Una treintena de personas, vecinos de Lavapiés y miembros de la asamblea del 15-M en el barrio, se han entregado este domingo en la comisaría. El motivo: la trascendencia de un informe de seguridad ciudadana elaborado por Delegación del Gobierno en Madrid en el que se califica la acción del 15-M como «un tipo de […]
Una treintena de personas, vecinos de Lavapiés y miembros de la asamblea del 15-M en el barrio, se han entregado este domingo en la comisaría. El motivo: la trascendencia de un informe de seguridad ciudadana elaborado por Delegación del Gobierno en Madrid en el que se califica la acción del 15-M como «un tipo de delincuencia».
Los miembros de la asamblea consideran que el objetivo del documento no era otro que la «criminalización política». «Lavapiés siempre ha sido una zona que ha recibido bastante atención por parte de las autoridades para ensayar políticas de represión», asegura Aurora Gómez, miembro del 15-M en el barrio. «El problema es que estos problemas ficticios pueden servir de excusa para implementar nuevas leyes represivas de alcance nacional», apunta.
El propio plan de seguridad admite que Lavapiés es una de las zonas con menor tasa de criminalidad de todo el distrito Centro de la capital. «La clave es que es un barrio empoderado. Yo he vivido en otras zonas de Madrid y en ningún sitio me he sentido más segura que aquí», afirma Gómez, tras lo que señala a dos coches de la policía municipal parados en medio de la plaza Lavapiés: «Esto es lo que pretenden, incrementar la presencia policial de cara a hacer frente a los movimientos sociales».
«Ustedes no tienen que entregarse a nadie»
Tras reunirse cerca de treinta personas, los vecinos han avanzado, en todo momento sin cortar el tráfico, hasta la comisaría en Embajadores. Una vez allí, la marcha ha sido detenida, a pocos metros de la puerta, por un nutrido cordón de agentes de la Unidad de Intervención Policial, donde el jefe del dispositivo ha accedido a hablar con los miembros de la asamblea.
«En el informe de seguridad ciudadana elaborado por [la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina] Cifuentes, se nos acusa de delincuencia. Somos delincuentes honrados, venimos a entregarnos», ha declarado uno de los vecinos. «Si ustedes no han cometido delito alguno, de manera individual o colectiva, yo no puedo actuar», ha asegurado el agente, que ha admitido desconocer el informe y ha señalado que el 15-M «no puede considerarse delincuencia». «Esto es algo que tendréis que hablar con la Delegada del Gobierno, yo creo que ustedes no tienen que entregarse a nadie», ha zanjado.
Tras unos quince minutos de diálogo, la asamblea se ha retirado. «Nos quedamos algo más tranquilos», ha bromeado a la vuelta Eduardo Gutiérrez, miembro del 15-M. «La lucha de Cifuentes con el barrio de Lavapiés es antigua. Con este informe, ella se escuda en que es una propuesta de asociaciones vecinales y de empresarios, pero las primeras lo han desmentido», sostiene. «De todos modos, es inadmisible. No creo que si una asociación hubiera dicho que el color de piel es un tipo de delincuencia, Cifuentes lo hubiera incluido en el informe. Esto es algo consciente», lamenta Gutiérrez.
Gómez señala que este gesto ha tenido como objetivo «visibilizar la solidaridad». «Lo que molesta es que en este barrio hemos hecho retroceder a la policía en varias ocasiones cuando ésta realizaba redadas racistas, hemos parado muchos desahucios, hay un movimiento social muy fuerte», asegura. «Apuntarnos como delincuentes es peligroso. Esto, en otros tiempos, significa que acabemos en un río, o encerrados, o torturados», concluye.