El fin de semana del 21 y 22 de mayo Podemos celebró la Fiesta de la Primavera en los Jardines de Viveros en Valencia. “¿Casualidad o racismo?”, preguntaba en las redes sociales, al Ministerio del Interior, el diputado autonómico de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye.
“Tantas veces que me para la Policía Nacional para pedirme la documentación evidencia el nivel de racismo. Esta vez me ha pasado en Valencia. La lucha sigue”, añadía el activista contra el racismo y defensor de las personas sin papeles, de origen senegalés y nacionalizado español.
El dirigente de Podemos, Pablo Echenique, apuntaba en su cuenta de Twitter que en el tren Valencia-Madrid el registro por parte de los agentes policiales se centró en el parlamentario y activista, “quien ‘casualmente’ es negro; dicen que es aleatorio y seguro que lo es, porque ser dirigente del PP sí sería un fiable predictor de delincuencia y no el color de la piel”.
El 24 de mayo el portavoz de la Campaña CIE No de Valencia, Adrián Vives, denunció en las redes sociales que la Policía Nacional está identificando en la capital valenciana a personas migrantes –en situación oficialmente considerada irregular-, a quienes después cita “por un asunto de su interés” para incoar un procedimiento sancionador por estancia irregular, generalmente con propuesta de expulsión. La información está acompañada con las imágenes de dos citaciones (del 20 y el 24 de mayo) con el sello de la Dirección General de la Policía.
Las identificaciones son una práctica policial con largo recorrido en el estado español. En abril de 2013, la Defensoría del Pueblo planteó Recomendaciones al Ministerio del Interior “para erradicar la práctica policial consistente en controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales” (desde diciembre de 2012 la Defensoría había recibido nuevas quejas que detallaban hora y lugar de más de 300 controles de estas características en lugares públicos).
La mayor parte de estos controles se realizaban a primera hora de la mañana en el transporte público “y, con frecuencia, por agentes de policía no identificados vestidos de paisano”, informaba el Defensor del Pueblo hace casi una década.
Las quejas se estaban documentando pese a que el Ministerio del Interior había emitido -en mayo de 2012- una circular policial en relación con la identificación de ciudadanos, que incluía el siguiente principio: “Evitar cualquier tipo de práctica que pudiera conllevar una restricción indebida de los derechos y libertades de los inmigrantes, prohibiéndose en este sentido el establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad policial, evitándose igualmente actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos”.
Además la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (o ley mordaza), de 2015, establece respecto a las identificaciones para una posible sanción de infracciones penales y administrativas, en el Artículo 16: “Se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racional o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
En la coyuntura citada, abril de 2013, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recomendó a la Dirección General de la Policía el uso de formularios de identificación en los que constara la etnia/nacionalidad de las personas sometidas al control, además de los motivos; la elaboración de un sistema estadístico de recopilación y seguimiento de los datos por etnia/nacionalidad; formar en la materia a los funcionarios policiales y habilitar un mecanismo de reclamaciones sobre posibles discriminaciones policiales.
También en 2013, el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València presentó el informe Identificación policial por perfil étnico en España; el documento subraya que tanto el país de origen como la nacionalidad hacen posible que un individuo no español tenga hasta dos veces más probabilidades de ser parado en la vía pública (y en los dos últimos años la probabilidad se incrementaba hasta tres veces más). La discriminación racial y étnica se concentra, según la investigación, en tres colectivos: gitanos, magrebíes y africanos de piel negra.
Los ecos de hace una década continúan en el presente. La ONG Valencia Acoge recibió un escrito del Defensor del Pueblo, con fecha 29 de marzo de 2022, que daba cuenta de la respuesta de la Policía Nacional a los requerimientos del Defensor: “No se han producido avances en la viabilidad del proyecto para posibilitar el registro informatizado de identificaciones en la vía pública, en seguimiento de las Recomendaciones efectuadas por esta institución desde 2013”. La Defensoría continúa solicitando información a Interior sobre los controles internos frente a “posibles tendencias discriminatorias”.
Mientras, Valencia Acoge constata que se mantiene la práctica de las identificaciones racistas. Por ejemplo en el caso de dos hermanos de nacionalidad colombiana, D.P. y J.C., que el pasado 1 de febrero –cuando se disponían a tomar el autobús en el barrio de Orriols, en Valencia-, fueron interpelados por dos personas de paisano: “Buenos días, documentación, por favor. Somos de la secreta”. A continuación los agentes enseñaron la placa, “les retuvieron los pasaportes y no se los dieron hasta que estuvieron en la comisaría”, de donde salieron a los 20 minutos, informa Valencia Acoge.
“En la comisaría les hicieron firmar un documento de salida obligatoria del país en cinco días. Ese documento no iba firmado por ningún funcionario identificable, ni había un expediente. (Las dos personas migrantes) tampoco tuvieron ningún tipo de asistencia letrada”, añade la ONG (finalmente se archivaron las dos notificaciones de salida obligatoria); “condenamos este procedimiento policial, que constituye una clara identificación racista”, valoraron los activistas.
Por otra parte, agencias y medios informativos dieron cuenta el 6 de mayo del operativo de la Policía Nacional desplegado en el barrio de Orriols, que se saldó con cinco personas detenidas de origen magrebí –entre 19 y 32 años- “por infracción a la Ley de Extranjería”; se produjeron además 194 identificaciones e inspeccionaron 39 vehículos. Valencia Acoge advirtió de que la mayor parte de las detenciones e identificaciones tuvieron como objeto a personas migrantes.
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