El pasado 21 de enero la prensa anunciaba la reciente elaboración de un «Informe sobre la injusticia padecida por los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus familiares» realizado por el Instituto Pedro Arrupe por encargo del Gobierno Vasco, que ha sido comentado estos últimos días también en varios medios por diversos periodistas y personas interesadas.
Beatriz Artolazabal hizo suyas las conclusiones del texto y revindicaba “la injusticia padecida durante cinco décadas por agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional como intolerable desde una sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social» (Noticias de Gipuzkoa-2022.01.21).
Esta afirmación de un miembro del Gobierno Vasco hablando de injusticias sufridas por las denominadas FSE nos ha dado vergüenza. Mucha vergüenza ajena. Y no por lo que pueda reflejar el Informe, que no lo hemos leído, aunque pensamos que ha sido diseccionado certeramente por Eugenio Ibarzabal en algunos pasajes de su reciente artículo (“Ya está bien”, Noticias de Gipuzkoa, 2022.02.14), sino por el intento subyacente de considerar equidistantemente a las víctimas.
Anticipémonos, antes que nada, en desmentir cualquier atisbo de simpatía con las actuaciones de ETA durante el período democrático que arrancó a finales de los años 70, porque siempre hemos sido críticos con todas ellas. Pero no por ello perdemos el norte. No podemos perder el norte de una situación que viene muy marcada desde los inicios de ese período por la continuidad más vergonzosa de todo el aparato judicial y represivo de la dictadura franquista. La impunidad con la que siguieron “trabajando” esas fuerzas es uno de los escándalos europeos más sonados. Ahí están la historia de Intxaurrondo y muchos cuartelillos y comisarías de todo el Estado dejando un siniestro reguero de torturados y muertos.
Sra. Artolazabal: la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social, que usted menciona, no la pueden tener, o al menos somos muchos los que dudamos de ello, las fuerzas del Estado educadas en, y para, la represión de cualquier atisbo disidente. La dictadura franquista dejó las cosas (en esto y en algunas más…) “atadas y muy bien atadas” (no nos vamos a meter ahora en consideraciones sobre las responsabilidades que algunas fuerzas políticas tuvieran en esos “atados” durante la Transición…). Solo queremos decir que ese Informe nos extraña muchísimo, y nos preguntamos cuál es, realmente, su objetivo a estas alturas, cuando se cruza con él ese intento de la organización policial denominada Jusapol y algunos centenares de guardias civiles de que sean considerados como víctimas en la propia “Ley de abusos policiales y violencias de carácter político” del Gobierno vasco.
Quizás a ustedes les moleste aparecer demasiado escorados a favor de las víctimas del franquismo, considerando que quienes lucharon contra aquella sublevación golpista y posterior dictadura y transición, fueron también, en ocasiones, victimarios. Quizás consideran que las diversas muestras de “violencia de respuesta” que han surgido en muchos países y entornos de dictadura y brutalidad de los Estados, son equiparables a las violencias que surgen desde los aparatos de poder y todos sus diversos ejércitos. Quizás los palestinos no debieran sublevarse, ni los nicaragüenses, ni cubanos, ni argelinos… ni siquiera Europa contra los nazis… Y tampoco el Gobierno vasco debiera haber constituido, de prisa y corriendo, un Eusko Gudarostea, para responder y matar, defendiendo nuestro País contra Mola, Franco y sus ejércitos rebeldes de 1936 que venían sembrando el terror desde Nafarroa…
Da la impresión de que pretenden equiparar la violencia de los agresores con la de respuesta de los agredidos. La Memoria de los vencedores de aquella llamada “Cruzada” (de esos vencedores que tanto hicieron sufrir a miles de militantes de los dos partidos que hoy sustentan el Gobierno Vasco…) fue dignificada sobremanera durante la dictadura, y aún en período democrático, en calles, fachadas, iglesias, cementerios y Valles de los Caídos… prácticamente hasta ayer.
Déjense de informes que pretenden ser equidistantes ante realidades todavía no resueltas e intentando hablar de agentes de los aparatos de poder afectados por la violencia de respuesta (violencia de la que no negamos sean víctimas…), cuando hay miles y miles de víctimas del franquismo todavía en fosas comunes; y también miles de torturados precisamente por esos Cuerpos represivos. Víctimas todas ellas con quienes ahora tímidamente inician algunos reconocimientos de su situación, pero siguiendo ninguneadas la mayoría de ellas.
Tienen ustedes pendiente de debate y aprobación (y va con mucho retraso…) una Ley de Memoria Histórica de nuestra Comunidad Autónoma a la que debieran dar prioridad absoluta. Por un lado, para dignificar a todos quienes lucharon contra el franquismo; y por otro, para exigir que se elimine cualquier tipo de impunidad y se aplique la Justicia que corresponde. Contrarrestando, así, todos los intentos que últimamente están aflorando para dulcificar aquel período franquista y las actuaciones de sus responsables y agentes.
La Verdad, la Justicia y la Reparación no permiten falsas equidistancias, porque su exigencia es fruto de graves conflictos. En los más de cuarenta años del actual sistema democrático solo se ha legislado, y con contundencia, a favor de las víctimas del terrorismo, e incluso erigido Memoriales como el de Gasteiz. Pero todavía no hay ninguna ley con la misma contundencia que proteja a las víctimas del terrorismo franquista, ni tampoco el Estado y las instituciones se han apresurado en erigir Memoriales por quienes defendieron las libertades y la democracia desde aquel fatídico 1936. ¿Equidistancias?