Un total de 4.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, en Madrid, entre ellos 1.800 menores, que han vivido más de un año de «supervivencia pura y dura» sin luz, se preparan para vivir otro invierno sin calefacción, pero no se rinden y aseguran que van a «seguir luchando» para que se les restablezca el suministro eléctrico.
«Queremos luz inmediatamente porque no se puede consentir que más de 4.000 personas, 1.800 de ellas menores, pasen otro invierno sin calefacción», ha subrayado la presidenta de la asociación cultural Tabadol del sector VI de la Cañada Real, Houda Akrikez, en declaraciones a Europa Press.
Akrikez ha reclamado «contratos» como el que tiene cualquier ciudadano perteneciente a la Comunidad de Madrid, para poder «pagar el suministro eléctrico». «Vamos a seguir en nuestra lucha, nuestro mensaje es claro, justo, un reconocimiento ciudadano, queremos luz y la queremos pagar», ha afirmado. A su juicio, lo que están viviendo es «un atropello de los derechos humanos» porque al no tener electricidad, sus viviendas no cumplen con las condiciones adecuadas para vivir.
En el caso de los niños y niñas, Houda Akrikez explica que tienen que hacer los deberes del colegio «bajo una lamparita que se carga con la luz del día». Además, dice que el frío ya está pasando factura a su salud pues, en su caso, lleva una semana con una bronquitis aguda.
Para movilizarse, los vecinos de la Cañada Real han creado una plataforma cívica de apoyo a la lucha por la luz de Cañada Real Galiana, a la que pueden adherirse ciudadanos, organizaciones, entidades sociales. También pueden enviar vídeos de apoyo a la dirección: [email protected].
Asimismo, el pasado 27 de octubre, los vecinos del sector VI presentaron una solicitud de contratos a UFD, la empresa distribuidora de electricidad del grupo Naturgy. En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la compañía precisa que UFD está «en disposición de atender todas las peticiones de conexión a su red de distribución que vayan acompañadas de la documentación que exige la legislación». En este sentido, la compañía asegura que está «plenamente implicada en colaborar en la resolución del problema, siempre dentro de sus limitadas competencias y del estricto cumplimiento de la legalidad vigente».
La lucha sigue en el sector V
Por su parte, los vecinos del sector V de la Cañada Real consiguieron organizarse para tener luz, controlando mucho el consumo, aunque temen que ahora cuando todos conecten las estufas y radiadores ante la ola de frío, superen la potencia máxima y se queden otra vez sin electricidad. «Seguimos luchando por unos contadores y unas instalaciones adecuadas, unas infraestructuras legales y pagar la luz como todos los vecinos, porque es un derecho», ha explicado a Europa Press la portavoz de la asociación Al Shorok-Amanecer, Cristina Poza.
Poza ha puesto en valor el trabajo realizado por los vecinos del sector V para que todo el mundo tuviera luz. «Al principio, nos turnamos, íbamos viendo cómo combinaban los transformadores para que no saltara la luz, el trabajazo de los vecinos en la calle cambiando el flujo de los transformadores, ha sido la supervivencia pura y dura. Unos se encargaban de recoger dinero, otros de comprar materiales, otros de picar zanjas, otros de poner cableado nuevo», ha recordado. Si bien, señala que, hasta que no tengan contadores legales, siempre estarán con la «amenaza constante» de levantarse una mañana, pulsar el interruptor de la luz y que no se encienda, miedo que se incrementa ante las olas de frío como la que ha entrado esta semana en España y ante posibles borrascas como Filomena.
Ante esta situación, el pasado mes de enero de 2021, distintas comunidades cristianas enviaron una carta al Papa Francisco pidiendo «su mediación y su oración por la dificilísima situación» que estaban viviendo en la Cañada Real Galiana. Sin embargo, el sacerdote de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, firmante de aquella misiva, ha informado a Europa Press de que no han recibido respuesta, ni siquiera el acuse de recibo.
Realojar a las familias en tres años
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, propuso a comienzos del pasado mes de octubre, en una reunión mantenida con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, realojar a todas las familias de la Cañada Real Galiana en un plazo de tres años, a través de un presupuesto de 200 millones de euros entre todas las administraciones.
Además, la semana pasada, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, anunció durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que van a destinar 5 millones de euros a paliar la situación en la Cañada Real, con lo que demuestran, según dijo, «la voluntad política» del Gobierno para dar una solución a esta situación.
Precisamente, el pasado 28 de septiembre se constituyó un grupo de trabajo interministerial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para dar soluciones integrales a la población de la Cañada Real. El equipo, compuesto por los ministerios de Derechos Sociales, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, está coordinado por la Delegación del Gobierno en Madrid.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, celebró y acogió «de buen grado» que el Gobierno de España se implique en los realojos de habitantes de la Cañada Real Galiana. Según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, próximamente se convocará el Comité Ejecutivo, que es el órgano de la toma de decisiones y, una vez que se celebre, se convocará la comisión de seguimiento del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana.
En todo caso, las mismas fuentes han precisado que, desde el Comisionado regional de la Cañada Real se están manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios y se está trabajando de manera coordinada con ayuntamientos y delegación. Pero mientras administraciones y distribuidora insisten en mostrar su buena voluntad para solucionar el problema, ya ha pasado un año y 4.000 personas, entre ellos 1.800 menores, se vuelven a enfrentar a la incertidumbre de tener que pasar otro invierno sin luz y helados de frío.