Los últimos hechos ocurridos en Colombia ofrecen una serie de pistas sobre lo que será el remate del gobierno progresista y de izquierda, y el escenario político electoral de frente a las elecciones para congreso (marzo) y presidenciales (mayo y junio) de 2026.
Esos hechos ratifican una serie de ideas y propuestas que hemos hecho desde esta columna desde el inicio del gobierno del presidente Petro, y que aspiramos precisar en este escrito. No se trata de hacer juicios ni de cobrar nada, pero si es importante reiterar esos planteamientos.
Hechos
Luego de que el presidente Petro ‒contra viento y marea‒ rehabilitó a Armando Benedetti como “su mano derecha” al nombrarlo ministro del Interior, pareciera que la oligarquía financiera y la cúpula de los partidos tradicionales entraron en pánico frente a la posibilidad de que las “reformas sociales” lograran pasar en el Congreso con base en acuerdos y consensos.
Así, nerviosos frente a esa posibilidad que le daría “aire de cola” al gobierno de cara a las elecciones de 2026, les ordenaron a los senadores de la comisión 7ª que mediante la figura de “ponencia de archivo”, bloquearan y hundieran el trámite legislativo de la reforma laboral. De esa manera oficializaron de manera burda el “bloqueo institucional” que antes negaban.
El primer mandatario y el gobierno reaccionaron rápidamente y plantearon la propuesta de impulsar una Consulta Popular para tratar de superar ese bloqueo, sacando el debate sobre el tema laboral del Congreso para hacerlo de frente a toda la sociedad, y tratar de ampliar la base social tanto para hacer realidad esa reforma como para ganar las próximas elecciones.
El otro hecho importante tiene que ver con la salud. Se desató la guerra entre los dueños de las EPS y el gobierno. Las EPS acostumbradas a manejar los recursos públicos a su amaño, ante la negativa del gobierno de ajustar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) al tamaño de sus apetitos, han intentado generar una crisis artificial en la prestación de los servicios para crear animadversión contra el gobierno entre la población en general.
En el último consejo de ministros, el presidente Petro planteó con toda claridad que no van a pagar con recursos públicos lo que las EPS le deben a las instituciones prestadoras de servicios IPS (hospitales, clínicas, dispensarios, etc.), y denunció las acciones de acaparamiento de algunos “gestores de medicamentos” que hacen parte de esa estrategia “golpista”. Y precisó que, si esas EPS no cumplen con sus obligaciones serán liquidadas.
De esta manera se oficializó la confrontación abierta, no tanto entre el ejecutivo y el Congreso, sino entre el gobierno y las clases dominantes que no están dispuestas a aceptar las más mínimas reformas sociales en favor del pueblo y de los trabajadores. En medio de esa “guerra” quedaron los partidos políticos y los parlamentarios que han jugado a amagar estar con el gobierno pero que a los largo de estos últimos 31 meses han demostrado a quién les sirven.
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