El Gobierno de Artur Mas ha incumplido sus promesas y ha renunciado a la consulta que se había acordado. Durante meses ha surfeado sobre la ola del movimiento por el 9N y la independencia para mantenerse en el poder mientras continuaba el programa de recortes. Ahora, después de la suspensión (totalmente esperable y esperada) de […]
El Gobierno de Artur Mas ha incumplido sus promesas y ha renunciado a la consulta que se había acordado. Durante meses ha surfeado sobre la ola del movimiento por el 9N y la independencia para mantenerse en el poder mientras continuaba el programa de recortes. Ahora, después de la suspensión (totalmente esperable y esperada) de la consulta por parte de los doce jueces teledirigidos por el gobierno del PP, no se ha dado el paso necesario: oponer la democracia y la legitimidad del pueblo catalán a la imposición de una legalidad pactada en 1978 bajo amenaza militar.
Se ha utilizado la excusa de la posible inhabilitación de secretarios municipales y otras trabajadoras y trabajadores del sector público si se continuaba la campaña, sin contemplar en ningún momento que hay miles que se encuentran en disposición de desobedecer.
Ciertamente los partidos dinásticos (PP-PSOE) se han cerrado en banda, pero eso ya era esperable. O bien se ha ido de «farol» desde CiU, ERC e ICV, esperando que el PP se aviniera a negociar, o no se ha demostrado la firmeza necesaria. Un gobierno de CiU sin ninguna propuesta para salir adelante después de la anunciada suspensión, una ICV acomplejada pidiendo «garantías democráticas» para hacer la consulta y una ERC que ha apoyado al gobierno de CiU durante dos años sin asegurar la consulta y que ante el retroceso de CiU ha sustituido la demanda de la consulta, del ejercicio de la autodeterminación, por una DUI (Declaración Unilateral de Independencia), nos han llevado al escenario actual. Hay también que hacer autocrítica desde las fuerzas rupturistas y anticapitalistas que en todos estos meses no hemos sabido organizar un referente visible e independiente para las clases populares.
Sin embargo ahora lo importante es decidir cómo avanzar. El cuadro que nos presentan está limitado por una macro votación con DNI incluido en 700 colegios electorales el 9N y unas elecciones supuestamente plebiscitarias con lista y programa conjunto. En cuanto a la primera, las maniobras de CiU y de los partidos que no han sido firmes llevan a una situación sin consulta en la que, paradójicamente, este sucedáneo de votación parece lo que permitiría un mayor grado tanto de participación de la gente, así como el mantener la tensión con el Estado español. En caso de que se llegara a hacer, las personas que apuestan por el Sí Sí serían la inmensa mayoría. Y si la participación fuera muy alta aún se tendrían más argumentos frente a la negación democrática del gobierno del PP. Es cierto que no sería vinculante jurídicamente pero tampoco lo era la anterior consulta. Ahora bien, de momento se plantea desde un gobierno que ya ha incumplido sus promesas, que ha situado esta propuesta como antesala de unas plebiscitarias y que, además, no está ofreciendo ninguna garantía de continuar con el nuevo tipo de votación ante la previsible nueva prohibición desde el Estado español.
En cuanto a las plebiscitarias, cambiar el «9N votaremos» por un «nos votaréis» es un fraude democrático absoluto. Además no se puede aceptar que son un referéndum de facto como dice Artur Mas. Un referéndum es una pregunta sobre uno o varios temas concretos con una respuesta binaria. Unas elecciones suponen votar un modelo de sociedad y más en unas elecciones planteadas como un primer paso hacia un proceso constituyente.
Históricamente para las clases populares estos frentes interclasistas de liberación nacional han supuesto un desastre en todos los aspectos, cambiando una oligarquía dominante por otra. Además, ¿alguien piensa que unos partidos y un gobierno que no han sido capaces de desobedecer para hacer una consulta serán capaces de realizar una Declaración Unilateral de Independencia?
El horizonte marcado por Mas parece un intento de ganar oxígeno haciendo malabarismos mientras busca una salida en una lista «unitaria» para unas elecciones plebiscitarias que le permitieran una mínima mayoría parlamentaria. Pero todo indica que el reinado de CiU está tocando a su fin fruto de su desgaste político y de haberse plegado ante el Estado español. Se abren oportunidades para hacer bascular la situación hacia la izquierda.
Desde En lluita / En lucha defendemos que hay que romper con este escenario pilotado ya claramente en función de los intereses electorales del Gobierno y especialmente de su socio. La celebración de la consulta es irrenunciable en términos democráticos y que no se realice sería una victoria del Estado español y del régimen del 78. Por eso pensamos que son importantes tres aspectos:
1. Animar desde la Xarxa referéndum 9N (Red referéndum 9N), Esquerres pel SiSi (Izquierdas por el SíSí) y la campaña Desobeïm (Desobedecemos) a toda la gente que ha participado en el movimiento (incluida la ANC) durante estos años a movilizarse en contra de la retirada de la consulta y organizar la presión por la desobediencia al Estado español.
2. Impulsar al máximo las movilizaciones, luchas y movimientos sociales que con su acción están generando poder popular, es decir la capacidad de autogobierno del pueblo, como son la obra social de la PAH, la ILP para un nuevo sistema educativo y las movilizaciones que tendrán lugar el 29N contra el pago de la deuda y el expolio que éste significa, además de la economía social y solidaria y otros espacios de autoorganización social, entre muchos otros.
3. Hay que construir por todos los medios posibles un referente de transformación social claramente rupturista y que defienda la independencia, tanto como un derecho democrático como el camino más alcanzable hoy para abrir un proceso constituyente capaz de romper con la monarquía, el régimen del 78 y de cambiar las bases económicas del sistema. Aquí aparecen cinco ejes básicos: el no pago de la deuda y la defensa de unos servicios públicos universales y de calidad, la nacionalización de los sectores estratégicos, el reparto del trabajo y la riqueza, el fin de toda discriminación y la defensa de un medio ambiente sano. Podrían servir para la CUP, el Proceso Constituyente y todas las fuerzas y colectivos dispuestos a trabajar según un método democrático, como unos principios de acción política comunes y un programa compartido para construir una candidatura capaz de abrir un proceso constituyente, desde abajo y la izquierda.