El Gobierno dio luz verde, en su Consejo de Ministros del 28 de julio, a la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley referente a lo que hasta hoy se había denominado Memoria Histórica y que ahora se llama «Anteproyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor […]
El Gobierno dio luz verde, en su Consejo de Ministros del 28 de julio, a la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley referente a lo que hasta hoy se había denominado Memoria Histórica y que ahora se llama «Anteproyecto de ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura».
Sin embargo, a pesar de un tímido reconocimiento «moral» de las víctimas, dicho Anteproyecto decepciona por cuanto no se establecen medidas eficaces para una auténtica rehabilitación de las víctimas de la dictadura franquista. Veamos por qué:
– El texto trata como víctimas iguales a «nacionales» y «republicanos», cuando lo que está todavía pendiente es el resarcimiento moral y jurídico de quienes tuvieron cuarenta años de persecución y represión a manos de un victorioso ejército golpista.
– Se diluye el valor del término Memoria Histórica como recuperación colectiva de algo que sucedió y fue acallado por la violencia, sustituyéndolo por «memoria personal y familiar», reconvirtiendo lo que fue un represión sistemática y colectiva contra cientos de miles de excombatientes republicanos/as en supuestas afrentas individuales.
– El mínimo resarcimiento reconocido vendrá por un proceso administrativo, que no jurídico, personalizado y casi secreto. Con la aparente objetividad de unas personas de honor se dictará si alguien fue injustificadamente penalizado o no. Incongruente con la sentencia general que dictó que todos los juicios franquista fueron injustos tanto de hecho como de derecho.
– No sólo no habrá resarcimiento económico por esas injusticias si no además tampoco se admite la posibilidad de que se reabran procesos, y se publicite quiénes fueron los asesinos y y sus responsables durante el franquismo. Los nombres de jueces y verdugos serán secretos. No se podrá ni mancillar su honor ni llegar a exigirles respuesta, aunque sea moral, por sus actos.
– Se burocratiza y administrativiza el proceso de exhumación de las fosas comunes. Queda en manos de las familias preguntar dónde están sus muertos y exhumarlos o no,… con el permiso final de quienes detenten la propiedad del terreno.
– Podrá haber placas y símbolos de la guerra… si recuerdan a ambos bandos por igual…
– El Valle de los Caídos será lugar de culto y de honra a todos los caídos.
– Por último, sigue dejando fuera casos escandalosos como el de Delgado y Granados y tantos otros, como el de los más de 200.000 «republicanos» condenados a trabajos forzados, abriendo sólo una puerta a subvenciones para investigarlos.
Sólo dos aspectos podemos considerar mínimamente positivos, aunque rozan lo meramente simbólicos:
– Se mejoran y amplían las posibilidades de pensión de las familias de los asesinados o de los encarcelados, con las limitaciones ya legisladas anteriormente.
– Y se concede la doble nacionalidad a los excombatientes de la Brigadas Internacionales…
Lo peor de este texto es que el Gobierno quiere sacar una ley para poner punto final a la reclamaciones de la Memoria Histórica olvidada y mancillada, al tiempo que la transfiere al mundo académico de estudiosos, historiadores y centros de documentación y, así mismo, la reconvierte en algo «personal y familiar», hurtando las acciones vindicativas colectivas llevadas a cabo por decenas de colectivos por la Memoria Histórica. Es, por lo tanto, un capítulo más de la «reconciliación nacional» iniciada con la Transición.
La CGT no puede por menos que manifestar su decepción y rechazo a este Anteproyecto de Ley, y seguirá luchando por la rehabilitación plena de todas las víctimas del fascismo franquista.
¡¡¡ No puede haber Democracia sin Justicia !!!