No hay ninguna duda. La crisis política se profundiza en Colombia. Se ratificó algo que hace rato está en la mente de la gente sana y decente de este país: este gobierno es totalmente ilegítimo. La Corte Suprema de Justicia ha planteado con absoluta claridad, que el episodio legislativo que le dio legalidad a la […]
No hay ninguna duda. La crisis política se profundiza en Colombia. Se ratificó algo que hace rato está en la mente de la gente sana y decente de este país: este gobierno es totalmente ilegítimo. La Corte Suprema de Justicia ha planteado con absoluta claridad, que el episodio legislativo que le dio legalidad a la reelección de Uribe fue aprobado mediante un acto delictivo. La condena por cohecho de Yidis Medina es la prueba categórica e irrefutable. Por ello le ha solicitado a la Corte Constitucional para que revise el acto que reformó la Constitución.
Por otro lado, la infiltración, complicidad, contubernio y maridaje del actual gobierno con el paramilitarismo es también más que evidente. La tercera parte de la bancada parlamentaria uribista está en la cárcel o investigada por la «parapolítica». Sin embargo, el ejercicio autoritario del poder, la aureola de «pacificador» y el manejo mediático de la información, le han permitido al actual mandatario colombiano comprar la fidelidad de los jefes de las AUC (incluyendo su extradición), ha podido ocultar la verdad, y neutralizado parcialmente la justicia.
Pero la acumulación de problemas no le da tregua. Hoy se encuentra cuestionado internacionalmente por agredir a países vecinos con el pretexto de combatir el terrorismo; importantes organismos internacionales, entre ellos, la ONU, han discutido la validez y la conveniencia de la extradición de los «capos» paramilitares, denuncian al gobierno por no tener voluntad política para enfrentar el delito de la desaparición forzada, y le exigen garantizar el derecho fundamental de las víctimas del paramilitarismo a obtener verdad, justicia y reparación.
Frente a la gravedad de la sentencia de la Corte, el gobierno arremetió violentamente contra el máximo tribunal de justicia, señalándolo de no ser objetivo, de «aplicar una justicia selectiva», y ha propuesto la convocatoria de un referendo popular para revalidar su ilegítima reelección. La precaria institucionalidad democrática está en vilo en Colombia. Uribe, preso de sus contradicciones, se desliza hacia una dictadura apoyado en su popularidad mediática y en la fuerza del imperio.
La dinámica corrupta y mafiosa que ha alimentado este gobierno no le permite medir por un instante las consecuencias de sus actos. Uribe no tiene marcha atrás. Los sectores poderosos beneficiarios de su proyecto político (transnacionales capitalistas, monopolios económicos nacionales, sectores reaccionarios del ejército, políticos corruptos de todo pelambre y sus aliados mafiosos) y los intereses estratégicos de los EE.UU. (vitales para el imperio en este momento de la vida política de América Latina) lo obligan a ir hasta las últimas consecuencias. Intentará no sólo legitimar su mandato sino que va a tratar de pasar por encima de las Cortes y de la precaria institucionalidad democrática del país. Hace rato inició ese camino, y por ahora, cuenta con la fuerza para avanzar en esa dirección.
Las fuerzas democráticas colombianas deben actuar con rapidez y contundencia ante este crítico panorama. Se debe tener claro que los delitos cometidos por este gobierno ya no le permiten dirigir a la nación. Tampoco se puede consentir que Uribe utilice el poder estatal para convocar un referendo legitimador de su conducta delictuosa. Por ello ya no se trata de construir el «germen» de un gobierno de Unidad Nacional. Definitivamente, para enfrentar la ilegitimidad del gobierno y su amenazante poder dictatorial, la tarea inmediata es iniciar el proceso de reemplazarlo.
El Polo Democrático Alternativo tiene hoy una oportunidad de oro. Debe tener claro que para derrotar a Uribe, y al imperio (en el terreno político), se requiere construir la unidad más amplia posible entre las fuerzas que se oponen a la dictadura uribista. Tiene que ponerse a la cabeza de las fuerzas democráticas proponiendo con fuerza y claridad un programa mínimo que le de vida a ese nuevo gobierno de transición, que servirá para despejar el camino hacia la elección de un verdadero gobierno democrático y la derrota de las políticas neoliberales.
Las fuerzas democráticas deben jugar y deben hacerlo bien. Algunos sectores de la burguesía no comprometidos totalmente con el régimen mafioso, o que se quieren deslindar de él para no deslegitimarse, van a tratar de recomponer su poder mediante los acuerdos burocráticos y las salidas legalistas (formales). La situación es de hecho: hay que salir del gobierno de Uribe. Antes de hablar de referéndum, asambleas constituyentes o cualquier otro mecanismo legal, hay que colocar el tema de quién tiene legitimidad para convocar. Ese gobierno de transición no puede surgir de una elección, debe ser el resultado de un gran acuerdo político SIN URIBE Y CONTRA ÉL. Ese es el meollo del asunto.
La principal tarea del nuevo gobierno de Unidad Nacional será rescatar la democracia colombiana sobre la base de retomar el espíritu participativo de la Constitución de 1991. El gobierno de transición que reemplace a Uribe debe revisar una serie de acciones gubernamentales aprobadas durante su mandato que también son ilegítimas, y debe comprometerse a consultar amplia y participativamente al pueblo sobre esos temas (TLC con los EE.UU., la ley de justicia y paz, la política «antidroga» impuesta por Washington, la extradición de los paramilitares, la política de paz, y otros).
No es el momento de salidas jurídicas y formales, se necesita un gobierno de transición de hecho.
Fernando Dorado, integrante de base PDA Cauca.