Muchas personas ignoran las causas, significado y consecuencias de la crisis financiera del sector educativo, la impertinencia y la pésima calidad consolidada.
Los responsables únicos de esa crisis, son: el modelo económico impuesto por el imperio global capitalista y los gobiernos lacayos y secuaces que aceptan, toleran y defienden incondicionalmente el modelo, contra los intereses de los ciudadanos.
Es imposible el desarrollo de las naciones sin capital humano eficiente y adecuadamente formado, intelectual, tecnológica y científicamente.
El capital humano puede lograr sus mayores rendimientos en función directa con calidad, pertinencia, universalidad y racionalidad de sus conocimientos.
El conocimiento no se adquiere por azar. Exige; buscarlo, asimilarlo, digerirlo, cultivarlo, desarrollarlo y convertirlo en instrumento de aplicación segura y eficiente.
Son condiciones y resultados que pueden y deben proporcionar los centros de enseñanza académica, en sus respectivos niveles académicos, especialidad.
Son condiciones que requieren conciencia social, visión y universalidad. Lograrlo exige recursos económicos disponibles y permanentes.
Las naciones que han logrado buen desempeño en la formación intelectual integral y social de su capital humano, han invertido en educación y vigilado y estructurado racionalmente los procesos educativos.
En Colombia, con la ley 30/92 y 115/94, legislativo y gobernantes generaron condiciones para convertir la educación en un negocio, sometido a la voracidad del mercado, sin vigilancia del poder público.
Mientras en 1992, la matricula en instituciones de educación superior, en todo el sector, no superaba el 30%, del aporte al presupuesto de la respectiva institución académica, en 2021 superó el 50%.
Los artículos 86 y 87 de la ley 30/92, sometieron el crecimiento de apropiaciones presupuestales anuales para las U. Públicas, al índice de precios al consumidor.
Bajo esas irracionales condiciones, impusieron la privatización y mercantilización y des-financiación del sector educativo. La financiación anual solo llega al 4.5% del PIB. Está entre las más bajas de la región.
En 1992, la financiación por estudiante en la U. Pública era de $10.8 millones. En 2021 se redujo a $4.7 millones, por estudiante.
Hasta 1992, el sostenimiento y funcionamiento general de las universidades públicas, se cubría con aproximadamente 14% de ingresos propios y 86% vía presupuesto nacional. En el presente la U. Pública tienen que cubrir más del 55%, no obstante que, entre 1992 y el presente, el crecimiento de cupos, en la U. Pública ya supera el 318%.
El resultado de esos hechos evidentes, durante 30 años de aplicación del nuevo régimen educacional, son: el déficit acumulado en funcionamiento de más de $3.2 billones, en funcionamiento y en infraestructura, más de $15 billones. Déficit explicable por crecimiento de oferta de cupos y costos por innovación y ampliación obvia de planta de personal, sin la correspondiente y racional financiación estatal.
Al mismo tiempo que se desfinancia el sector público educativo, se ha estimulado la privatización de la educación y fortalecido el ICETEX.
El fondo ICETEX, en los últimos 20 años, ha crecido 1708%. Se habilita financieramente por diferentes vías desde el presupuesto nacional y un 80% de esos dineros, vía créditos educativos, van al negocio privado de la educación, en muchos casos a universidades de garaje, públicas y privadas. Entre 1997 y 2018, ICETEX Prestó más de $15 billones, cifra similar al déficit en infraestructura de las Universidades públicas, hasta ese año.
Desde el pre-kinder hasta los posgrados, hay ausencias de control de calidad y pertinencia en contenidos de los pensum académicos. Hay deficiencia grave de capacitación práctica a docentes, para la enseñanza y difusión de conocimientos.
Es imperativo reconocer y aceptar que la educación en Colombia es de mala calidad, en todos los niveles y que no hay políticas de estado, para mejorarla y ponerla a tono con los requerimientos de la época.
El sector educacional nacional demanda políticas de estado concretas y específicas, para mejorar calidad, en todos los niveles, mantener y ampliar planta física, responder al crecimiento de demanda de cupos y logística del sector.
Mejorar la calidad de la educación, exige responsable formación, selección y capacitación continuada de docentes, en todos los niveles, desde el pre-kinder hasta los posgrados.
Se debe aceptar que la planificación, estructuración, distribución y manejo de los recursos públicos de las naciones exigen mucha responsabilidad, conocimientos, sensatez y visión del desarrollo socioeconómico, técnico y científico, y por ende, la planificación, redefinición y estructuración del modelo, no se debe confiar solo a economistas, sociólogos, historiadores, magos, políticos, abogados, y filósofos, como ocurre en Colombia. Los resultados, por proceder irresponsablemente están a la vista.
Frente al déficit financiero, en funcionamiento, operación e infraestructura, acumulados durante más de 30 años, es pertinente explorar fuentes de financiación y fortalecimiento del fisco nacional.
Las reformas tributarias del 2012 y 2014, crearon y reglamentaron el impuesto a la riqueza cuyo recaudo inicial alcanzó $5.0 billones año, con destino a educación.
La reforma tributaria de 2016 lo eliminó. Es imperativo revivir el impuesto a la riqueza, con destino exclusivo a financiar funcionamiento e infraestructura de los centros académicos de superior públicos. O podrían destinar el 4 por mil actual, para financiación de la educación, en general.
Además, el Estado debe erradicar el cáncer de la corrupción en contratación pública, así dispondría disponer cada año de más de $60 billones anuales, por recuperación de lo que se roban en pago de coimas. La solución de la crisis, para que corresponda a la realidad nacional, debe lograrse en un acuerdo nacional, entre estado y representación del sector educativo y debe comprender, mínimo los siguientes puntos:
1.-Restructuración integral y total del sistema de financiación del sector académico-educativo, con incremento de 0.5% anual y el 0.2 anual del PIB, para sector académico y ciencia y tecnología, hasta alcanzar el 10.0% y el 2.0% del PIB anua, para ciencia y tecnología respectivamente.
2.-Definir y establecer políticas de Estado sobre capacitación de docentes y sobre acceso y permanencia en la docencia, que debe ser solo por méritos académicos demostrados en pruebas de conocimiento.
3.-Redefinir requisitos y condiciones, más exigentes, para obtener Certificación de Alta Calidad, en educación superior, incluido como requisito los resultados de las Pruebas Saber Pro (ECAES). Ordenar que solo las Instituciones Académicas que dispongan de Certificación de Alta Calidad, puedan ofrecer y desarrollar programas de posgrados.
4.-Reglamentar la inversión en mejoramiento y ampliación de Planta Física, y costos de funcionamiento, de manera que, en cada caso, se demuestre la necesidad, la urgencia, la justificación y el costo, con soportes ciertos.
5.-Establecer nueva escala salarial para docentes, desde kínder hasta posgrados, con base en resultados de evaluación académica, en el área de formación del concursante.
Son temas del desarrollo nacional, que deben interesar a todos. Sin educación de calidad es imposible el cambio integral de la nación. Mejor calidad de vida armonía social.
Son imperativos para el desarrollo integral nacional, del actual gobierno, y de la sociedad en general.
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