La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo (Afresama) y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar queremos manifestar: -Ningún genocida puede tener un monumento en una sociedad sana y democrática. Los restos de Franco, José Antonio y demás autores intelectuales y materiales del genocidio contra […]
La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y El Marrufo (Afresama) y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar queremos manifestar:
-Ningún genocida puede tener un monumento en una sociedad sana y democrática. Los restos de Franco, José Antonio y demás autores intelectuales y materiales del genocidio contra el pueblo español no pueden descansar en un lugar público convertido en homenaje permanente al fascismo y sus terribles consecuencias.
-Quienes predican que hay que amar al prójimo y poner la otra mejilla frente al agresor no pueden permitir que sus símbolos amparen a los responsables de una guerra contra el pueblo español que costó la vida a más de un millón de personas, el exilio de más de medio millón y el fusilamiento o la cárcel para centenares de miles de hombres y mujeres inocentes.
-Sabemos los nombres y apellidos de unas seiscientas personas que fueron fusiladas en el Campo de Gibraltar por los sublevados contra la democracia española. Aquí no hubo guerra, sólo una represión feroz y cruel contra una población civil indefensa perpetrada según el plan de los militares traidores al pueblo que en Andalucía asesinaron a unas 60.000 personas inocentes en las tapias de los cementerios o en las cunetas de las carreteras. Los historiadores aseguran que esa cifra de 600 desaparecidos hay que multiplicarla al menos por tres para saber cuantas personas fueron realmente asesinadas. La mayoría de los fusilamientos los cometieron los fascistas al principio de la guerra sin juicio previo, sin ninguna instrucción policial y no hay rastro documental de buena parte de ellos. Sólo en Algeciras, que en 1936 tenía 22.000 habitantes, los fascistas fusilaron a más de 300 personas. En La Línea, sólo en un día, el 19 de julio, las tropas sublevadas asesinaron a más de cien personas junto al cuartel de Ballesteros.
-Nos sentimos profundamente ofendidos, agraviados e indignados por la proliferación estos días en la televisión, las radios y los periódicos de comentaristas y tertulianos que defienden abiertamente a los genocidas y el genocidio. ¿Se imaginan ustedes qué podrían sentir las familias de Miguel Ángel Blanco o de Ernest Lluch si cada vez que alguien fuese a hablar en la tele del aniversario de los atentados de Hipercor aparecieran miembros de ETA o HB defendiendo los atentados y la lucha armada? Pues eso es lo que sentimos nosotros todos estos días. Un asco tremendo y un dolor sin consuelo. Con la diferencia de que los asesinos de nuestros padres y abuelos no fueron sometidos a juicio, no pagaron por sus crímenes y encima han gozado y gozan de impunidad y respetabilidad para una parte de la sociedad que siguen sin romper con el franquismo.
-El juez Garzón le puso nombre a 115.000 personas asesinadas por las huestes franquistas cuyos restos siguen esparcidos por las cunetas y fosas comunes de los cementerios de toda España. Cualquier Estado civilizado y democrático haría lo mínimo: Ordenar una investigación judicial, hallar los restos mortales de todos ellos, devolvérselos a sus familias, poner nombre y apellidos a los culpables de tanto crimen, juzgarlos y reparar el daño sufrido por las víctimas. Pero amparado por un aparato judicial en gran parte heredero del franquismo, los jueces se han escudado en la Ley de Amnistía de 1977 para decir que los crímenes de los funcionarios, militares, policías y dirigentes del franquismo están perdonados, y que por eso no hay nada que investigar ni fosas que descubrir. Europa, la ONU, y todos los organismos internacionales de derechos humanos no paran de ponerle la cara colorada al Gobierno español. Los crímenes de genocidio, los crímenes contra la humanidad nunca prescriben. Es obligación del Estado investigarlos y reparar a las víctimas o sus familiares. Afresama y el Foro pusieron una denuncia en el juzgado de Jerez cuando aparecieron los restos de los 28 fusilados del Marrufo. Pero el juez decretó el archivo de la causa. Nuestra abogada presentó el pertinente recurso, también rechazado. Luego entregamos toda la documentación sobre La Sauceda y el Marrufo y la de los 600 asesinados en el Campo de Gibraltar al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas e Involuntarias y a los abogados de la querella presentada en Argentina contra los criminales franquistas que investiga la jueza María Servini.
-Nos gustaría pensar que en España hay jueces a los que se les cae la cara de vergüenza viendo cómo tiene que venir una jueza de otro país a hacer su trabajo. Nosotros alentamos y apoyamos con todas nuestras fuerzas la acción de la jueza Servini y de cualquier otra instancia internacional que colabore en romper la impunidad del franquismo. La razón, el derecho natural y los principios más elementales de la justicia nos asisten. Esperamos que el nuevo Gobierno de España no se limite solo a sacar los restos de Franco del valle de Cuelgamuros, clausure los monumentos de exaltación al fascismo y elimine toda la simbología franquista que aún existe en este país.
-Y esperamos que se anulen las condenas dictadas por los tribunales franquistas contra nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Los traidores al pueblo español juzgaron y condenaron por rebelión a quienes sólo habían permanecido fieles al orden constitucional. La justicia al revés. Los traidores juzgando y condenando a los traicionados. El Estado español debe devolver a nuestros familiares el buen nombre que jamás han perdido en nuestras conciencias. Blas Infante, un notario de pueblo defensor de los jornaleros y los trabajadores, fue asesinado por un pelotón de fusilamientos compuesto por falangistas. Sus restos mortales yacen aún en una de las fosas comunes del cementerio de Sevilla junto a los de otros cuatro mil asesinados. En 1940, Blas Infante, cuando llevaba cuatro años muerto, fue condenado por rebelión y a su familia se le impuso una multa de 20.000 pesetas de las de entonces. Andalucía necesita reparar esta aberración. Los andaluces necesitamos recuperar los restos de Blas Infante, los de sus compañeros de fosa y los de las 60.000 personas asesinadas por los franquistas. Necesitamos saber quiénes y cómo los asesinaron y necesitamos que el Estado heredero asuma su responsabilidad, anule las sentencias contra las víctimas y condene a los culpables de su asesinato. Y si alguien (Ejército, Guardia Civil, Iglesia católica, Tribunal Supremo, o presidente de Gobierno) pide perdón por tanto crimen y tanta infamia, mucho mejor.
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