Una convocatoria de urgencia, realizada el pasado 8 de abril, por la Associació Veïnal de La Punta-La Unificadora; el colectivo Per l’Horta y la plataforma Ciutat-Port de Valencia.
Se convocaba a los medios de comunicación en Ca Revolta por el siguiente motivo: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) había anulado –en sentencia del 31 de marzo- el Plan (urbanístico) Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, aprobado por la Generalitat en diciembre de 2018.
“Una sentencia histórica, una nueva victoria ciudadana”, celebraron. El recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Conselleria de Vivienda, que aprobó definitivamente el Plan Especial de la ZAL, fue interpuesto en 2019 por la asociación La Punta-La Unificadora.
Fueron objeto de la demanda la Generalitat Valenciana (GVA) y la empresa estatal Valencia Plataforma Intermodal y Logística SA, vinculada a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
Figuraban, entre los argumentos de los recurrentes –según recoge la sentencia-, que la Administración autonómica no hubiera tramitado la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) ordinaria, sino simplificada; que la EAE fuera “incorrecta”, por “no comparar el estado del terreno en 1999 con el que resultará en aplicación del nuevo plan concernido”.
También se impugnó el Plan Especial por “incorrección grave” del informe de viabilidad económica; y por no respetarse las exigencias contenidas en el informe, de 2015, de la Dirección General de Costas del Estado.
El Plan Especial identifica la ZAL como un sector de 77 hectáreas, adyacente al Puerto de Valencia, destinado a actividades de almacenamiento, distribución y ensamblaje de mercancías, componentes industriales y materiales relacionados –en su mayoría- con el tráfico marítimo.
Asimismo el Plan hace referencia a dos sentencias de “anulación” anteriores, en relación con la macroiniciativa portuaria: del Tribunal Supremo, en 2009, por la no emisión del informe de la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente; y una segunda del TSJCV, de 2013 (ratificada por el Tribunal Supremo en 2015), en la que se determinaba una tramitación “ex novo del plan anulado, de acuerdo con las nuevas exigencias normativas tanto urbanísticas como medioambientales vigentes”.
Los antecedentes remiten a 1998, cuando ejercía la presidencia de la Generalitat Eduardo Zaplana, del PP; se aprobó entonces el Plan Especial de Ampliación del Patrimonio Público de Suelo de la GVA para desarrollar una ZAL en la pedanía de La Punta, al sur de la ciudad.
El pasado 9 de febrero, cumplidas más de dos décadas, la APV –dependiente del Ministerio de Transportes- informaba sobre el “avance” en las obras de “acondicionamiento” de la ZAL (reparación de pavimentos y firmes; alumbrado, saneamiento y jardinería, entre otras actuaciones); y cifraba la inversión estatal –hasta febrero- en 133 millones de euros.
En el mismo comunicado, la Autoridad Portuaria daba cuenta de la adjudicación de cuatro parcelas de la ZAL a la multinacional de transportes y logística Raminatrans; la inmobiliaria QA Pimba Holding; MSC, con sede en Suiza, que ya explota una terminal de contenedores en el Puerto de Valencia; y Medlog Iberia.
Frente a los intereses empresariales y del gigante portuario, “es el momento de paralizar la ZAL. Cuesta lo mismo revertirla que continuar con la urbanización; habría que desarrollar un espacio verde que conecte el antiguo cauce del río Turia con el Parc Natural de l’Albufera; lo que hace falta es voluntad política”, afirmó el portavoz de Per l’Horta, Josep Gavaldà, en Ca Revolta.
En la rueda de prensa tras la sentencia, la portavoz de La Unificadora de La Punta, Mireia Vidal, leyó los nombres de las vecinos y vecinos del pueblo de La Punta “que han muerto durante estos años y -después de tres décadas de lucha-, no han podido disfrutar de esta victoria judicial; no se trata sólo de terrenos, esto era un pueblo que ya no existe y eso ha de repararse; queremos tener derecho a decidir sobre qué ha de hacerse ahora”.
El miembro del grupo jurídico que interpuso el recurso, Antonio Montiel, recordó que el Plan Especial –objeto de la reciente sentencia- “es obra del Botànic” (Acuerdo de Gobierno autonómico, en 2015, entre el PSPV-PSOE y la coalición Compromís con el apoyo de Podemos), “que dio continuidad a una lógica errónea que inició el PP”. Montiel añadió que el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia tienen la obligación de “hacer cumplir la sentencia”.
Integrante de la Comissió Ciutat-Port, Pau Monasterio valoró que lo ocurrido en l’Horta de La Punta “vuelve a suceder ahora”, con el proyecto de ampliación Norte del Puerto de Valencia, que actualmente tramita la APV; Tras comenzar la batalla hace tres años, la Comissió rechaza la ampliación, reivindica la reversión del dique norte y la ZAL, y denuncia los impactos que la expansión portuaria tendría en L’Albufera y playas como la de El Saler.
Durante los últimos años se han sucedido las campañas y acciones ciudadanas contra la ZAL; por ejemplo la primera Trobada de Muralistes per l’Horta. Sense Murs, que tuvo lugar en marzo de 2018 en La Punta; diferentes artistas urbanos –Aryz, Blu, Borondo, Escif, Anaïs Florin, Liqen, Luzinterruptus y Eías Taño, entre otros- presentaron sus murales y participaron en actividades y visitas guiadas en la pedanía valenciana, con la asistencia de 200 personas.
El encuentro de muralistas se insertaba en la campaña Aturem la ZAL, recuperem La Punta, coordinada por la Plataforma Horta és futur, No a la ZAL. Los activistas recordaron los antecedentes del proyecto logístico y de la lucha popular, cuyo punto álgido se produjo a principios de los 2000: “(el proyecto de ZAL) implicó pasar por encima de su protección (por el valor del suelo agrícola de La Punta), expulsar a un centenar de familias de sus viviendas y arrasar l’Horta y sus casas, para cederle al puerto un enorme solar”.
Y en cuanto a la resistencia vecinal a los poderes públicos, empresariales, mediáticos y las excavadoras, destacaron: “No sirvió para detener la destrucción de más de 70 hectáreas de huerta productiva, pero sí para la paralización de la ZAL”, después de varias sentencias judiciales.
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