Una semana antes que comience en Quito, el 16 de mayo, el segundo ciclo de la Mesa de Negociación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, un editorial de la página Web ELN Paz destacaba las barreras al proceso; las trabas a que se desarrollen aspectos como la […]
Una semana antes que comience en Quito, el 16 de mayo, el segundo ciclo de la Mesa de Negociación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, un editorial de la página Web ELN Paz destacaba las barreras al proceso; las trabas a que se desarrollen aspectos como la participación de la sociedad civil o futuros acuerdos de «alivio humanitario». Una parte del problema, apunta el texto editorial, radica en «la avalancha de persecución política que sostiene el régimen, por medio del asesinato de líderes sociales, el ambiente de terror contra las organizaciones sociales por medio de amenazas, atentados, destierro y redadas masivas de líderes, a quienes se les acusa de ser ‘líderes de la subversión'».
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó 389 ataques contra defensores de los derechos humanos durante 2016. Mientras se negocia la paz, aumenta la represión y asesinato de dirigentes comunitarios y de derechos humanos, y se expande el paramilitarismo en zonas como El Choco, el Putumayo, el Pacífico Caucano y Nariñense, Antioquía o el norte de Santander. Son las singularidades de más de cinco décadas de conflicto en Colombia. Y también muestra, según Aureliano Carbonell, comandante guerrillero, sociólogo y uno de los representantes del ELN en los diálogos de Quito, «el carácter terrorista, cruel y regresivo de sectores de las clases dominantes y élites regionales que están en el poder». Además Carbonell considera «irrenunciable» en Quito una participación «verdadera» de la sociedad, así como avanzar en acuerdos de carácter humanitario que atenúen el enconamiento del conflicto.
-El pasado siete de febrero el gobierno y el ELN iniciaron las conversaciones de paz en Quito, con seis países garantes (Ecuador, Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela) ¿Qué papel se les reserva a la sociedad civil y las organizaciones populares en los diálogos? En las negociaciones de La Habana entre el Estado y las FARC reclamaron un mayor espacio…
Con el gobierno se acordó en marzo del año pasado, desarrollar una agenda de 6 puntos. El primero de estos es «la participación de la sociedad en la construcción de la paz». Eso indica que en este proceso, la sociedad y en particular las organizaciones sociales, han de tener un papel decisivo. Este no es un proceso sólo entre el ELN y el gobierno. La participación es el corazón de este proceso de diálogos.
-Miembros de la dirección del ELN y del Secretariado de las FARC tienen prevista una próxima reunión en La Habana. ¿De qué asuntos se conversará? ¿Qué diferencias existen entre los diálogos de Quito y los de La Habana?
Esa reunión se realizará en los próximos días. En ella, nos proponemos buscar unas líneas confluyentes de acción conjunta para fortalecer las opciones alternativas y de cambio en el país, entendiendo que nos acercamos y confluimos en un marco de diversidad. Esperamos intercambiar también sobre los enfoques y las experiencias mutuas en el proceso de paz y las posibles sincronías entre los dos procesos.
-El 16 de mayo se inicia el segundo ciclo de las negociaciones en Quito. ¿Qué puntos considera irrenunciables el ELN?
De los temas que se van a tratar ahora, tendrían este carácter lo relacionado con una verdadera participación de la sociedad, la bilateralidad que debe regir todo el proceso, la necesidad de avanzar en acuerdos humanitarios que ayuden a rebajar la intensidad del conflicto y que generen beneficios para la población, sobre todo a la más afectada por este.
-¿Qué avances concretos se han alcanzado tras los dos primeros meses de negociaciones en Quito?
El hecho mismo de que se hubiese instalado la Mesa Pública el 8 de Febrero, es ya de por si un gran logro, un avance. Recuerde que esto estaba acordado desde el 30 de Marzo del año pasado y que el gobierno se había negado a hacerlo, condicionándolo a exigencias unilaterales de su parte, las que no habían sido acordadas como previas o como requisitos para iniciar la fase publica.
Se estableció el DIH como el marco común para abordar el tema de las dinámicas y acciones humanitarias. Se conformó y oficializo el grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación y se hicieron preacuerdos sobre unas audiencias preparatorias en las que la mesa va a escuchar a distintos sectores y procesos sociales sobre el proceso de participación, la metodología, los mecanismos y las experiencias de participación que cada sector o proceso han tenido. Esperamos que estas audiencias puedan darse en el ciclo que empieza el próximo 16 de Mayo.
Se dieron también unas liberaciones, se completó la delegación del ELN con 2 extracciones de compañeros. Se estableció igualmente el reglamento de funcionamiento de la mesa.
-El ELN ha informado en un reciente comunicado que en la parte alta del río Truandó, a 50 kilómetros del municipio de Riosucio (Chocó), han acrecido los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares, y por otro lado la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. «Hemos causado más de 60 bajas a estas bandas paramilitares», agrega la nota informativa ¿Cómo se explica en este contexto de conflicto la Mesa de Diálogo de Quito?
Fíjese. Va contra toda lógica de paz que firmándose un pacto de paz con las FARC y desarrollándose simultáneamente un proceso con el ELN, este multiplicándose el paramilitarismo en varias regiones del país, aumente el asesinato de líderes sociales, la persecución y judicialización a la protesta social. Una de las regiones en las que por distintas zonas están haciendo presencia e incrementándose tropas paramilitares, es precisamente la que usted menciona, el Choco. Allí están en expansión las acciones paramilitares. Esto se está presentando en varias zonas del país. No en una sola. Lo mismo se está dando en el Putumayo, en el Pacifico Caucano y Nariñense, en varias partes de la Costa Atlántica, en Antioquia, en el Valle, en el Sur de Bolívar, en Norte de Santander y otras regiones.
Ese incremento de las fuerzas y la acción paramilitar se está dando con la aquiescencia y complicidad de las fuerzas militares asentadas en cada región, de autoridades locales, con el visto bueno y el estímulo de sectores de las clases dominantes, con la pasividad del Estado y las cortinas de humo del ministerio de Defensa y de otras instituciones, que niegan la existencia del paramilitarismo, de sus grupos y de las acciones paramilitares.
-La Defensoría del Pueblo ha informado que entre enero de 2016 y febrero de 2017, han resultado asesinados al menos 120 líderes y defensores de derechos humanos. ¿En qué lugar queda esta realidad en la agenda de conversaciones? ¿Qué opinión les traslada el Gobierno de Santos al respecto?
En el primer ciclo, al abordar el tema de las dinámicas y acciones humanitarias, planteamos que tiene que examinarse y buscársele solución a todos los dolores y no sólo a los que le preocupan a las clases dominantes. Hay que tratar también los dolores que afectan a las mayorías y al movimiento popular que se opone al régimen. Uno de esos dolores y muy gravé, es precisamente el asesinato de los líderes sociales y los defensores de DDHH. Fenómeno que se vuelve a incrementar precisamente cuando estamos en procesos de paz. Esa situación expresa las particularidades del conflicto colombiano e indica la actitud real de sectores de las clases dominantes y de sectores de las elites regionales que están en el poder. Da cuenta del carácter terrorista, cruel y regresivo de estas elites en Colombia.
Pensamos que con todo esto, está en marcha un nuevo genocidio, de responsabilidad de los sectores dominantes y de gran poder económico y político. Los hechos hablan. Son ellos los que se atraviesan a cualquier salida de paz y de cambio, para continuar con sus privilegios y perpetuarse en el control del Estado. Por eso, por esa actitud de las clases dominantes, son tan difíciles los procesos de paz en Colombia.
En la mesa, el ELN ha estado planteando éste, como el tema principal a abordar en el punto de las dinámicas y acciones humanitarias. La fiscalía, el ministerio de defensa y otras autoridades, plantean que esos asesinatos son hechos sueltos, sin relación o conexidad entre sí, que no obedecen a una sistematicidad. Con ello niegan el problema, eluden responsabilidades y encubren la situación, a sus generadores y sus facilitadores.
-¿Cómo valora los titulares del periódico «El Tiempo» que vinculan al ELN con los atentados contra líderes comunales en el departamento del Cauca, y con la banda «Los Monos»? ¿Se trata de una estrategia de criminalización? ¿Qué imagen construyen los medios informativos del ELN?
El fiscal general y el ministerio de defensa en varios momentos han lanzado estas falsas inculpaciones. Con ello buscan respaldar su tesis sobre la no sistematicidad de estos asesinatos y su desconexión con los grupos paramilitares, con los servicios de inteligencia, las fuerzas militares y sectores de poder político y económico. Son cortinas de humo.
No hay ninguna relación entre la llamada banda de «los monos» en el Cauca y el ELN. Sería un contrasentido que nosotros estuviésemos actuando contra nosotros mismos, contra la dirigencia social que lucha por ideales similares a los del ELN.
En varias zonas del Cauca, las comunidades se están oponiendo a la explotación minera en sus territorios. Unas empresas mineras contrataron la banda de «los monos», para amedrentar y aterrorizar a esas comunidades, asesinando a varios de sus líderes. Esto ha quedado claro en las investigaciones de la fiscalía de la región, al igual que la inexistencia de cualquier relación de esta banda con el ELN. Pero ello se oculta, no se informa y se deja que se siga corriendo lo que salió en el Periódico «el Tiempo».
-En el comunicado con motivo del Primero de Mayo, el ELN recuerda que Colombia es el noveno país más desigual del mundo y que el Estado se convirtió en «un aliado de los empresarios privados». ¿Por qué ha llegado, sin embargo, el momento de negociar?
El ELN, desde hace varias décadas está buscando la solución política y un acuerdo de paz con justicia social y cambios. Desde 1991 y con sucesivos gobiernos, hemos estado en varios procesos de diálogos que nunca han culminado exitosamente por la negativa de las clases dominantes a facilitar un acuerdo que habilite nuevas realidades para Colombia. Ellos siempre han concurrido a estos procesos con la idea de que desaparezca la insurgencia. Pero que todo el resto siga igual.
-El Gobierno de Santos y las FARC tardaron cuatro años en cerrar un acuerdo. ¿Pueden las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 27 de mayo de 2018, impedir que los diálogos entre el ejecutivo y el ELN se desarrollen con la serenidad necesaria?
Lo importante en este proceso de paz que ya comenzó es lograr el compromiso, de quien llegue a la presidencia, de dar continuidad a la búsqueda de la paz. Es el pueblo en sus mayorías el factor fundamental para impulsar y garantizar dicha exigencia. A él tenemos que recurrir. Hay que fortalecer un movimiento mayoritario, de nación por la continuidad de los procesos de paz y por los cambios. Ello requiere, ni limitarnos cada cual a nuestros propios contornos, de una gran confluencia y de una visión que vaya más allá de cada grupo o corriente, requiere de alianzas que incorporen amplios sectores, incluyendo los de centro, requiere trabajar por la convergencia, de manera muy amplia, de muchos que le apostamos a unas transformaciones inmediatas básicas y a una paz sin la violencia de los de arriba y con justicia social.
-Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia prohibieron el 29 de abril la entrada en el Parlamento a los representantes de las FARC y el ELN, cuando tenían previsto participar en el Congreso Nacional de Paz. ¿Significa esto que las negociaciones se asientan sobre fundamentos frágiles?
Efectivamente. Eso fue así. Ahí ve usted la intransigencia y la exclusión con que varios de estos sectores manejan las opciones de paz. Eso indica como seguirán manejando las cosas a futuro. Hace años el Parlamento en pleno, recibió con gran entusiasmo, efusividad y aplausos, a tres jefes paramilitares, cuando estaban en conversaciones con el gobierno de Uribe. A Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza.
Pero, ahora fue lo contrario. Se les negó a los compañeros la entrada a las instalaciones para participar en el evento de paz que distintos sectores estaban programando. Se dio una conducta hostil y discriminatoria, al tratarse en este caso de integrantes de la Insurgencia. Un compañero del ELN, nombrado gestor de paz, mediante decreto presidencial y varios compañeros de las FARC, organización con la que se ha llegado a un acuerdo de paz desde hace varios meses.
-Analistas y medios convencionales destacan que un sector del ELN no apoya los diálogos de Quito. ¿Qué opina?
En la organización, como es normal hay diversidad de opiniones. Pero igualmente tenemos espacios para tramitarlas y para tomar decisiones colectivas que nos comprometen a todos. Los diálogos de Quito fueron aprobados en el V Congreso y la decisión de ese espacio democrático es la que nos rige a todos.
-Por último, en 2017, tras los acuerdos firmados con las FARC y en proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla del país, el Gobierno ha incrementado el presupuesto de Defensa un 2% respecto al año anterior. ¿Mueve este dato a la inquietud?
Claro. ¿Qué indica eso? ¿En qué paz están pensando? ¿Cuál es su real voluntad de paz? Ahí ve usted la complejidad de la paz en Colombia, Eso expresa el pensamiento y las conductas que caracterizan a las clases dominantes en este país. Si a lo que usted señala, le agregamos el incremento del paramilitarismo, el asesinato creciente de los dirigentes sociales, las líneas rojas frente a cambios de importancia, las nuevas leyes que están aprobando, contrarias a los acuerdos con las FARC y a los compromisos realizados en estos años con distintas organizaciones sociales en el marco de importantes movilizaciones y luchas, estamos viendo una vez más que ellos no cumplen y que no están por facilitar salidas de paz, distintas a que todo siga igual, excepto la presencia de la Insurgencia. Otros caminos, otras realidades, sólo se lograrán mediante el fortalecimiento del campo popular y democrático y la fuerza que este logre desarrollar. Para ello es vital la unidad, sin exclusiones, de quienes estamos por los cambios.
La fuerza que da la unidad, la organización, la lucha de las masas, la legitimidad, serán decisivas para obligar a la oligarquía colombiana, a aceptar otros cursos de país. Ellos por su propia voluntad no lo van a facilitar. Estos se lograrán sólo si la fuerza de quienes estamos por los cambios, los obliga.
No separamos el proceso de paz, del proceso de acumulación de fuerzas. En esta dirección le planteamos marchar a todos quienes estamos por otros rumbos de país. Frente a ello somos optimistas, mantenemos viva la esperanza y confiamos en el futuro inmediato. No tenemos dudas, Colombia si podrá encontrar nuevos rumbos de soberanía, de democracia, justicia social, de equilibrio con la naturaleza y de cooperación e integración continental.
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