Según las entidades, el proceso de normalización ha dejado fuera a más de 700.000 inmigrantes empadronados. El Ministro Caldera cree, en cambio, que el número de extranjeros indocumentados en España se reducirá a 100.000. El proceso de regularización que se inició el 7 de febrero y acabó el pasado 7 de mayo ha sido «totalmente […]
Según las entidades, el proceso de normalización ha dejado fuera a más de 700.000 inmigrantes empadronados. El Ministro Caldera cree, en cambio, que el número de extranjeros indocumentados en España se reducirá a 100.000.
El proceso de regularización que se inició el 7 de febrero y acabó el pasado 7 de mayo ha sido «totalmente insuficiente» para atender las peticiones de las personas inmigradas en España y se ha desarrollado con numerosas incidencias. Éste es el balance que organizaciones como Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación Nacional de Ecuatorianos en España y Argentinos en el Exterior hacen del procedimiento, que ha recibido cerca de 700.000 solicitudes.
Según estas entidades, lo habitual durante todo el proceso ha sido el «caos y la confusión», debido a las «continuas modificaciones» que han tenido lugar. «Se han detectado prácticas claramente discriminatorias en algunos ayuntamientos, como el de Melilla, que se ha negado a empadronar a inmigrantes en situación irregular y en algunos casos les ha dado de baja del padrón sin notificación y sin respetar el procedimiento», afirman las ONG en un comunicado.
Entre las «incidencias» ocurridas durante estos tres meses, las organizaciones destacan la «confusión» provocada por el hecho de que muchos ayuntamientos facilitaran volantes de empadronamiento en lugar de certificados, la escasa información ofrecida por las embajadas y consulados españoles en los distintos países y el «excesivo coste» de la expedición de certificados en algunos países.
Muchos ecuatorianos, por ejemplo, han llegado a pagar hasta 536 euros en su país por el certificado de penales, y en numerosos casos han sido los propios inmigrantes los que han tenido que pagar las cuotas a la Seguridad social, los gastos de gestoría o la deuda contraída por los empresarios con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. En este contexto, inmigrantes trabajadores autónomos no han podido regularizar su situación porque no tenían un empresario que los avalara durante el proceso.
Hasta el momento, además, las más de 700.000 solicitudes presentadas se han traducido sólo en unas 68.000 en altas en la Seguridad Social, añaden desde la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos Rumiñahui, que reclama al Gobierno que, una vez finalizado el proceso, incremente las inspecciones de trabajo, persiga a las empresas que no den de alta o no contraten y facilite asistencia jurídica.
El ministro Caldera, optimista
Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se ha mostrado optimista respecto a los resultados del procedimiento de regularización y ha afirmado que, cuando finalice, el número de extranjeros indocumentados en España será de «100.000 o algo más, un porcentaje muy pequeño de personas sin oferta de empleo o que no reúne los requisitos».
Según Caldera, de momento un tercio de las solicitudes presentadas se han resuelto y al finalizar el proceso, hacia el mes de julio, habrá «un porcentaje muy alto de aceptaciones». Sin embargo, desde la Federación estatal de SOS Racismo recuerdan que aunque «hay que valorar los números», también hay que tener en cuenta otros aspectos, como «el significado del proceso de regularización, sus consecuencias desde el punto de vista sociolaboral y las vías que abre y cierra el reglamento de la Ley de Extrajería».
A partir de ahora, ha asegurado Caldera, «todo el sistema se dedicará a controles y análisis de expedientes». Asimismo, el ministro de Trabajo ha advertido que las personas que hayan quedado fuera del proceso de regularización serán sometidas a una «aplicación estricta del reglamento» con posibilidades de normalización por arraigo laboral y social para quien pueda probar que vive desde hace un año en España. «Una parte de ellos lo podrán hacer, otra no, e intentaremos repatriarles a sus países», señala Caldera, que afirma que desde la llegada del PSOE al Gobierno unos 120.000 inmigrantes sin regularizar han sido devueltos a sus países.
Entre las personas que podrán regularizarse destacan los menores inmigrantes de 16 años y los cónyuges que no trabajan pero que, con la regularización de sus parejas podrán normalizar su situación por vínculos familiares. Según Jesús Caldera, unas 400.000 personas forman este grupo. El ministro hizo estas declaraciones el pasado sábado, coincidiendo con el último día de plazo para presentar la solicitud de regularización. En total, las 190 oficinas de la Seguridad Social habilitadas ese día recogieron cerca de 50.000 peticiones.
Peticiones al Gobierno
Todas estas cifras, sin embargo, no satisfacen a las organizaciones sociales que, como muchos de los inmigrantes que durante los últimos días han hecho cola para presentar sus solicitudes, piden que se amplíe el plazo para presentarlas.
En este contexto, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía piden al Gobierno que su política de inmigración no se centre en «la restricción, el control y el rechazo» de las personas inmigradas y que lleve a cabo un reforma «profunda» de la actual Ley de Extranjería, que fomente las herramientas para la inclusión social.
Por su parte, los 550 inmigrantes que desde hace días se encuentran encerrados en varios locales de Barcelona para protestar contra el proceso de regularización decidirán hoy lunes si continúan o no las concentraciones y si, en un futuro, realizarán otro tipo de movilizaciones.