En Socuéllamos (provincia de Ciudad Real), han muerto dos trabajadores en tres días. Los dos en el tajo, vendimiando las uvas de las que luego se vanagloriarán los bodegueros de este pueblo manchego. La «patria del vino«, reza la publicidad institucional con la que se promociona el pueblo. El trabajador que murió el sábado 22 […]
En Socuéllamos (provincia de Ciudad Real), han muerto dos trabajadores en tres días. Los dos en el tajo, vendimiando las uvas de las que luego se vanagloriarán los bodegueros de este pueblo manchego. La «patria del vino«, reza la publicidad institucional con la que se promociona el pueblo.
El trabajador que murió el sábado 22 era rumano. El que murió el martes 25, polaco. Ninguno de los dos tenía contrato. En los últimos días, muchos han sido los comentarios en los medios de comunicación sobre los «problemas» a los que se enfrentan los agricultores para proceder a la vendimia: no tienen mano de obra legal suficiente; necesitan más trabajadores inmigrantes; la cosecha está en peligro;… Incluso alguno salió en televisión diciendo que de no poder hacerlo legalmente, «se vería obligado a contratar ilegalmente».
Mientras estas noticias relataban la vendimia española, también se informaba de la marcha de vendimiadores españoles a la campaña francesa. Allí pagan más (como el doble) y las condiciones de trabajo son mejores. Al menos se proporciona alojamiento digno a los jornaleros, y ninguno tiene que vivir en tinajones o pagar tres euros por dormir en la finca. Ésas son las condiciones a las que se enfrentan los que recogen las uvas en La Mancha. ¿Alguien se extraña de que los trabajadores españoles huyan como de la peste de estos trabajos y prefieran irse a Francia? Si los sueldos y las condiciones laborales fueran otras, quizás no continuara esa migración temporal que parece eterna.
Los dos inmigrantes trabajaban sin contrato. Pero los dos eran ciudadanos de la Unión Europea. No es que hubieran llegado en patera en la oscuridad de la noche, tiritando por la hipotermia. Tenían, al menos en teoría, los mismos derechos que nosotros los españolitos. Cierto es que uno, el primero en morir, era rumano. Por tanto, gracias entre otros al egregio líder de la «alianza de civilizaciones» y quijote vencedor de crisis económicas y climáticas, era un ciudadano de segunda clase, con derechos limitados. Rumanos y búlgaros son ya «compatriotas» nuestros en este faro iluminador moral del mundo que dicen es la Unión Europea. Pero aún no tienen derecho a ser explotados por los empresarios «legalmente». Pueden residir, votar,… Pero no ganarse el sustento de manera legal, con unas mínimas garantías. Por tanto, en este caso, si seguimos el razonamiento de los dueños de las fincas, había sido «contratado» por la imperiosa necesidad de recoger la uva. No porque al carecer de derechos laborales estuviera en condiciones aun más desfavorables para resistirse a la explotación por parte del patrono.
Vale. Hasta ahora podrían servir (dejando, eso sí, de lado a nuestro entendimiento y nuestro sentido común) los argumentos patronales. Pero, ¿y el polaco? Él tenía todos los derechos (incluidos los laborales). Pero tampoco tenía contrato. Porque en el fondo da igual de dónde seas. ¿O es que ninguno de los autóctonos de toda la vida de Socuéllamos ha tenido o tiene que vendimiar sin contrato? De lo que se trata es de sacar el máximo beneficio del sudor de los jornaleros. Si puedes aprovechar sus «debilidades» (que no se puede quejar porque legalmente no puede trabajar y tiene la fea costumbre de querer comer, por ejemplo) pues mucho mejor. Pero si no es así, pues lo haces «por la cara» y ya está. Esa es la estrategia de los terratenientes. Da igual que sean los grandes que controlan la mayor parte del negocio o los pequeños que no paran de quejarse de lo mal que está el campo. Los mecanismos de explotación son los mismos. Quizás teñidos de más racismo y demás discursos fascistas en el caso de los pequeños y medianos propietarios, para así justificar lo injustificable. Pero son los mismos. Los propios de la explotadora lógica capitalista.
Los trabajadores, los proletarios, no podemos seguir aguantando esta situación. Nuestros enemigos no son los inmigrantes que vienen a buscarse la vida igual que hicieron millones de españoles durante siglos, y siguen haciendo hoy los que se van a Francia. No hay justificación posible. Nuestros enemigos son los miembros de esa clase social que nos explota y oprime (a los proletarios de aquí, a los de Europa del Este y a los de cualquier otra zona del planeta). Esa clase social, la burguesía, que vive de nuestro trabajo. A esos parásitos, a sus prácticas y sus discursos justificadores, debemos combatirlos.
ZP seguirá diciendo que debemos sentirnos orgullosos de la Unión Europea que estamos forjando. Aunque en ella haya ciudadanos de segunda categoría. El Parlamento castellano-manchego debatirá esta semana sobre la siniestralidad laboral. Seguro que aprueban normas (incluso leyes) y regalan subvenciones a las empresas y sus lacayos de CCOO y UGT para que organicen cursos, hagan estudios o creen incluso un observatorio sobre el tema. Los munícipes y bodegueros de Socuéllamos seguirán editando folletos y carteles loando las excelencias de los vinos patrios. Habrá multas (quizás) pero nadie, ni los empresarios que a diario ejercen su terrorismo patronal ni los políticos que sirven fielmente a sus intereses, acabará en la cárcel. Y en las plazas y lugares públicos de Socuéllamos, de Valdepeñas, de Tomelloso, de Villarrobledo y de todos los pueblos manchegos se seguirán viendo reuniones de proletarios a la espera de que un patrono los «contrate«. Pero algún día, en la plaza de mi pueblo, dirá el jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado.