La fábrica de cementos de CEMEX en Buñol, municipio de 10.000 habitantes en el interior de la provincia de Valencia, cumple este año un siglo. El periódico Levante-EMV concedió por este motivo a la cementera el premio Portada del Mes y le dedicó, en diciembre de 2017, un espacio destacado en el suplemento económico. La […]
La fábrica de cementos de CEMEX en Buñol, municipio de 10.000 habitantes en el interior de la provincia de Valencia, cumple este año un siglo. El periódico Levante-EMV concedió por este motivo a la cementera el premio Portada del Mes y le dedicó, en diciembre de 2017, un espacio destacado en el suplemento económico. La multinacional mexicana CEMEX, con presencia en 50 países, adquirió en 1992 la empresa Valenciana de Cementos, hasta entonces propietaria de la planta de Buñol. Con esta gran operación, la compañía fundada en 1906 -al inaugurar una cementera en el norte de México- inició su penetración en Europa. Según los datos de la empresa, CEMEX emplea actualmente a 140 trabajadores en la factoría de Buñol, y tiene capacidad para producir 1,5 millones de toneladas al año de clínker (elemento básico para la elaboración del cemento) gris y blanco. Hace una década, la fábrica valenciana estrenó el horno de cemento blanco «más grande del mundo», con una inversión de 50,5 millones de euros. El conglomerante blanco de Buñol ha permitido «levantar obras» en Europa, África y América. Actualmente, CEMEX es propietaria de siete factorías integrales de cemento en España.
Son los grandes números de la empresa. Sin embargo, la plataforma vecinal Aire Limpio de la comarca Hoya de Buñol-Chiva y Ecologistas en Acción denuncian la incineración de residuos peligrosos en la cementera, con la amenaza que ello implica para la salud humana y el medio ambiente. En 2006, la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, otorgó la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la planta de CEMEX en Buñol; La AAI es un permiso para la explotación de determinadas instalaciones industriales -refinerías de petróleo y gas, químicas, minerales, textiles y derivadas de la madera, entre otras- con algunos límites, vinculados a las emisiones contaminantes, el uso de tecnologías eficientes y la aplicación de controles. Tradicionalmente las cementeras utilizan el coque de petróleo y el carbón en su actividad industrial. Pero además de estos combustibles, la AAI de 2006 y posteriores modificaciones autorizaban a que la empresa pudiera incinerar en la planta de Buñol hasta 115.000 toneladas anuales de residuos llamados «de sustitución», de los que 75.000 se consideran peligrosos (disolventes, mezcla de disolventes, y tanto residuos combustibles líquidos como lodos de tratamientos físico-químicos que contienen sustancias peligrosas).
El gobierno de coalición entre el PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos, no ha resuelto la cuestión. La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático trabaja actualmente en la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la cementera, solicitada por CEMEX en 2011. La propuesta de la empresa consiste en poder quemar hasta 260.000 toneladas anuales de residuos «alternativos» al coque de petróleo.
Mientras, en la planta de Buñol «están incinerándose en algunos casos residuos no peligrosos, como harinas cárnicas, plásticos, maderas o textiles, pero que en el proceso de combustión pueden generar sustancias muy nocivas, por ejemplo dioxinas, furanos, hidrocarburos aromáticos policíclicos o metales pesados», explica Carlos Arribas, portavoz de Ecologistes en Acció del País Valencià y asesor de la Plataforma Aire Limpio. En otros casos, la fábrica quema directamente residuos peligrosos, por ejemplo líquidos -que tienen un mayor interés para la empresa, debido a su poder calorífico- o disolventes clorados; asimismo la planta de Buñol ha incinerado restos que proceden de otras comunidades autónomas, como Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha, lo que, sostiene Arribas, vulneraría el principio de proximidad establecido en la Directiva europea de Residuos (2008) y en la Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana (2000).
La autorización para la quema de restos en la factoría valenciana implica un largo proceso administrativo. Antes de pronunciarse sobre la nueva autorización ambiental de la cementera, CEMEX ha de completar el Estudio de Impacto Ambiental y la conselleria tiene que emitir la Declaración de Impacto Ambiental sobre la propuesta de la multinacional. En 2014 y 2016, la movilización de la Plataforma Aire Limpio, las alegaciones de Ecologistas en Acción y la presión de los municipios hizo que la Generalitat diera marcha atrás, in extremis, en la resolución que aceptaba la solicitud de ampliación de la cantidad de residuos que se podían incinerar y mantenía el permiso a CEMEX para la quema de residuos peligrosos.
Hoy, en tanto avanza el procedimiento burocrático, los actores críticos esperan que las palabras oficiales se traduzcan en hechos. En diciembre de 2017, el entonces secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático (número dos de la conselleria), Julià Àlvaro, escribió en su blog: «Pretendemos que la quema de residuos peligrosos se reduzca a cero»; miembro de Verds-Equo -uno de los partidos que integra la coalición Compromís-, Àlvaro se pronunció de modo similar un año antes, tras la reunión con ayuntamientos de la comarca, asociaciones vecinales y ecologistas: «Nuestro modelo no es la incineración en cementeras, pero hay una realidad que hemos de revertir». También el programa electoral de Compromís plantea eliminar la incineración de cualquier sistema de gestión de residuos urbanos; y promover el reciclaje de las basuras industriales «evitando la incineración y el depósito en vertedero». A primeros de febrero se produjo la destitución de Julià Álvaro, después de notables desacuerdos con su superior, la consellera de Agricultura y Medio Ambiente Elena Cebrián. Ya defenestrado, el exmiembro del Consell afirmó en una entrevista publicada en Levante-EMV: «Mi destitución responde a la presión de poderes económicos».
En el verano de 2014 se constituyó la Plataforma Vecinal Aire Limpio, que defiende una comarca «libre de incineraciones tóxicas». Entre las numerosas acciones, destaca la concentración de enero de 2017 en el municipio de Chiva, en la que participaron 500 personas; entre ellas, vecinos de la comarca de Camp de Morvedre, donde una cementera de la multinacional Lafarge -ubicada en Sagunto- explota la cantera del Salt del Llop (la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha prorrogado hasta 2042 los permisos para la ocupación y explotación extractiva de la pedrera). También en enero de 2017, centenares de personas se manifestaron en Buñol y concentraron en la puerta de la cementera. Un mes después, los vecinos se manifestaron frente a la Conselleria de Medio Ambiente, donde registraron cerca de 600 firmas y subrayaron el apoyo de 30 colectivos. La plataforma ha promovido además mociones en los ayuntamientos y reuniones con los máximos responsables de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.
El pasado 26 de marzo, Aire Limpio convocó una asamblea en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Hoya de Buñol. En el orden del día no sólo figuraban los permisos a CEMEX, sino también otras reivindicaciones, como la realización de estudios epidemiológicos sobre el impacto de la cementera (el pasado mes de enero la plataforma vecinal anunció el compromiso de la Generalitat a realizar este análisis); la puesta en marcha de una estación fija en el municipio de Chiva para medir la calidad del aire y la ampliación de las inspecciones. Dos días después de la asamblea, activistas de la plataforma se concentraron frente a la sede de la conselleria, y a continuación participaron en una reunión con el secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, y con el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer. Según informó Aire Limpio en su página de Facebook, la conselleria les confirmó que había iniciado la tramitación de la nueva autorización ambiental a CEMEX, y que en ésta se eliminará el permiso para la incineración de residuos peligrosos. Por este motivo, por el compromiso verbal de que en breve llegaría una estación de control al municipio de Cheste y por el anuncio de que una nueva inspectora ambiental ya trabaja en la comarca, los vecinos manifestaron su satisfacción.
En diciembre de 2017 las Cortes Valencianas aprobaron, a iniciativa de Podemos, los impuestos sobre la incineración, coincineración y «valorización» energética de residuos; y sobre la eliminación de residuos en vertederos. El PSPV-PSOE y Compromís apoyaron el canon, mientras que el PP y Ciudadanos rechazaron la nueva tasa. También manifestaron su oposición al gravamen las empresas cementeras CEMEX y Lafarge, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), la patronal del reciclaje (FER) y los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Tras apelar al diálogo con las empresas azulejeras para que el impuesto de residuos «no repercuta en la competitividad», el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig (PSPV-PSOE), anunció bonificaciones (que pueden alcanzar el 90%) y exenciones a la industria en la tasa. Ante la rectificación oficial, la Plataforma Aire Limpio empleó en las redes sociales los términos «indignación» y «vergüenza ajena»; concluyeron asimismo que la Generalitat «vuelve a arrodillarse ante la patronal».
¿A qué amenazas se enfrenta la ciudadanía? Un estudio del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III) publicado en noviembre de 2017 concluye que la posibilidad de morir a causa de un cáncer -sobre todo con afección a los sistemas digestivo y respiratorio- aumenta un 17% en la población que reside cerca de determinados complejos industriales; en el estado español, nueve millones de personas se hallan ante este riesgo, según la investigación recogida en la revista Environmental Research. Un estudio de la misma institución, publicado en 2015 en el periódico Chemosphere, detalla que los riesgos de muerte por un tumor maligno aumentan especialmente entre quienes viven cerca de una industria de cemento o una fábrica de cal. En marzo de 2016, el catedrático de Radiología de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, apuntó que las emisiones de la cementera de Montcada i Reixac (Barcelona), propiedad de la multinacional Lafarge, están «directamente relacionadas» con un incremento de los casos de cáncer de pulmón, tumores gástricos, pleurales y de vesícula biliar; el también investigador de la OMS atribuyó el aumento a «la elevada concentración de ftalatos (compuestos químicos agregados a los plásticos) que emite la chimenea» de la planta, informó Europa Press.
En la revista El Ecologista (marzo de 2013), Carlos Arribas añade argumentos de carácter ambiental. El sector cementero es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, debido a la gran cantidad de energía necesaria para descarbonatar ( desprendimiento del dióxido de carbono por acción del calor a una sustancia ) la materia prima (margas y calizas), y la cocción de ésta para producir el clínker, explica el portavoz de Ecologistes en Acció del País Valencià; «una vez se le agregan al clínker los aditivos necesarios, principalmente yeso, se convierte en cemento». También señala las insuficiencias de los sistemas de filtro: «Las fábricas de cemento no cuentan con medios para filtrar los metales pesados volátiles (mercurio, talio o cadmio, entre otros) presentes en el coque de petróleo y los residuos». Además, buena parte de los restos quemados en las cementeras -plásticos, aceites, neumáticos, textiles y disolventes- proceden del petróleo, «y nada tienen que ver con la biomasa, por lo que provocan la emisión de gases de efecto invernadero», remata Arribas. ¿Cuál es la situación del sector, después que la industria cementera perdiera desde 2007, por el impacto de la crisis, un 80% de su volumen de actividad? En 2017, informa la patronal Oficemen, la demanda creció un 11% en el estado español. Según esta fuente, España continúa como primer exportador de cemento de la UE y en octava posición a escala mundial.
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