Valencia, la ciudad de la vergüenza

Centenares de inmigrantes viven en la calle o en viviendas precarias, en condiciones infrahumanas, a pesar de las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges, de profesionales y entidades sociales al Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar Social.

Todos recordamos la crisis humanitaria, durante los pasados años 2007-2008, que se vivió en el antiguo cauce del Turia en la ciudad de Valencia, donde malvivían a la intemperie y sin recursos ciento cincuenta inmigrantes, mayoritariamente de origen subsahariano, varones, «sin papeles» y muy jóvenes. Situación que, aunque variando la población afectada, se mantenía desde hacía cinco años.

A pesar de la movilización ciudadana y la de las entidades sociales que atienden al colectivo inmigrado, y a pesar también de la presentación de un estudio sociológico que proponía una política de acogida e integración y de la intervención de la Sindicatura de Greuges, en la actualidad, ni los recursos ni las políticas sociales se han adaptado a las necesidades existentes. Con lo cual, la situación de precariedad residencial y de exclusión social de la población inmigrante se agrava en la ciudad.

La inversión económica que se necesita para poner al día las políticas sociales destinadas al colectivo inmigrado no es una excusa por parte de las instituciones valencianas, ya que el gobierno central aumentó las ayudas económicas para que las Comunidades Autónomas tuvieran más recursos para la acogida e integración de dicho colectivo. Las comunidades autónomas y la Administración municipal son una pieza clave en la política de inmigración. Además, los poderes públicos tienen la obligación de gestionar la inmigración, ofrecer servicios públicos suficientes y garantizar unas mínimas condiciones de vida a toda la población por igual.

La Sindicatura de Greuges realizó una investigación, resultado de la cual se entregó un informe en el que se recomendaba la creación de un centro de acogida que cumpliera unos mínimos requisitos muy básicos: capacidad para cien plazas, posibilidad de permanencia de un tiempo razonable, que el horario del centro les permita trabajar y que tuviera asistencia social y psicológica.

Pues bien, se ha habilitado un centro de acogida, que más bien se trata de un albergue más, obsoleto e inútil que carece de los requisitos mínimos para paliar las carencias de los recursos existentes. Dicho centro consta de setenta plazas, en habitaciones de cinco y seis personas con un baño diminuto, la estancia máxima es de quince días, el horario de entrada y salida del centro no les permite trabajar y no tiene asistencia social ni psicológica.

La consecuencia de dicha intervención, absurda y totalmente despilfarradora por parte del Ayuntamiento y de la Conselleria de Bienestar Social, es la constante existencia de personas inmigrantes que viven en la calle o en infraviviendas en condiciones infrahumanas (desnutrición, enfermedades infecciosas en general, psicopatologías, inseguridad física, persecución policial, explotación laboral…). Además, el abandono institucional del colectivo inmigrado sin techo, estigmatiza y excluye socialmente a dicho colectivo, atenta contra los derechos humanos más básicos y favorece la xenofobia y el racismo en la ciudad de Valencia (las agresiones racistas son demasiado frecuentes y suelen quedar impunes tanto a nivel policial como judicial).

La concentración de inmigrantes sin techo en la ciudad de Valencia no es casual, sino que está causada por múltiples factores, entre los cuales cabe destacar los siguientes:

1. La ciudad de Valencia, en comparación con otras ciudades españolas de similar peso y características, es una de las que menos recursos tiene para el colectivo inmigrado. Ello implica que ni los recursos ni las políticas sociales se han adaptado a las necesidades sociales ni desarrollado conforme ha ido evolucionando dicho colectivo y su realidad social. Estamos ante una de las Comunidades Autónomas menos desarrolladas en política de inmigración. Pero además, en otras Comunidades Autónomas hay una coordinación y colaboración entre instituciones públicas y las entidades sociales, pero en el País Valencià dicha colaboración es muy limitada.

2. Los inmigrantes que son trasladados desde Canarias a la ciudad de Valencia.

3. El mercado de trabajo (recogida de la naranja, construcción, hostelería) y la movilidad de los temporeros agrícolas.

4. La carencia de recursos económicos de los inmigrantes para poder alquilar una habitación o vivienda.

5. El elevado precio de la vivienda y los abusos tanto por parte de agencias inmobiliarias como de los arrendatarios (precios abusivos, cobro de gastos y comisiones injustificadas, hacinamiento y condiciones de habitabilidad precarias…).

6. El rechazo social de muchos arrendatarios que se niegan a alquilar una vivienda a personas inmigrantes.

7. Los inmigrantes «sin papeles» no pueden salir de semejante situación en un corto plazo de tiempo, ya que la ley de extranjería no permite regularizar su situación hasta pasados tres años de empadronamiento y necesitando, además, un contrato de trabajo. Vivir tres años en la clandestinidad dificulta tener un trabajo y recursos económicos. Además, es la población más vulnerable y se quedan una y otra vez en la calle. Cabe recordar también, que ninguna persona es ilegal, todos estamos amparados por los derechos humanos, que se promulgan mucho pero, en la realidad, se respetan muy poco.

La hipocresía social llega demasiado lejos, los inmigrantes africanos que llegan a la ciudad de Valencia proceden de los países más pobres del mundo, muchos de ellos en la infancia o adolescencia han comido gracias a la ayuda de Cooperación Internacional y cuando salen de su país para mejorar las condiciones de vida propias y de la familia, no son personas, no tienen derechos, ni los humanos. En cambio, somos uno de los países con más aportaciones económicas a las ONGs de Europa. Somos solidarios, pero cuando nos toca de lejos. Evidentemente, la solución al problema de la inmigración económica está en la colaboración y ayuda al desarrollo de los países emisores, ya que es importante recordar que dicha inmigración no es voluntaria, sino forzosa y que ellos preferirían vivir en su país junto a su familia y amigos, pero necesitan algo más que comida.

La operación frío no funciona en la ciudad de Valencia, ya que cada día duermen en la calle o en infraviviendas centenares de inmigrantes, la mayoría de ellos con historias de vida muy dramáticas, con una salud muy precaria y un futuro no muy prometedor.

Al nuevo año le pediría que la sociedad valenciana se sensibilice y movilice, que los responsables políticos actúen y cambien esta vergonzosa situación, para la que ni siquiera «la crisis económica» puede servir de excusa.

Con la actual situación de «crisis económica» y el incremento del desempleo, la población inmigrada sin techo y sin papeles aumentará, siendo uno de los colectivos más vulnerables y, por lo tanto, además de preocuparse de limitar la entrada de inmigrantes y obstaculizar su regularización, se tiene que atender a la población que ya está asentada, mediante políticas de acogida e integración muy específicas, adaptándolas y desarrollándolas en la medida que se aplican al contexto específico tanto a nivel local como autonómico.

M. Àngels Grau Añó, Doctora en Sociología.