«Si no ha muerto, ¿por qué la mataron?», pregunta Rafaela García Lobo, de 77 años, y vecina de Fregenal de la Sierra, que reivindica la vida y muerte de su madre, de la que no existe inscripción en ningún registro oficial. Rafaela es huérfana desde los cuatro cuatro años, pero no hay ninguna tumba en […]
«Si no ha muerto, ¿por qué la mataron?», pregunta Rafaela García Lobo, de 77 años, y vecina de Fregenal de la Sierra, que reivindica la vida y muerte de su madre, de la que no existe inscripción en ningún registro oficial.
Rafaela es huérfana desde los cuatro cuatro años, pero no hay ninguna tumba en la que se recuerde a su madre, María Lobo Villa, cuyo nombre tampoco consta en ningún Registro Civil como difunta.
La fotografía de María, la imagen de una mujer guapa, joven y fuerte, preside el salón principal de la casa de Rafaela, la misma en la que nació y vivió la madre hasta su prematura muerte.
María Lobos Villa nació el 16 de junio de 1904 años. Se casó con Antonio García Adame, y tuvo cuatro hijas: Juana, Pura, Dolores y María. Cuando tenía 32 años, y estaba embarazada de cuatro meses, se la llevaron y «dicen» que la fusilaron en las tapias del cementerio de la localidad, donde los desconchones por los disparos sobreviven a pesar de que encalan una y otra vez sus paredes.
«Cuando una de mis hermanas fue a llevarle la comida, el guardia le dijo que su madre se había ido y no sabía cuándo volvería. Mi hermana se echó a llorar porque no era la primera a la que le ocurría lo mismo. Ya habían matado entonces a mucha gente», recuerda aún emocionada Rafaela.
Era el el 25 de noviembre de 1936, pero su muerte aún no consta oficialmente. Ni la suya, ni la de los hermanos menores que habían sido fusilados unos meses antes: José y Manuel, de 22 y 18 años.
Su nombre no fue inscrito en el Registro Civil poco después porque su viudo, Antonio, no aceptó el acuerdo que le ofrecían para inscribirla, ocultando la causa real de la muerte. «Mi mujer no murió, a mi mujer la mataron», destaca Rafaela que decía siempre su padre.
En la misma situación, muertos, pero vivos en los papeles, se encuentran unos 4.000 extremeños fallecidos durante la Guerra Civil, la mayoría víctimas de fusilamientos y la represión.
Alrededor del 30%
Hasta lo que tiene rastreado el Proyecto de la Memoria Histórica de Extremadura, alrededor del 30% de los nombres de los fallecidos durante la represión franquista que se inició en la contienda no fueron inscritos en los Registros Civiles por miedo de los familiares en esos momentos, o lo fueron de forma errónea.
En muchos casos, su rastro físico se perdió a la vez que el documental. Muertos los familiares y amigos que los recordaban, es como si nunca hubieran existido.
Y eso es precisamente lo que no quiere el extremeño Vicente Almeida que ocurra con su hermano Domingo, por lo que está invirtiendo energías y una buena cantidad de dinero en mover papeles y pagar abogados.
Domingo Almeida
«Mi hermano Domingo existió, vivió, y murió, y tengo justificantes que lo demuestran», asegura con un punto de indignación Vicente, natural de Segura de León pero vecino de Sevilla, que dedica la mayor parte de las energías que le quedan a sus 84 años al titánico intento de inscribir a su hermano en el Registro Civil como fallecido.
Hasta el momento, su deseo se ha visto frustrado en el juzgado de Llerena, y eso a pesar de contar con una declaración jurada de un testigo que, debido a su avanzada edad y deterioro físico, no pudo finalmente declarar ante el tribunal, y también con investigaciones históricas que certificaban la muerte de Domingo Almeida Rubico el 19 de septiembre de 1936.
Tal como consta en el recurso presentado ante la Dirección General de los Registros y del Notariado Civil, está perfectamente documentado por investigaciones históricas llevadas a cabo por la Universidad de Extremadura que Segura de León fue tomada por las tropas franquistas el 14 de septiembre de 1936 tras un breve tiroteo en las sierras colindantes.
El padre de ambos, Vicente Almeida Garduño, de 49 años, y carpintero de profesión, fue fusilado ese mismo día junto a otras 20 personas.
Domingo Almeida huyó de forma inmediata y se unió a la columna de refugiados denominada De Los 8.000 que, desde la provincia de Huelva, se desplazó por los términos de Fregenal de la Sierra, Valencia del Ventoso, Segura de león, y Fuente de Cantos, en dirección a la comarca de La Serena, zona que aún seguía en poder del Gobierno de la República.
Una de estas columnas, porque en realidad fueron varias, inició la marcha el día 16, pero en un paraje entre Llerena y Fuente del Arco, sufrió una emboscada el 18 de septiembre, y como corroboró después un testigo directo, Francisco García Girol, el joven Domingo resultó gravemente herido.
Los prisioneros que sobrevivieron a aquel encuentro con las tropas franquistas fueron conducidos a Llerena, y recluidos en una antigua fábrica de cerveza, La Maltería, que fue utilizada como cárcel improvisada.
Domingo Almeida fue prácticamente abandonado, y murió en el citado centro de detención sin recibir ningún tipo de atención médica. La muerte se produjo el 19 de septiembre de 1936.
Cuando murió, toda la familia huyó a Sevilla para librarse del señalamiento y del mal trato al que fueron sometidos todos sin excepción, como recuerda aún con angustia Vicente.
El último documento oficial que citó el nombre de su hermano Domingo fue en marzo de 1937, cuando fue llamado para unirse a las tropas de reemplazo, y tal como consta en el Archivo Municipal de Segura de León, fue calificado a como «desaparecido».
Aún así, y a pesar del informe histórico, el juzgado de Llerena denegó la inscripción de su fallecimiento fuera de plazo por estimar que no hay certeza absoluta del fallecimiento «sin ningún género de dudas».
Hay antecedentes
El presidente de la Asociación de la Memoria Histórica en Extremadura, José Manuel Corvacho, recuerda que, en casos parecidos, la propia Dirección General de los Registros y del Notariado ha estimado recursos en caso de cadáver desaparecido o inhumado, entendiendo como «certeza de la muerte» la existencia de documentación próxima al hecho de la que se deduce, teniendo en cuenta además el tiempo transcurrido y las especiales circunstancias de una defunción acaecida en la guerra.
Con estos argumentos, han iniciado en Extremadura una campaña de ámbito nacional que exige la modificación de la Ley de Registros Civiles, y que solicita la inscripción de los ciudadanos que fallecieron víctimas de la represión, previa presentación de documentación que confirme su muerte.
Actualmente, muchos juzgados sigan exigiendo la declaración de dos testigos al solicitar la inscripción de muertos y desaparecidos en la contienda.
«Tenemos en los libros de registros miles de nacidos que nunca llegaron oficialmente a morir», lamenta Cecilio Gordillo, natural de Medina de las Torres, y coordinador de Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, región a la que huyeron muchos extremeños durante la represión franquista para huir, o bien para estar más cerca de los prisioneros trasladados a las cárceles andaluzas.