La situación de riesgo se perpetúa; me refiero a los 1.800 niñas y niños que llevan sin luz más de dos años, otro invierno más, el tercero, en el que las bajas temperaturas son un peligro para la salud física y mental, rendimiento escolar y bienestar.
Me estoy refiriendo a las familias de la Cañada Real Galiana en Madrid, cuyos derechos son sistemáticamente olvidados. El mercado de la droga, como una manta lo cubre todo.
Ha vencido el plazo dado por el Comité Europeo de Derechos Sociales a España para dar una respuesta a la reclamación colectiva en la que se denunciaba el incumplimiento de la Carta Social Europea. La reclamación colectiva en el caso de la Cañada Real es la primera que se presenta contra España. La presentaron el sindicato Comisiones Obreras y varias ONG internacionales presentes en la Plataforma Cívica «Luz Ya para la Cañada Real» en marzo de 2022. Esta reclamación denuncia la vulneración de derechos a causa de los cortes de electricidad, entre los que se encuentran el derecho a la salud, la protección contra la pobreza y la exclusión social o el derecho a la vivienda.
Las medidas cautelares reclamadas hasta que se dicte sentencia buscan salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, en especial las de especial vulnerabilidad, como la infancia, que habitan en los sectores 5 y 6 de la Cañada y que viven, desde octubre del año 2020, sin electricidad. Se trata de evitar así que estos derechos (como el acceso a la salud, a la protección de la infancia o a la no discriminación) sufran vulneraciones antes de que el Comité se pronuncie sobre el fondo de la reclamación.
Cañada Real Galiana a su paso por la Comunidad de Madrid es el mayor asentamiento ilegal de Europa. Es el centro geográfico de la España peninsular. El actual poblado está compuesto por una serie de construcciones ilegales, desde chabolas hasta chalets e incluso bloques de pisos, a lo largo de 15 kilómetros de recorrido. Se extiende desde la Avenida de la Cañada de Coslada hasta el límite municipal de Madrid y Getafe, atravesando el municipio de Rivas-Vaciamadrid.
Las cañadas reales, eran el principal tránsito de la trashumancia en España, reguladas por edicto real de Alfonso X el Sabio en 1273, que perseguía la regulación, ordenación y protección de ciertos caminos que por su importancia, uso o ubicación merecían ser preservados de posibles violaciones.
La Cañada Real Galiana no solo es conocida por que se infringen derechos humanos de las familias que allí habitan, también por ser feudo de los clanes de la droga, el mayor punto de venta de heroína de España. Está en tierra de nadie y recorrerla es una sucesión de contrastes. De los chalets sobre la M-45 al desastre del sector VI, conocido por las macrooperaciones contra el tráfico de cocaína y heroína, y en el que las condiciones de marginación y pobreza se hacen imposibles.
800 familias sobreviven en condiciones infrahumanas mientras las administraciones llevan tiempo desentendiéndose de esta miseria, pese a los pactos firmados. Pagan justos por pecadores y niños por adultos. En esta antigua vía pecuaria para el ganado trashumante, hay quienes luchan por la normalización y contra el estigma que supone vivir de forma ilegal junto a uno de los principales puntos de venta de droga de España.
Cuando España aceptó el procedimiento de reclamaciones colectivas del Comité en el año 2021, lo aceptaba con todas las obligaciones que ello implica (@SaveChildrenEs). La exigencia de Europa a España se ha de aceptar con todas sus consecuencias y todas sus fases; es inaceptable que no se estén cumpliendo las medidas cautelares exigidas por el Comité. Si se causa un daño irreparable a las personas afectadas, el procedimiento perderá gran parte de su sentido dado que solamente podrá declarar la violación y ordenar una reparación, pero no podrá evitar daños mayores a los ya sufridos. La situación de especial vulnerabilidad que sufre la infancia afectada, así como el irreversible efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre los derechos de los niños y las niñas, hace especialmente necesario el cumplimiento de estas medidas cautelares.
La Carta Social Europea es el tratado europeo de derechos humanos laborales y sociales, que se concluyó en 1961 como complemento al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. En 1996, se revisó la Carta para incluir nuevos derechos. España ratificó la Carta Social Europea en 1980. Sin embargo, hasta 2021 no ratificó ni la versión revisada de la Carta, ni el procedimiento de reclamaciones colectivas. Desde 2021, ambos tratados están en vigor para España.
El Comité Europeo de Derechos Sociales es un órgano de expertos independientes encargado de supervisar la correcta aplicación de la Carta Social Europea en los Estados que la han ratificado. En 1995, mediante un Protocolo especial, se le confirió la competencia de examinar reclamaciones colectivas interpuestas por sindicatos, organizaciones no gubernamentales u organizaciones empresariales que denunciaran incumplimientos de la Carta en los Estados miembros. Se trata de un procedimiento contradictorio en el que el Estado demandado puede presentar sus argumentos sobre por que se está cumpliendo o no con determinadas disposiciones de la Carta.
El 19 de octubre de 2022, el Comité resolvió admitir a trámite la reclamación colectiva e indicó medidas cautelares a España. El Comité considera que la falta de electricidad pone a las personas residentes en varios sectores de la Cañada Real en riesgo de daño grave e irreparable para sus vidas, sobre todo, en vista de la llegada del invierno y del riesgo de condiciones climáticas adversas. El Comité rechaza las razones alegadas en contra de las medidas cautelares, como la existencia de resoluciones judiciales, las medidas tomadas y los planes de realojo.
El Comité declara, unánimemente, la necesidad de adoptar dos medidas fundamentales: garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a electricidad y calefacción, teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los grupos vulnerables; y ofrecer alojamiento alternativo a las personas afectadas cuando no sea posible garantizar el acceso a la electricidad y la calefacción.
España no puede sentar un precedente de incumplimiento de medidas cautelares, que pondría en entredicho su compromiso con este sistema internacional de garantía de derechos. España se debe comprometer con el Comité Europeo de Derechos Sociales y no debilitarlo ignorando sus pronunciamientos. Especialmente cuando cumplir con estas obligaciones sólo requiere una voluntad política.
Un sistema como el nuestro no puede consentir situaciones como las vividas allí. España, que tiene firmado la carta de derechos de los niños, la carta europea de derechos sociales, y varios tratados en materia de defensa de derechos humanos, no se altera ante la situación de 4.000 personas, 1.800 de ellas menores. La falta de luz y electricidad se combate ahora en los juzgados por si fuera constitutiva de delito por incumplir el Pacto por la Cañada Real firmado en 2017 que debe velar por dignificar las condiciones de vida de la población.
Buena parte de los que llegaron en las últimas tres décadas, fueron españoles, tanto payos como gitanos, marroquíes, rumanos, búlgaros y otra decena de nacionalidades, lo hicieron pagando por los terrenos mediante el método de cesión; algunos, conocedores de la ilegalidad y otros engañados sobre que se vendían terrenos y se podía construir. La mayoría trabaja en sectores como la construcción, limpieza, cuidado de mayores, comercio y un sector de autónomos, venta ambulante, pequeños comercios, y una buena parte que se dedica a la recogida de chatarra o feriantes.
El sector seis es un lugar de exclusión y vulnerabilidad, muy condicionado por el aislamiento y la estigmatización, que tanto daño hace a la gente. La impunidad en relación a la venta de drogas, hace que quien trafica se sienta fuerte, y eso provoca que los que están a su alrededor se vean más vulnerables porque nadie los protege.
Los niños, niñas y sus familiares han pasado ya dos inviernos sin suministro eléctrico, el primero de ellos con el especial daño causado por el temporal Filomena y afrontan su tercero sin vistas a que la situación cambie. Los niños y niñas de la Cañada Real Galiana siguen sufriendo situaciones que nadie, y menos a esa edad, deberían afrontar.
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