La conciencia moral contemporánea ha reconocido en el respeto de los derechos humanos el principio valórico fundamental de la sociedad. De este modo, ha priorizado el cuestionamiento de todas las instituciones y prácticas que atentan contra la dignidad y los derechos del ser humano. Es dentro de este cuestionamiento, que se entiende […]
La conciencia moral contemporánea ha reconocido en el respeto de los derechos humanos el principio valórico fundamental de la sociedad. De este modo, ha priorizado el cuestionamiento de todas las instituciones y prácticas que atentan contra la dignidad y los derechos del ser humano. Es dentro de este cuestionamiento, que se entiende la búsqueda de verdad y justicia respecto de las más graves violaciones de estos derechos; y el desarrollo de la memoria histórica en torno a esta temática.
Lucha por la verdad, justicia y preservación de la memoria que era excepcional hasta hace no mucho tiempo. En el caso de nuestro país basta constatar, en el propio siglo XX, la pauta de masacres policiales o militares recurrentes contra sectores populares; seguidas de su plena justificación por los grupos más poderosos, de una total impunidad y de una amnesia posterior generalizada.
Así, hace dos años, varias personas y ONG realizamos un acto de conmemoración del centenario de la masacre de Santiago de Octubre de 1905; la peor masacre ocurrida en los anales republicanos de la capital antes de 1973. Nos encontramos con que prácticamente nadie tenía algún conocimiento de ella; ni por su formación escolar, lecturas o tradición familiar oral.
Incluso, la matanza de Santa María de Iquique fue casi completamente omitida de nuestra memoria histórica hasta que, a comienzos de los 70, el grupo musical Quilapayún la revivió con su famosa cantata. Se hizo así realidad por décadas lo expresado por Enrique Zañartu Prieto en una sesión de la Cámara de Diputados de Julio de 1908: «Respecto de los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los diputados que deliberamos en esta Cámara, casa de vidrios a través de los cuales nos contempla el país entero, debemos trabajar porque más bien caiga sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de ese modo que se fomente la división de clases». (Eduardo Devés.- «Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa Marìa de Iquique, 1907»; Edic. Lom, 1997; p. 11).
Prácticamente, el mismo argumento que hemos escuchado reiteradamente en estos años. Afortunadamente, su propia reiteración nos revela que esta vez no ha tenido éxito. La dimensión genocida de la barbarie pinochetista y el desarrollo de la conciencia ética, con posterioridad a las dos guerras mundiales y a los totalitarismos europeos; son condiciones que han dificultado enormemente la imposición de la amnesia. Y, concretamente, la ha hecho imposible -pese a sus debilidades- el Informe Rettig y, sobre todo, la inclaudicable lucha de las agrupaciones y organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras. Por cierto, la eficacia de ellas fue posible -entre otras cosas- en virtud de la infatigable labor desarrollada por sus abogados y a la exhaustiva documentación recogida en sus archivos.
Lo increíble es que connotados líderes concertacionistas se han sumado a la promoción de la amnesia. Recordemos las expresiones del entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés, en Agosto de 1990, respecto de la búsqueda de los restos de personas detenidas-desaparecidas, luego del descubrimiento de fosas comunes en Pisagüa y cuando ¡todavía estaba elaborándose el Informe Rettig!: «Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente, decente y sin traumas. Sin odiosidades» («Paula»; Agosto, 1990).
O recordemos las expresiones del entonces presidente del PDC, Alejandro Foxley, en 1995, cuando se debatía el proyecto de ley Frei, de que «no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente» (Las Ultimas Noticias»; 3-11-1995). O los dichos del entonces embajador de Chile en España, el socialista Alvaro Briones, en 1997 -cuando ya estaba presentado el juicio contra Pinochet en dicho país- de que «en un proceso de transición no puede haber culpables ni castigos. No puede haber vindicta pública, que es lo mismo que decir que debe buscarse conscientemente una suerte de amnesia pública» («La Epoca»; 3-8-1997).
Consistentemente, el liderazgo de la Concertación no solo ha buscado la amnesia, sino también la impunidad. De este modo, sus sucesivos gobiernos o algunos de sus parlamentarios afines han promovido -infructuosamente- numerosas iniciativas destinadas a avalar legislativamente el decreto-ley de amnistía o a disminuir drásticamente las penas de los violadores de derechos humanos. Han sido los casos del «acuerdo-marco» de 1990; del proyecto de ley Aylwin de 1993; del proyecto de ley Frei de 1995; del acuerdo Figueroa-Otero del mismo año; del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de fines de 1998; del proyecto de Lagos de inmunidad de 2003; del proyecto de ley presentado en 2005 por senadores concertacionistas y de la Alianza; y del mismo proyecto reflotado por el actual gobierno en 2007.
En lo que sí han tenido mayor éxito es -desgraciadamente- en el ámbito de la tortura. Primero, al dejar fuera del Informe Rettig aquellos casos; pese a que el propio Informe concluyó que aquella constituyó la forma más extendida de represión de la dictadura. Segundo, al constatar el entonces diputado socialista José Antonio Viera Gallo, en 1995, que se podía considerar «resuelto» dicho tema al señalar que «no hay juicios por torturas ni detenciones ilegales. Eso ya se lo tragó, lo asumió la gente y desistió de iniciar acciones» («La Segunda»; 1-6-1995).
Esto varió luego del proceso a Pinochet, surgiendo varias querellas por torturas. Frente a ellas, en 2001, el ya para entonces senador Viera Gallo manifestó su contrariedad: «Creo que abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre las torturas es verdaderamente inconducente» y que «si se multiplicaran los procesos por tortura se produciría un atochamiento judicial» («El Mercurio»; 14-2-2001). Se sumó, de este modo, a las expresiones del propio ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, duramente críticas de dichas querellas: «¿Queremos ir a buscar 15 mil autores, 20 mil autores?, ¿todo el que golpeó a alguien en septiembre de 1973 tiene que ser llevado a los tribunales de justicia?» («La Tercera»; 15-2-2001).
Asimismo, los gobiernos de Frei y de Lagos se negaron, hasta mediados de 2003, a enfrentar el tema de la verdad y la reparación de las víctimas de la tortura, pese a las insistentes demandas en ese sentido de diversas agrupaciones y organizaciones de derechos humanos coordinadas por la Comisión Etica contra la Tortura.
Esta actitud condujo a tal grado de desmoralización de la sociedad chilena que se llegó, a comienzos de 2003, al extremo de justificar públicamente la tortura por parte de víctimas de ella. Fue el caso del connotado intelectual socialista, Antonio Cortés Terzi, quien señaló que «no hago un juicio ético descalificador, porque creo que la tortura está dentro de la historia de la política. Todas las ideologías la justifican. Está en la humana condición. No hay nada tan humano como la tortura. Es creación del hombre: los animales no torturan. Y yo tuve la mala suerte de que a mí me tocó» («La Segunda»; 3-1-2003). Declaraciones que no causaron ningún escándalo…
A raíz de emplazamientos de la propia UDI respecto del abandono que sufrían muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, el gobierno de Lagos se decidió al fin a crear una comisión análoga a la Rettig -la Comisión Valech- para registrar oficialmente a las personas torturadas por la dictadura. Sin embargo, dicho gobierno diseñó su labor de manera tal que una gran cantidad de víctimas quedó sin poder inscribirse; acogió en muy escasa medida las recomendaciones de reparación material y moral de dicha Comisión; y -lo que fue todavía peor- logró del Congreso la aprobación de una ley que consagra una virtual impunidad moral, administrativa y judicial de los torturadores, al favorecerlos con un velo de secreto por 50 años y al prohibirle al Poder Judicial tener acceso a las denuncias concretas efectuadas ante la Comisión Valech.
De todas formas podemos constatar un gran avance en el compromiso de la sociedad chilena con la búsqueda de la verdad, la justicia y la preservación de la memoria. De las reiteradas masacres del siglo XX, anteriores al 73, hubo total impunidad y falta de registros públicos o de organizaciones sociales; y un casi total olvido histórico. En cambio, de la barbarie de la dictadura -y pese a los grandes obstáculos oficiales que hemos constatado- podemos estar seguros que han quedado abundantes registros y que existe una conciencia ética lo suficientemente fuerte, como para continuar sin claudicaciones la lucha por la verdad, la justicia y la preservación de la memoria histórica en nuestro país.
*Intervención en Seminario de la Corporación Casa de la Memoria de Organismos de Derechos Humanos; 14 de Diciembre, 2007.