Cerca de 500 víctimas de maltrato policial en Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa denuncian, por primera vez unidas en Donostia, que “se ha torturado de forma masiva y sistemática”. En el Día contra la Tortura piden que los informes recientemente publicados no detengan la búsqueda de justicia y verdad
El calendario en Euskal Herria
señala el 13 de febrero como un día para hacer memoria. Un 13 de febrero
de 1981 moría Joxe Arregi después de haber sido torturado en la
Dirección General de Seguridad de Madrid por miembros de la Policía
Nacional. Su caso, a pesar de la ingente documentación, sigue
evidenciando que cuando se habla de malos tratos y tortura por parte de
los cuerpos policiales, reina la impunidad y el ejercicio de memoria
institucional, queda en la superficie. Desde 1960, se han contabilizado
5.379 casos de tortura. Las víctimas de tortura Bizkaia, Araba, Gipuzkoa
y Nafarroa, con los datos en la mano, quieren evitar que se dé
‘carpetazo’. Por ello enarbolan esos ficheros azules en los que quedan
documentados y registrados sus casos.
Las víctimas, alrededor de 500, se han reunido en Donostia blandiendo esas carpetas azules. “Las personas que comparecemos hoy aquí somos el testimonio vivo de quienes en diferentes momentos de nuestra historia reciente hemos sufrido la tortura en nuestra propia carne. Somos las torturadas y los torturados de Euskal Herria”, han leído en un comunicado.
Allí también estaba Encarnación Blanco Abad, con su carpeta azul. “No es suficiente con establecer la verdad (sin duda ha sido un grandísimo paso), sino que hay que impedir que esto vuelva a repetirse y para ello hay que tener voluntad, tomar decisiones, poner medios… en este terreno las instituciones son imprescindibles”, ha indicado en declaraciones a Hordago-El Salto.
En números generales, de unas 16.000 detenciones durante el denominado “conflicto vasco”, se han denunciado alrededor de 5.000 casos de tortura. La relación es, como exponen las propias víctimas, de uso sistémico de violencia física y psicológica. Uno de cada cuatro detenidos fue torturado; golpeado en la cabeza, los genitales, los oídos; incomunicado, sometido, gritado, vejado, insultado; obligado a hacer ejercicios físicos, a estar de pie, sin agua ni comida, cegado lumínicamente, asfixiado; agredido sexualmente, violado o amenazado con ser ejecutado. En definitiva, a un 25 % de los detenidos se le privó de sus derechos humanos. Y eso sin contar los casos de maltrato policial que no se elevan a categorizarse como tortura.
Según Blanco Abad, los cuerpos policiales no actuaron voluntariamente: “Es impensable que haya podido perpetuarse durante tantas décadas, afectar a tantísimas personas y con total impunidad sin formar parte de una estrategia de Estado”. Como denuncia junto al resto de personas víctimas de tortura, forense y jueces, entre otros, “han mirado para otro lado”.
Como se puede ver en el documental Karpeta urdianak del director Ander Iriarte, cuyo padre Joxe Iriarte ‘Bikila’ sufrió malos tratos en comisaría, en la mayoría de los casos no ha habido ni siquiera búsqueda de responsables, mucho menos depuración de las mismas. Especialmente revelador fue el caso de Sandra Barrenetxea, quien relató haber sido torturada (concretamente agredida sexualmente por agentes de la Guardia Civil) ante los propios perpetradores. En una de las sesiones del juicio hicieron que Barrenetxea se diese la vuelta y señalase a los agentes implicados. Desmoronándose, ahogándose y llorando, dijo: “Ay, Dios mío, hostia puta”. La respuesta de la Jueza fue la siguiente: “Señora, por favor, le rogaría que no siga usted diciendo palabras malsonantes“. La psicóloga Jeanette Ruiz Goikoetxeta analizaba que esta era una forma de disuadir a los denunciantes: colocar a los victimarios cerca, dejar sola a la víctima y revictimizarla. Los agentes fueron absueltos.
“No están todos”
La suma de los informes elaborados y dados a conocer por el Instituto Vasco de Criminología —en 2017 para Euskadi y hace unas semanas para Nafarroa— arrojan “una foto macabra de Hego Euskal Herria”, según las propias víctimas. A partir de 1960, en total, son 5.379 los casos de tortura oficiales. En territorio navarro, al menos 676 se dieron ya en democracia. “Sabemos que no son todos”, han apuntado.
Encarnación Abad Blanco cuenta que al Instituto Vasco de Criminología siguen llegando casos de estudio, sobre todo a raíz de la publicación de los informes. Es duro, dice, muy duro. “Tienes que revivir la pesadilla, abrir la herida… es un trago amargo que hay que gestionar a nivel psicológico, pero es la única manera de que una realidad oculta durante décadas salga a luz, y sirva como herramienta para el futuro, en el sentido de que debemos conocer lo ocurrido en el pasado para evitar que se repita”, explica.
Tal y como refleja el informe realizado en Nafarroa Garaia, recuerdan, la recomendación es continuar con la investigación. “Sabemos que saldrán a la luz nuevos casos de tortura, de la misma manera que el desarrollo del informe realizado en la Comunidad Autónoma Vasca ha destapado más casos en estos últimos años”, han insistido durante la concentración. “Hablamos de una cifra terrible para un pueblo pequeño como el nuestro, lo cual indica que en Euskal Herria se ha torturado de forma masiva y sistemática”.
No son números. La tortura no se puede simplemente contabilizar. “Es una realidad que va más allá: la herida que reflejan los casos o las cifras es más profunda, y las consecuencias políticas, sociales, culturales y humanas todavía no se conocen en su totalidad”, han explicado. Herida que lleva el sello de colaboración de “las fuerzas policiales, jueces, médicos políticos y medios de comunicación”. Seis décadas de ensañamiento. Seis décadas donde, aprovechando el marco político, con la justificación de la actividad de ETA, “el Estado español ha utilizado la tortura”, han expuesto ante los presentes. Han sido mencionados la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza como responsables: “Demasiados responsables que han actuado con impunidad, y demasiado silencio todavía”.
“El estado español, por un lado, no reconoce que se haya torturado más allá de unos casos “aislados”, unos “lobos solitarios” como Galindo”, explica el documentalista Ander Iriarte. Cuenta cómo en 1982 se inició un proceso que fue cerrado de inmediato: “Se debatió en el Congreso, pero nunca más ha vuelto a ver la luz, (tal vez asustados por lo que vieron)”. Son documentos que protegen la legislación de secretos oficiales vigente. “La razón de que tengamos una ley tan oscura, (mucho más severa que la de Estados Unidos), es que proviene del franquismo y actualmente lo que hace es proteger a muchos de los autores de esos crímenes, que están vivos o incluso ocupan cargos relevantes”, concluye Iriarte.
El informe presentado por el Instituto Vasco de Criminología hace unos años, en referencia a la Comunidad Autónoma Vasca, recogía que la Ertzaintza no solo había torturado, sino que durante los últimos tiempos era el cuerpo policial más activo en malos tratos. “La situación del Gobierno Vasco es que ellos sí tienen un informe que certifica que su propia policía ha torturado. Está como en ‘un gato de Schrödinger político’ pues, al mismo tiempo, lo reconoce y lo niega”, expresa Ander Iriarte, que ha pasado los últimos años leyendo y releyendo los datos obtenidos.
Una de las reivindicaciones de las personas que un día sufrieron violencia en las comisarias y cuarteles es acabar con la incomunicación durante las detenciones. Ese sería un gran segundo paso tras la publicación de los informes oficiales. “Está demostrado que la situación de detención incomunicada genera el ambiente de opacidad necesario para poder ejercer tortura”, apunta Blanco Abad. La pedagogía en derechos humanos tampoco debe faltar.
Contra el ‘carpetazo’, carpetas azules
Reconocimiento, sí, pero también reparación de las personas torturadas. Hay un “vacío evidente” con “carencias dolorosas”, han insistido los concentrados en Donostia. El ejemplo, en este caso, es el intento de, tras obtener el informe en la CAV, silenciar la situación “metiéndola en un cajón”. También las dificultades que ha tenido la publicación del informe navarro, publicado recientemente a pesar de que abarca solamente hasta 2015.
“A fin de que la realidad de la tortura salga de la sombra a la luz, pedimos compromisos y pasos sólidos para profundizar en el camino del reconocimiento y la reparación social, política e institucional de las personas que hemos sido torturadas, y, por supuesto, también pedimos que se desarrollen mecanismos para establecer garantías de no repetición. Para poder conocer toda la dimensión que ha tenido la tortura en nuestro pueblo”, han leído en su emotivo y certero comunicado.
Ander Iriarte ha dirigido Karpeta Urdinak movido, como cuenta, por la posibilidad de que una de las personas maltratadas fuese su propio padre, Joxe Iriarte ‘Bikila’. En un libro que escribió, su biografía, en la página 97, describe las torturas en su paso por una comisaría. Pero no, el padre de Iriarte nunca bautizó su experiencia con ese nombre: torturas. “Racionalizo la violencia del estado como un peaje a pagar por la lucha antifranquista, anticapitalista y antiimperialista”, cuenta su hijo. Hasta ahora. Tras la presentación del informe sobre la incidencia de la tortura y los malos tratos entre 1960 y 2014 en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, a la que acudió, el director despertó aún más sus dudas. En Karpeta Urdinak ha ido filmando la recopilación de los datos, pero también la influencia social, política y humana que ha tenido en las víctimas y en el resto de la sociedad vasca y navarra. El colofón lo pone el proceso de aceptación de su padre y el acompañamiento de su hijo en ese periplo.
“Lo primero que buscan las víctimas es el reconocimiento: la verdad. Saben que una justicia punitiva es muy difícil, (algunos ni lo buscan), pero el elemento común que los aglutina a todos es el reconocimiento a su verdad, para que esta pueda hacer justicia en el relato y ayude a la reparación”, explica el director del documental. “Y una verdad no es que un informe con sello oficial diga que ha habido 5.000 víctimas”, puntualiza. Iriarte propone no solo informes, también memoriales, líneas de atención pública y gratuita de profesionales como psicólogos. “Se necesita que al igual que otras víctimas, la sociedad en conjunto no pueda hacer otra cosa que reconocer su dolor, sin tener que estar siquiera ideológicamente alineado”, añade.
De la verdad debemos participar todos, según Encarnación Blanco Abad. Eso esperan de la sociedad tanto las víctimas como sus familiares, que las acompañan. “Esperamos que entre todas seamos capaces de interiorizar las enseñanzas de un pasado realmente trágico para proyectarlas hacia un futuro en el que estas actuaciones no tengan lugar, no encuentren cobijo”, dice. Que no se repita nunca.
El dato no ha acabado con el relato. Iriarte sabe que su granito de arena no hará colapsar la montaña elevada por un Estado en activo que, de reconocer la violación sistemática de derechos humanos, se verían amenazado. “Mientras los mentirosos hacemos documentales… Otros gastan millones en ficciones que cuentan la supuesta verdad objetiva”, ironiza.
El documental ha competido y ha podido verse en el prestigioso FIPADOC, en la sección Impacto Documental dedicada a películas que muestran la defensa de la justicia social o la promoción de los derechos humanos. Estará proyectándose por decenas de pueblos en las próximas semanas como indica su web estrenada para la ocasión. A pesar de la dureza de las imágenes y los testimonios, al final, hay esperanza. Esperanza por ser reconocidos y acompañados. “Una gran parte nunca se sabrá, pero aún queda mucho por salir a la luz”, asegura Iriarte.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/torturas-5379-euskal-herria-donostia-carpetas-azules