El presidente colombiano Álvaro Uribe, aliado incondicional de Estados Unidos en América Latina, busca varios propósitos con su decisión de extraditar hacia la nación del Norte a 14 connotados paramilitares que cargan en su haber miles de asesinatos contra indefensos pobladores de la nación andina. En primer lugar la medida va encaminada a entorpecer las […]
El presidente colombiano Álvaro Uribe, aliado incondicional de Estados Unidos en América Latina, busca varios propósitos con su decisión de extraditar hacia la nación del Norte a 14 connotados paramilitares que cargan en su haber miles de asesinatos contra indefensos pobladores de la nación andina.
En primer lugar la medida va encaminada a entorpecer las investigaciones que se realizan sobre los vínculos entre estos jefes paramilitares y políticos cercanos al oficialismo.
Como se conoce, 63 congresistas, casi en su totalidad de la coalición de gobierno, están siendo investigados por sus vínculos con los grupos paramilitares, acusados de centenares de crímenes y masacres de campesinos y de civiles a los que acusaban de colaborar con la guerrilla. De ese total, 32 legisladores se encuentran detenidos de forma preventiva, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del mandatario.
La decisión ata las manos a la Corte Suprema de Justicia al impedir que se identifiquen a los cómplices políticos, militares y económicos, y de esa forma los hechos quedarán impunes.
En el desarrollo de los procesos judiciales, los paramilitares han confesado 5 800 asesinatos, mientras más de 118 000 victimas que fueron desplazadas y despojadas de sus tierras esperan que la justicia repare en alguna medida los desmanes y las masacres cometidas contra sus familiares.
Uribe con esa acción se libera de las consecuencias sobre la corrupción dentro de su gobierno que traería la continuación de las investigaciones, y a la par queda ante los ojos de la administración norteamericana como su mejor aliado y súbdito en la región, por encima de los regímenes de Antonio Saca en El Salvador y de Alan García en Perú.
La excusa de que los paramilitares continuaban ejerciendo poder y controlando negociaciones desde las cárceles, también habla de la incompetencia del régimen colombiano para controlar las fechorías de los infractores por sus relaciones con funcionarios políticos, militares y empresariales.
Según un acuerdo previo con la Fiscalía colombiana durante el proceso de Justicia y Paz, a los paramilitares que «confiesen la verdad y reparen a sus victimas», se les rebajarán a ocho años sus penas, pero con sus salidas hacia Estados Unidos, «la verdad se fue», afirmó José Humberto Torres, abogado de un centenar de víctimas en Barranquilla.
Estados Unidos reclama a las paramilitares por sus vínculos con el narcotráfico pero la realidad es que hacia esa nación del norte continuarán arribando embarques desde cualquier punto de la geografía colombiana o sudamericana si Washington no controla la venta y el tráfico de narcóticos en su propio territorio pues mientras haya mercado, existirán traficantes.
Los extraditados pueden ser condenados por la coca que enviaron pero ninguno pagará por los miles de homicidios cometidos. Además, según varios movimientos de ayuda a la víctimas colombianas, «recientes declaraciones estaban poniendo en entredicho al ejecutivo por sus innegables vínculos con los paramilitares».
Por ejemplo, la reelección de Uribe en 2006 quedó en duda cuando la ex congresista Yidis Medina se entregó a las autoridades y confesó que votó a favor de la reelección a cambio de prebendas políticas.
El senador del Partido Liberal (PL), Juan Cristo, advirtió que los funcionarios involucrados en las acusaciones de la congresista Medina, siguen controlando entidades que deben ser intervenidas por la Procuraduría para evitar que sean borradas las pruebas.
Otros de los beneficios que pretende lograr Uribe con la extradición, es la de obtener votos favorables dentro del Congreso norteamericana para que se acabe de aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre dos países, el cual no se ha concluido por la oposición de varios representantes estadounidenses
El mandatario colombiano quiere acabar de entregar su país a los destinos de Estados Unidos y de las transnacionales, cuestión que aun no ha podido lograr.
Pero muchos datos conspiran contra los anhelos de Uribe: el 80% de los paras vinculados a las investigaciones son representantes de su régimen mientras que los asesinatos contra dirigentes sindicales se han elevado desde su llegada a la casa de gobierno en 2002.
Según el senador Jorge Robledo, en ese año los sindicalistas asesinados en Colombia fueron el 85% de los ocurridos en el mundo; en el 2003 constituyeron el 73%; en el 2004 el 66% y en el 2005 el 61%.
Con las recientes decisiones tomadas, Álvaro Uribe puede clasificar como el mejor súbdito de la administración de George W. Bush pero también será reconocido como uno de los presidentes más dañinos para el pueblo colombiano y para la América Latina.