Una visión social de la reconstrucción

En tiempos de crisis se espera que el Estado, en rápida visión de las prioridades sociales, las imponga, combata los abusos de monopolios, oligopolios, especuladores, agiotistas…-, y preste firme apoyo a quienes perdieron sus casas, enseres, ahorros de toda una vida y que hoy luchan en el intento por recomenzar. Tarea difícil de imaginar hoy, en un país en manos de una derecha que gobernó el país durante 17 años en nombre del libre mercado, sin ingerencia del Estado, el mismo que constitucionalmente la derecha desterró a título de la libertad de los negocios. Pues sin planificación -ejercicio que Alianza y Concertación en los últimos 20 años declararon como una tarea maldita y provocadora- no sabemos cómo asignar recursos siempre escasos, tratar prioridades y menos aún consultar la población afectada, idear la nueva ciudad, localidad, asentamientos que saldrán de las ruinas y cuyo norte será construir sus casas, entorno y espacios públicos desde la localidad misma. Cuatro décadas no pasan en vano y la población deberá reaprender el significado de construir en conjunto y tomar responsablemente en sus manos su propio destino.

A modo de recuerdo. El terremoto de 1939 nos llevó a pensar la reconstrucción como un esfuerzo colectivo de solidaridad presidido por el Estado. Surgió así, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, presidente del Frente Popular, la columna vertebral de la industrialización y su infraestructura, incluida la institucionalidad financiera, el mejoramiento de la red vial, ferroviaria y comunicaciones, la energía, empresas del Estado e instituciones como CORFO, Endesa, Enap, entre otras. Eran otras épocas que hoy desde el pasado nos recuerdan que nuestro pueblo, en su práctica política, supo ser solidario y consecuente con las grandes tareas que se fijó.

I. Atrincherada la clase política en reglas del juego, que eran mediocre y engañosamente valederas al día siguiente de la dictadura, no vio o no quiso ver que la sociedad chilena cambió drásticamente en estos últimos 20 años.

Agotadas las ideas de las clases dominantes en estos últimos 20 años, no queda como dinámica de cambios sino las aspiraciones de una sociedad que cambió dramática y sucesivamente, en las tres décadas que transcurren entre el primer gobierno radical y la Unidad Popular; el período de la dictadura y los últimos 20 años de la Concertación. Realizar estas aspiraciones de cambio es el desafío político del presente.

En una simplificación extrema, podemos asumir como cambio y principio de nuevas aspiraciones, el supuesto innegable del rol del Estado, en la salud, la educación, la vivienda, el empleo. Con actores cuyas aspiraciones educacionales van mucho más allá del 4º medio, con exigencias que desbordan las universidades tradicionales, y se insertan de lleno en una nueva visión de la sociedad. Pero también están las aspiraciones del público que entabla demandas judiciales y recurre al Estado por propaganda engañosa, por mala construcción de casas y edificios; pacientes por graves atentados contra la salud; usuarios por graves falencias o cobros indebidos de los servicios eléctricos, telefónicos, agua potable, comunidades que denuncian los manejos de las compañías salmoneras que constituyen, en complicidad con el gobierno Bachelet y la banca, hipotecas sobre el dominio público del mar, etcétera, etcétera. A lo cual se agregan las investigaciones y demandas por la corrupción de la clase política y su corolario a saber, no menos de 4 millones de electores que rehúsan voluntariamente inscribirse al cuerpo electoral. Este masivo desborde de situaciones no resueltas ha llevado a la judicialización de conflictos que el sistema y discurso político no ha logrado, y peor aún, no ha intentado resolver.

Carente de ideas, la clase política esconde su miopía en el discurso de la sana gestión de la macroeconomía. Cuando ganancias y beneficios del modelo tienen como contrapartida la injusta distribución del ingreso en Chile -uno de los peores del mundo-, la conciencia política de aquellos que no participan en la distribución de la riqueza se interroga acerca del significado social de los índices de buena gestión financiera que presenta el gobierno en estos 20 años. No digo que debe desterrarse el buen manejo de los dineros públicos. Pero mostrar una parte del problema sin una cuenta clara sobre la participación de aquellos que con su trabajo contribuyeron al esfuerzo nacional con su trabajo y el pago de sus impuestos es echarse al bolsillo la tarea pública que significa gobernar la economía de un país.

II. De cómo dos autoridades, Gobierno y Banco Central, administran las finanzas y sólo una de estas asume su responsabilidad política en tiempos de crisis

Banco Central. Al 23 de marzo las reservas del Banco Central [institución autónoma por definición constitucional, Art. 108, Capítulo XIII de la CPE] bordearon los 26 mil millones de dólares, es decir 65% del valor total de todos los bienes importados el año 2009. El primer semestre de 2008 el gobierno finiquitó el proceso de recapitalización de los activos de la institución al saldar la deuda que mantenía con el Banco Central desde la crisis financiera de 1982. He allí las cuentas de la institución que define los parámetros -tasa de interés, inflación y la tasa de cambio- que finalmente deciden de manera relevante el costo de la reconstrucción en términos de reposición de maquinaria, equipos, material de transporte, edificios públicos y privados, stocks, infraestructura perdida por el sismo, puestos de trabajo, gasto en consumo, embarques al exterior, cumplimiento de deudas, pago de indemnizaciones…

Gobierno. Desde el lado del gobierno [central] este prácticamente carece de deuda externa, apenas 2502 millones de dólares, esto es 3,35% del total, con una tasa de riesgo país más bajas de la economía mundial [Chile Embig: 137]. La deuda privada, 70685 millones de dólares, representa 94,75% del total. A fines de 2009, la Deuda Interna Pública se cifraba a poco más de 7000 millones de dólares, con lo cual el total de la Deuda del sector público, más de 9500 millones de dólares, llegaba a casi 6% del PIB. Pese al descenso en 2009 de 81,1 c/lb con respecto a 2008 en el mercado internacional del cobre y mil millones de dólares menos que el año anterior por la baja en los precios del molibdeno, el país en los últimos años logró reunir activos netos por sobre los 20 mil millones de dólares en el Fondo Económico de Estabilización Social [FEES], todo lo cual permitió en el contexto recesivo en que funcionó el presupuesto 2009 desarrollar una política anticíclica sustentada en un superávit estructural de 7800 millones de dólares programado en gasto corriente e inversión no financiera, equivalente a 4,8% del PIB. Ese el Déficit Fiscal con que el gobierno enfrentó la coyuntura de crisis en 2009.

Opciones de financiamiento. Para enfrentar la catástrofe el gobierno anuncia varias opciones a saber [a] reasignaciones presupuestarias: en los hechos transferir recursos de comunas pobres a otras comunas pobres [?!]; [b] la bestia negra de los grandes empresarios a saber, alza de impuestos que el gobierno a esta fecha califica de moderada [06/04/2010]. Si la tasa del impuesto a la renta es 17% y sube a 19% esa medida es perfectamente inocua pues en su concepción actual dicho impuesto es sólo retención y crédito. No tomar en cuenta esta situación es escamotear el problema y burlarse de la fe pública, máxime si las transnacionales del cobre gozan de un estatus impositivo privilegiado mediante el cual remiten intereses por créditos externos diez veces mayores que las remesas de utilidades. A ello agréguese que el total de las remesas por intereses y otras remuneraciones pagadas al exterior es considerado como gasto tributario de las transnacionales operando en Chile lo cual disminuye su renta imponible y la tributación respectiva; [c] repatriación de fondos FEES, que a fines del 2009 alcanzaron a alrededor de 12 mil millones de dólares; [d] emisión de deuda externa; [e] emisión de deuda interna alentada por una tasa de interés más baja que la del mercado externo, y que al indexarse a la UF – se argumenta – beneficiaría a los tomadores de deuda en un ambiente inflacionario creado por el desajuste entre las inyecciones monetarias y la producción. Situación esta última avalada por la baja del IMACEC de febrero [1,6% desestacionalizado, Banco Central] respecto del mes precedente y la baja en la producción en los meses posteriores a la catástrofe. El sector exportador ha expresado el temor que la inyección masiva de dólares en la economía – medidas [c] y [d] – implicaría una baja brutal en el tipo de cambio que terminaría por arruinarlo. Argumentación que el Banco Central desestima pues calcula un déficit de casi 3000 millones de dólares que la economía estaría en condiciones de absorber sin repercusiones en la tasa de cambio [07/04/2010].

¿Quién asume la responsabilidad de lo propuesto? Lo que no queda claro es la responsabilidad política de la reconstrucción, pues la evaluación de las pérdidas del stock de capital, así como el costo de las operaciones, las decide el gobierno, pero la tasa de interés y la inflación del período 2010 los define el Banco Central. Si como se anuncia, ambas tasas, costo e inflación, rondan el 3%, la tasa de interés real será en torno a cero. La responsabilidad política del costo de la reconstrucción y el crecimiento se atribuirá al gobierno. Sin embargo, ambos elementos están estrictamente ligados a parámetros fijados por el Banco Central, siendo de máxima relevancia la evaluación del stock de capital destruido. El Banco Central mide esta pérdida como el valor del activo menos la depreciación, criterio con el cual designa el daño neto del activo depreciado [1], mientras que el Gobierno lo mide como el valor bruto es decir el valor al cual deberá reponerse el activo, según el precio de mercado del activo. Existiendo disparidad en cuanto al criterio de evaluación del stock de capital, habrá también disparidad en relación a lo que se presenta a la opinión pública como la capacidad productiva de la economía [brechas de capacidad], el flujo de producción y la importancia de las presiones inflacionarias como resultado de la catástrofe.[2] Es sobre estos resultados esperados sobre los cuales finalmente el gobierno de turno será políticamente evaluado y sobre los cuales deberá responder. Los diferentes actores, trabajadores, empresarios, consumidores reunidos en sus diferentes agrupaciones sindicales, cobrarán su responsabilidad al gobierno, el cual amarrado – por mandato constitucional – deberá responder de proyecciones del Banco en planos que golpean a la opinión pública como la inflación, los puestos de trabajo que se crean y en definitiva la capacidad de crecer de la economía.

III. Cuando las platas fiscales se enfrentan a la reconstrucción de un stock de capital destruido, evaluado en más de 20 mil millones de dólares

Al margen de los criterios de evaluación del stock de capital, el problema relevante es la reconstrucción de activos de capital no financieros evaluados por el gobierno en US$ 20.939 millones. Su significado económico se mide con la relación stock de capital neto/PIB [Ver estudio del Banco Central sobre esa relación, 2003: 24 y Gráfico 4.2].[3] Si bien para un período de 17 años [1985-2001] se observa mayor crecimiento del PIB, 6,6%, que el stock de capital, 6,4%, no es menos cierto que la relación capital neto/PIB, esto es la productividad del stock de capital, medida en los sectores edificación habitacional, resto de construcción y maquinaria y equipo en todo el período, alcanza un promedio de 2,2, con fluctuaciones que van de 2,7 en 1985 a 2,1 entre 1992 y 1996, para finalmente crecer hasta llegar a 2,3 en 2001. Según el estudio citado esta última cifra se debería básicamente en respuesta a la menor actividad económica registrada entre los años 1997 a 2001. En conclusión, la relación de productividad no es una mera relación técnica, pues mide, entre otros factores, el potencial de crecimiento de la economía según las expectativas de la población en su percepción de la reactivación de la economía, la reconstitución del mercado de bienes y servicios en tiempos de reconstrucción, y sus decisiones de gasto. De allí surgen evaluaciones importantes como el compromiso de lucha contra la especulación en tiempos de crisis e iniciativas de la población que se traducen en demanda de decisiones. Ya el gobierno debió dar marcha atrás cuando el comercio detallista y el gremio ferretero local denunció el plan del gobierno de negociar sin licitación pública más de 15 millones de dólares del programa Manos a la Obra con 3 cadenas de artículos de construcción [Homecenter Sodimac, Easy y Construmart].

IV. Mesas de mercado y planificación

Mesas de mercado. El desafío es reemplazar la lógica de los precios del mercado libre por precios que traducen situaciones sociales y acuerdos colectivos. El Estado y los actores directos del mercado deben entender esta nueva lógica en la canalización de los recursos así como en su control. Es decir, cuando la reconstrucción de viviendas se llevará a cabo en nuevos terrenos, alejados de las zonas costeras bajas, vulnerables a maremotos o marejadas excepcionales, no habrá clientes, sino un cliente, la comunidad, que además aportará con una demanda por materiales y servicios. En la localidad habrá una cooperativa de constructores según profesiones y oficios de la comunidad dispuestos a dirigir faenas, proporcionar mano de obra, recolectar fondos, etc. La comunidad deberá aprender a reproducir el mercado en lo que podría llamarse «mesas de mercado» desarrolladas en las mismas localidades destruidas y en presencia de los diferentes actores es decir, demandantes y oferentes. Mesas de mercado donde se negociarán precios de materiales, calidades, tiempos de entrega, precios de faenas, en fin se reproducirá no sólo la demanda sino además la oferta. El todo será presidido por la autoridad local [alcalde, gobernador…] y el delegado de la comunidad. Con ello se garantizará junto con el cumplimiento de lo acordado, una práctica de transparencia y fluidez, alejada de manejos monopólicos, abusivos y especulativos. A partir de la incertidumbre se trata de construir la certidumbre que necesitan mercados, hoy paralizados o gravemente desconfiados y que deben ser reactivados con urgencia. Pero también es orientar los actores del mercado, esto es, trabajadores urbanos y rurales, dueñas de casa, empresarios, estudiantes, esto es, el vasto universo de la población de Chile por nuevas vías de negociación, acción y responsabilidades. El Estado preside, facilita, hace público y sobre todo garantiza acuerdos que sustituyen las ventajas o desventajas de negociaciones, en muchos casos destinadas a liquidar posibles competidores. De la situación de crisis buscamos construir un mercado transparente y adaptado a las actuales circunstancias.

Planificación de la reconstrucción y emergencia. En el presente la planificación de las acciones acusa un grave déficit de la autoridad que a 42 días de la catástrofe ha sido incapaz de presentar un plan de reconstrucción incluida su evaluación, organización de las acciones, movilización de recursos y organización de las ayudas internacionales, algunas de las cuales se han retirado por falta de uso útil. En su dimensión nacional la organización se expresa en la distribución de recursos materiales y humanos por la autoridad central de planificación según un catastro general de los daños y la destrucción.

La emergencia – expresada en rescate de vidas humanas y cuerpos de los fallecidos, medicamentos, vacunas, reparto de agua, remoción de escombros, medias aguas, raciones, carpas, hospitales de campaña, puentes Bailey, etc. – privilegia el esfuerzo de la primera hora donde la planificación de la satisfacción de las necesidades del primer momento se impone por sobre otras consideraciones.

La planificación es un proceso de ida y vuelta entre los actores locales y la autoridad central… En lo local, la primera prioridad es la remoción de escombros y la planificación de los nuevos asentamientos o barrios en la ciudad o localidad destruida más la infraestructura propia al barrio. Concepción contraria a ayudas individuales, donde junto al barrio se privilegia el entorno donde los vecinos tengan voz y voto en la planificación de los espacios públicos.

V. Cuando de los hechos surgen lecciones y acciones

De la catástrofe surgen lecciones que difícilmente podrá adoptar un gobierno que en su esencia representa a los grupos económicos más poderosos del país. Los mismos que representaron los gobiernos anteriores en estos últimos 20 años. En esta dura lucha por la reconstrucción, y por la fuerza de los hechos, se proyectarán experiencias que se anclarán poderosamente en la mente de quienes las viven dramáticamente en la realidad. De allí surgirá el potencial para cambiar el curso de la cosa pública de manera permanente.

1 El Banco Central no es una institución autónoma, técnica y apartada de preferencias políticas, aún si lo fuera, por el alcance de sus medidas con relación al empleo, la inflación, la tasa de cambio, el sector externo y el crecimiento de la economía, no puede esconder su responsabilidad política tras el gobierno de turno que, refugiado en las proyecciones del Banco, debe responder políticamente frente a la opinión pública. No hay absolutamente nada que justifique el mantenimiento de este estatus especial.

2 Si el gobierno quiere obtener mayores recursos debe modificar de manera relevante el sistema tributario. Recursos hay, pero están en manos de los grupos privilegiados. En el sistema de impuestos, debe eliminarse el sistema impuesto-crédito, establecido como impuesto a la renta con una tasa de 17%. Proponemos que las empresas tributen efectivamente 20% sobre sus utilidades devengadas, dejando radicada la tributación total de la actividad empresarial en la empresa y no en las personas como ocurre en la actualidad. Para los dueños los retiros y distribuciones no constituyen renta. Deberá eliminarse el gasto tributario, que equivale aproximadamente a un 24% de lo que se recauda, representa 8207 millones de dólares, esto es 3,96% del PIB y en la práctica es un subsidio directo a las grandes fortunas. Además, proponemos que el impuesto a las personas tenga una tasa marginal del 20% [desde 0 a 20%], afectando a todas las rentas que se perciban, con excepción de las que provienen de la actividad empresarial. Con esta propuesta de reforma se logra igualar la situación de todos los contribuyentes cualquiera que sea su actividad y origen de las rentas. Last but not least, con relación al cobre, debe establecerse un royalty o regalía, que es el precio -no impuesto- que el Estado cobra al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales. Royalty basado en la propiedad eminente del Estado sobre las sustancias mineras concesibles.

3 Adopción de mesas de mercado en las regiones siniestradas con el objeto de crear, reorientar el mercado bajo la dirección de las autoridades regionales que avalan los acuerdos que allí se logran entre los diversos actores. Mesas que abarcarán no solamente negociaciones entre empresas sino además entre asociaciones de consumidores y empresas proveedoras.

4 Establecer con la población de las regiones afectadas, instancias regionales de planificación de la reconstrucción. Asegurar mecanismos de comunicación directa con la autoridad regional y central, evaluar en conjunto con la población las necesidades, las prioridades y los mecanismos de aprovisionamiento de las localidades afectadas en sus diversos grados de destrucción. Tareas que se cumplirán conjuntamente con las mesas de mercado, las asociaciones de consumidores, juntas de vecinos y sindicatos de la localidad y que abarcarán sectores como reconstrucción de viviendas, habilitación de escuelas, hospitales e infraestructura vial, puentes, muelles, etc.

5 Discutir los planes reguladores de las localidades que se levantarán, así como los lugares definitivos de los nuevos asentamientos. Planificar los espacios públicos comunitarios, planificar las tareas de remoción de escombros y recuperación de equipos y elementos de infraestructura salvados del desastre. Elaborar la recuperación de las localidades a partir de las ayudas de la primera hora y con una visión de largo plazo donde se tenga en vista los asentamientos definitivos.

6 Concienciar la población acerca de espacios constitucionales que deberán implementarse en el futuro a saber, la iniciativa popular de leyes y el referéndum revocatorio de las autoridades de las diferentes localidades. Explicar el alcance de estas medidas en la realidad actual de la reconstrucción. La iniciativa de los actores locales es importante, pues los habitantes de la localidad conocen sus problemas así como los medios apropiados para resolverlos. Evaluación que sus representantes en el Congreso deberán tomar en cuenta cuando se discutan las leyes que los afectan. Deberá así entenderse la responsabilidad que adquieren sus representantes y la posibilidad que si estos no las asumen sean revocados en sus mandatos.

7 Establecer mecanismos de control sobre los acuerdos de los habitantes de los edificios derrumbados y las inmobiliarias, los despidos según el Art. 159 del Código del Trabajo, los precios en los supermercados y locales de venta de barrio, el precio de los artículos de primera necesidad [harina, leche, carne…], el precio del transporte, el precio de insumos de la construcción: madera, cemento, fonolas, cañerías, llaves, clavos, tornillos, etc.; las tarifas de celulares; los peajes en rutas mal habilitadas; las tarifas de carga interzonal, etc.,etc.

En definitiva, el desafío que plantea el futuro se define por acciones y propuestas de la población, que buscan llegar a un nivel superior de conciencia sobre sus problemas y tomar en sus manos su propio destino.

* Director de Fortín Mapocho.com. Profesor del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Universidad ARCIS.

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