales para minimizar el impacto de los datos reales en la opinión pública y, lo que sería más relevante judicialmente, para acaso disimular conductas delictivas como las que denunciamos en nuestra querella.
La respuesta de la ciudadanía apelando a los tribunales es obligatoria cuando desde los poderes públicos encargados de garantizar los derechos se toman medidas que llevan a que la ciudadanía no pueda ejercerlos, cuando hay indicios de que no están cumpliendo la Ley al elaborar la información pública sobre listas de espera, cuando hay ciudadanos que fallecen por no poder ser atendidos en los centros sanitarios cerrados, cuando hay sospechas de que se utilizan estrategias estadísticas para ocultar datos oficiales a la ciudadanía, cuando los Altos Cargos de la sanidad pública tienen simultáneamente Altos Cargos en el sector sanitario privado, cuando se podría estar utilizando la legislación de forma interesada para favorecer al sector privado, cuando hay informaciones que dicen que el propio Conseller preside una empresa de servicios sanitarios privados o cuando ha salido a la luz que la esposa del Conseller ha sido recientemente contratada en una corporación sanitaria pública para hacer labores de gestión, la Corporació ParcTaulí de Sabadell.
La corrupción no terminará hasta que no acabemos con la impunidad. Los ciudadanos querellantes apelamos al resto de la ciudadanía para que colabore en eliminar el sentimiento de impunidad que está situado en los despachos de los Altos Cargos de la Generalitat, que ni se les pasa por la cabeza que sus actos puedan tener consecuencias penales y para ello os invitamos a cooperar de diferentes formas, principalmente aportando información. Estamos trabajando en un canal de comunicación seguro y que garantice la confidencialidad de todo aquel que participe. En cuanto esté disponible os lo haremos saber.
En la querella, que consta de 80 páginas que componen el cuerpo y de más de 400 páginas de anexos, manifestamos que, sin entrar en el debate sobre sanidad pública versus sanidad privada, es inadmisible que los ajustes presupuestarios o, en su caso, los cambios de modelo, se hagan a costa de imposibilitar el ejercicio de derechos garantizados por la Ley para después, supuestamente, volver a recuperarlos. El Conseller no tomó las medidas suficientes y necesarias que tenía a su alcance para corregir la situación caótica que había provocado, sea por ignorancia, incompetencia o interés. Nosotros pensamos que es por lo tercero. El Conseller y su equipo, más bien al contrario, aun sabiendo que incumplirían la Ley siguieron tomando decisiones que justificarían incluso más la imposición de las penas relativas a los presuntos delitos que denunciamos.